Vivir con dolor o morir con dignidad
Aunque el tema está presente en los debates desde hace décadas, esta vez no era asunto prioritario de los partidos políticos españoles que compiten con aspereza para llegar al Gobierno.
A tres semanas para la celebración de elecciones generales, la eutanasia se ha colado en la campaña. Esta vez ha sido la muerte de una mujer, María José Carrasco, afectada desde hace más de treinta años de esclerosis múltiple, la que ha puesto el tema en lugar destacado.
La difusión de las grabaciones en las que la enferma pide ayuda a su marido para morir y en las que se aprecia el dolor que sufre, conmueve y genera opiniones de toda índole.
Una de las más duras ha sido la de aquellos que ven en este caso una oportunidad para que los grupos políticos favorables a la eutanasia, socialistas entre otros, saquen dividendos de una tragedia. Han llegado a acusar al marido de la enferma , Ángel Hernández, quién administró la dosis letal, de “ manipulación política “. Le echan en cara su supuesta militancia o simpatía con Podemos, movimiento político de izquierda a favor de la eutanasia.
Las interpretaciones son libres pero es necesario recordar hechos que debilitan las acusaciones de “ oportunismo “.
En 1999, Ramón Sampedro, enfermo tetrapléjico, logró lo que la justicia le había negado. Morir con ayuda de unos amigos y acabar con una vida que consideraba inútil y dolorosa.
Su caso se hizo mundialmente conocido gracias a la película Mar Adentro, del director chileno-español Alejandro Amenábar, que recibió elogios de la crítica y premios , Oscar incluido. Fue también la película que consagró internacionalmente al actor español Javier Bardem, que interpretaba a Sampedro.
El caso de Sampedro supuso debates éticos y morales. Mostró a la sociedad española el dilema al que se enfrentan miles de personas que sufren enfermedades irreversibles y para los que no hay paliativos que calmen el dolor. También expuso a la opinión pública la angustia de familiares y allegados de esos enfermos ante el padecimiento del enfermo y la disyuntiva de actuar, de colaborar, en la muerte de una persona con la que comparten a diario su sufrimiento.
Son muchos los casos en los que se ha silenciado la eutanasia practicada, con la consiguiente carga de culpabilidad de quienes han participado o asistido al enfermo. Es la otra cara de una tragedia.
En más de una docena de ocasiones se ha intentado, sin éxito, regular la eutanasia en España. La última, el año pasado, cuando una proposición de ley promovida por el Partido Socialista fue bloqueada en el Congreso por la oposición de centro-derecha, Partido Popular y Ciudadanos.
Al difundirse detalles de la muerte de María José Carrasco y la autoinculpación de su marido se ha reabre el debate sobre “la muerte digna”.
El artículo 143.2 del Código Penal español establece que se impone pena de prisión de dos a cinco años “al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona”.
Lo que se intenta ahora es eliminar del Código Penal el castigo al que se hace referencia y aceptar la ayuda al suicidio, en determinadas circunstancias. También se pretende despenalizar el derecho a dar asistencia médica para facilitar la muerte.
Un médico de un hospital de Madrid, fallecido recientemente , sufrió una de las peores persecuciones que se recuerdan por haber aplicado cuidados paliativos que contribuían a aliviar los momentos finales de los enfermos terminales.
Posteriormente se supo que los ataques de los que fue víctima fueron orquestados por sectores ultra conservadores que, incluso, llegaron a manipular pruebas en su contra.
Los que se oponen a la muerte asistida argumentan que se puede abrir la puerta a abusos o se prestaría para encubrir crímenes.
Los expertos sostienen que eso se evitará con una ley rigurosa y donde se especifique sin ambigüedades los pasos a seguir. Hay otros países que pueden servir de ejemplo. Holanda o Suiza, por citar algunos.
Los que se oponen en España a la eutanasia no superan el 30 por ciento, contra el 70 por ciento que lo aprueba, según recientes encuestas.
El debate para legalizar la eutanasia o muerte digna pondrá a prueba la capacidad de los políticos para legislar sin más dilaciones de asuntos que cuentan con la aprobación de gran parte de los ciudadanos.
Mientras persista en el Código Penal español el artículo que castiga la eutanasia, Ángel Hernández deberá sentarse en el banquillo de los acusados por ayudar en el suicidio de su mujer. Es probable que no cumpla cárcel.
Hay precedentes que han rebajado la condena de los cinco años estipulado a dos años e incluso a seis meses. Los antecedentes recogidos, la solicitud expresa de su mujer, la presión mediática y el sentir mayoritario de los españoles jugarían a su favor.
Para Ángel, el paso que ha dado y por el que hoy es protagonista sólo tiene una explicación: “Fue un acto de amor”.
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