Suprema vergüenza

Hablo de un fallo judicial reciente y de asuntos jurídicos como el recurso de amparo y el principio de  jurisdicción universal.

En cuanto al primero, durante los años de la dictadura derechista instaurada en septiembre de 1973 los familiares de las víctimas y aquellos abogados que en esos duros años defendieron los derechos humanos a riesgo de sus vidas, presentaron cientos y cientos de recursos de amparo en favor de las víctimas sin que  ninguno de ellos fuera aceptado por los tribunales.

Todo lo cual era aceptado normalmente por la Corte Suprema  de la época. Por lo demás recordemos que este propio tribunal superior había emitido una declaraciónen contra del gobierno constitucional del Presidente Allende, la que, al igual que la declaración de la Cámara de Diputados de agosto del 73, formaban parte del plan sedicioso impulsado por la CIA  norteamericana con el entusiasta apoyo de las transnacionales, de un sector del empresariado nacional y de los partidos políticos opositores de la Unidad Popular, los que lograron finalmente arrastrar a las FFAA a ese delito de alta traición.

Insignes colegas como Andrés Aylwin, Eugenio Velasco, Jaime Castillo Velasco, José Galeano, Fernando Ostornol, entre tantos y tantas, se la jugaron por entero para tratar de salvar la vida y lograr la libertad de tantas y tantos compatriotas ; ellos mismos debieron sufrir duras represalias. Pero igual fueron denegados los recursos de amparo constituyéndose así el poder judicial en cómplice y encubridor de los crímenes de lesa humanidad que estremecieron al mundo y por los cuales  la Organización de Naciones Unidas y otros entes internacionales condenaron a Chile todos los años que duró la tiranía.

Durante esos años no se acogieron los recursos de amparo. Si la Corte Suprema y los tribunales  hubieran acogido a trámite esos recursos, lo más probable es que miles de chilenas y chilenos estarían hoy con vida. Esta afirmación nuestra está respaldada por el expreso reconocimiento hecho por la misma Corte Suprema con ocasión del 40 aniversario del golpe  militar en 2013.

De ese modo el Estado de Chile faltó a su deber de respeto a un recurso judicial fundamental en defensa de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de la persona humana.

Al mismo tiempo incumplió sus deberes de respeto a diversos instrumentos jurídicos del Derecho Internacional suscritos por nuestro país y  desde luego a su compromiso con los vigentes Convenios de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Era la misma Corte Suprema que, en cambio, hacía respetar la autoamnistía con la que se habían blindado los peores criminales y violadores de los derechos humanos. Era la  misma Corte Suprema que permitía con impudicia que las denuncias por los crímenes perpetrados por los agentes de Pinochet fueran conocidos por los tribunales militares que absolvían de inmediato a los culpables sin siquiera investigar.

Pasaron los años y la lucha permanente de los familiares de las víctimas y de un grupo de abogados de derechos humanos, logró por fin, en 1998, que se acogiera a trámite una amplia querella, encabezada por Gladys Marín, para que se investigara y juzgara el conjunto de delitos cometidos y que estaba dirigida personalmente contra Pinochet.

Entonces la historia parecía cambiar. El juez Juan Guzmán, designado por la Corte de Apelaciones de Santiago, puso en marcha el proceso judicial  y en pocos meses las querellas agregadas sumaban más de 300, básicamente por  casos de detenidos desaparecidos.

Y  llegó la detención de Pinochet en Londres por decreto de los tribunales españoles. Y entonces se abrió el debate acerca del otro principio jurídico en cuestión: el de la  jurisdicción universal, por sobre la territorialidad del proceso penal, o sea el derecho que tiene la humanidad – que es la ofendida cuando se trata precisamente de delitos de lesa humanidad – para que los tribunales de cualquier país de la tierra, con independencia del país en que se haya cometido el delito o de la nacionalidad del criminal  o de sus víctimas, puedan iniciar un juicio  penal  y condenar a los culpables.

Pero entonces saltaron aquellos sectores políticos partidarios del dictador y también a los que nunca le importaron realmente las violaciones a los derechos humanos  y se levantaron las banderas patrioteras de que el juicio sólo podía realizarse en Chile. La Corte Suprema en cómplice silencio.

Es decir, no a los amparos a las víctimas y no a la jurisdicción universal.

Y es en el marco de esos antecedentes concretos, de esa historia real, que la Corte Suprema de nuestro país nos sorprende ahora con un fallo en favor de la oposición derechista al gobierno constitucional de Venezuela por supuestas irregularidades en el juicio al responsable de la asonada que cobró la vida de decenas de personas incluída nuestra compatriota, la chilena Gisella Rivas. Todo lo que parece ahora no importar a algunos demócratas.

O sea que no a los amparos ni a la jurisdicción universal cuando se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile por una feroz dictadura reaccionaria.

Pero sí al amparo y a la jurisdicción  universal para defender a la oposición de derecha contra un gobierno constitucional en otro país distinto del nuestro.¡Vaya tamaño de contradicción. ¡El respeto a la vida no, el juzgamiento universal a crímenes de lesa humanidad, no. El apoyo a un determinado sector político extranjero sí!

Se entiende perfectamente el entusiasmo conque han celebrado aquí esta vergonzosa resolución los dirigentes de los partidos políticos que apoyaron a Pinochet.  No es fácil comprender el apoyo de otros sectores.

Debe recordarse además que el fallo de la Corte se opone a la pública determinación del gobierno chileno en orden a no intervenir en los asuntos políticos internos de otro Estado con el cual además hay relaciones diplomáticas  normales.

No deja de sorprender que la sugestiva resolución de la Corte chilena tenga lugar en vísperas de un importante proceso electoral en Venezuela. No creo en las casualidades, menos cuando al mismo tiempo los sectores más reaccionarios de la región pretextan irregularidades en el proceso a realizarse en los próximos días.

Proceso electoral, dicho sea de paso, que será observado por representantes de diversas organizaciones internacionales y representantes de otros Estados, entre ellos UNASUR, el ALBA, etc. Pero los nostálgicos de Pinochet insisten en denunciar irregularidades

Otra rareza, pues no ha sido  un venezolano,  ni un izquierdista, sino el ex presidente  norteamericano, Jimmy Carter, quien ha dicho que “el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo”…

Como abogado de derechos humanos no podemos en consecuencia sino lamentar la decisión del pequeño grupo de jueces que, en nombre de la Corte Suprema, han  cometido tan criticable acto.