Resulta inverosímil el sesgo de la fiscal Chong

Matías Rodríguez

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La tensión, como cada viernes desde el Estallido Social, pausado por el peak de la pandemia, se sigue concentrando en Plaza Dignidad: masivas manifestaciones, incidentes en los alrededores y el cierre de estaciones de Metro. El centro neurálgico de las movilizaciones, nuevamente se cubre de lacrimógena entre manifestantes que intentan recuperar la estatua del General Baquedano. Esto, en una semana en donde la atención viró al “sesgo” de la fiscal Chong.

Las diversas amenazas, junto con el posible amedrentamiento en su domicilio por parte de funcionarios policiales que ha sufrido la fiscal Ximena Chong, luego de sus diligencias, debido al empujón del carabinero Sebastián Zamora Soto y posterior caída de un menor de edad de 16 años desde el Puente Pio Nono al río Mapocho y que conllevo la medida cautelar de previsión preventiva del uniformado. Evidencian el caso omiso de agentes del Estado a la vulneración sistemática de los derechos humanos en el país y que, ante tales hechos: generalizados, repetitivos y que involucran a miles de personas; las y los funcionarios se encubren entre si, así lo evidenció la última formalización.

En consecuencia, frente a la recurrente impunidad que involucra a Carabineros y el ministerio del Interior y Seguridad Pública, resulta cuestionable que luego de la postal que recorrió a Chile y el resto del mundo en torno a la caída de 7 metros de altura al lecho del río Mapocho de un manifestante menor de edad, se busque instalar a partir de la reacción apegada al Estado de derecho por parte del Ministerio Publico “la politización de los fiscales”.

Si observamos las cifras, desde octubre del 2019 hasta marzo del 2020 durante el Estallido Social en Chile, en lo que respecta a civiles, hubo 11.300 personas detenidas y 2.500 encarceladas debido a la revuelta. Expresado en jóvenes que han debido enfrentar extensas y desproporcionadas medidas cautelares, por el delito de desórdenes públicos, a pesar de no contar con antecedentes y en un contexto de pandemia continúan en prisión preventiva. Esto no es otra cosa, más que prisión política pues representan una amenaza para el sistema político.

Mientras que, hasta agosto de este año, 62 agentes del Estado han sido formalizados por violencia institucional. Esto a pesar que, existen 8.575 denuncias que afectan a 8.827 víctimas de tales acciones por parte de carabineros, militares y PDI. Para ser más precisos, 3.342 denuncias son por lesiones ocasiones por armas de fuego, 627 por lesiones de carácter grave, como fracturas y traumatismos encéfalo craneanos y, 413 víctimas de lesiones oculares.

Resulta inverosímil, siquiera pensar en el sesgo o politización de los fiscales cuando observamos las cifras. Pues resulta que menos del 1% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos ha concluido en formalización de agente del Estado. Más aún, cuando ha sido el propio gobierno de Sebastián Piñera que ha presionado para conseguir fallos. Tal fue el caso de los 44 jóvenes detenidos a principios de marzo por desórdenes graves, de los cuales 4 de ellos los tribunales resolvieron dejarlos con firma mensual por contar con antecedentes penales previos, para luego de una apelación del ministerio del Interior invocando la Ley Antibarricadas la Corte de Apelaciones resolviera que 28 de ellos quedaran en prisión preventiva. Aquellos jóvenes, a siete meses de su detención, aun no son enjuiciados y se mantienen privados de libertad, esto a pesar de no tener condenas ni antecedentes previos.

En el actual clivaje queda en evidencia la persistencia de lo viejo por desaparecer, más aún regurgitan los fantasmas de aquellas prácticas que los agentes del Estado ocuparon en los tiempos más oscuros de la historia de nuestro país, como es el asesinato de civiles, mutilaciones, torturas, persecución y hostigamiento.

Prácticas que jamás abandonaron y que, en el oasis, se ocultaban en la vegetación del mall y el agua del chorreo del consumo y que hoy ante la masividad de hombres y mujeres que impugnan la sociedad dominada por el mercado deciden, como nos sorprendemos cada semana, radicalizar aún más sus acciones con total impunidad.