Ciencia y política ¿relación vinculante?

Hace algunos días el profesor de derecho ambiental de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, criticó por la prensa la ley de cambio climático que se discute en el Congreso. Su crítica apuntó a que no se le entregaba a la ciencia un rol central en la toma de decisiones, dado que no se le otorgaba efecto vinculante a las opiniones del Comité Científico Asesor que se crea en dicha ley. 

¿Efecto vinculante a las opiniones científicas? ¿Es correcto plantear algo así? 

No cabe duda que la comunidad científica ha tenido un rol protagónico en visibilizar los impactos del calentamiento global y en plantear estrategias para enfrentar el cambio climático. Sus opiniones gozan de alta legitimidad, por lo mismo muchos activistas exigen que los políticos sometan sus decisiones a lo que recomienda la comunidad científica reunida en el IPCC. La misma Greta Thumberg ha realizado reiterados llamados a los políticos para que escuchen a los científicos. 

En Chile también se ha dado este fenómeno. Ya sea a título personal, formando parte de comisiones o a través de centros de investigación (por ejemplo, CR2  o Centro Cambio Global UC), los científicos nacionales han tenido una gran visibilidad y en algunos casos gozan de acceso directo a las autoridades políticas para plantearles sus opiniones sobre la crisis climática y su impacto en nuestro territorio.

Este espacio también lo han aprovechado para pronunciarse activamente sobre la gestión ambiental pública o sobre como debieran manejarse los recursos naturales en Chile. Al parecer son estas opiniones las que Montenegro desea que tengan el carácter de vinculantes en la futura Ley de Cambio Climático. Sin embargo, esa aspiración parece un error. 

La relación entre ciencia y política, es decir, entre la generación de conocimiento científico y su posterior transmisión y aplicación a las políticas públicas, ha sido una materia extensamente estudiada. Peter Werland, por ejemplo, identificó el surgimiento de dos tendencias a partir de dicha relación: la cientificación de la política y la politización de la ciencia. 

La cientificación de la política, el término fue acuñado por Werland, es el proceso por el cual se aspira a que las decisiones de las autoridades se subordinen a la ciencia. Esto vendría a ser un tipo particular de tecnocracia, como ya ocurrió en Chile en los últimos treinta años con la hegemonía de los economistas en la definición de todas nuestras políticas públicas.

Lo mismo puede ocurrir con una tecnocracia científica para definir nuestras políticas ambientales y de gestión de recursos naturales. El problema con este tipo de decisiones tecnocráticas es que no poseen la legitimidad que entrega la deliberación pública. 

En el caso de la politización de la ciencia, este fenómeno se produce cuando el saber científico es utilizado por distintos actores políticos para defender sus propios intereses. De esta manera, la ciencia no conduce a soluciones racionales a los problemas, sino que es instrumentalizada por intereses políticos particulares.

Esta politización de la ciencia es posible debido a que la comunidad científica no es un grupo homogéneo. Sus opiniones no son necesariamente desinteresadas ni transmiten un saber neutro alejado de intereses particulares. Los científicos tienen el legítimo derecho de tomar posiciones en materias controversiales, por convicción o por el interés de las propias comunidades a las cuales pertenecen.

Es lo que ocurrió con la COP25 que se realizaría inicialmente en Chile. Previo al encuentro se constituyó un Comité Científico Asesor que en el caso particular del aporte del sector forestal a los compromisos nacionales de reducción de emisiones, recomendó y defendió ante la autoridad política una estrategia basada exclusivamente en restauración de bosques y forestación con especies nativas, descartando de manera tajante a las plantaciones forestales productivas como mecanismo de captura de carbono.

El rechazo se justificó basándose en un conjunto de estudios científicos cuidadosamente escogidos para reafirmar sus propias convicciones de rechazo a una estrategia basada en plantaciones productivas. 

Por supuesto, las ciencias forestales no estaban representadas en dicho Comité Científico, lo que parece inexcusable dado el significativo aporte que este sector realiza a la mitigación de gases de efecto invernadero. 

Aunque el conocimiento científico es clave para el desarrollo de las sociedades y para enfrentar un desafío de la magnitud que implica el cambio climático, la subordinación de la deliberación política de manera vinculante a dicho conocimiento, como planteó Montenegro en su crítica al texto de la futura ley de cambio climático, parece un exceso.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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