Conaf y la biodiversidad de los bosques
Con el arribo de las nuevas autoridades al ministerio del Medio Ambiente se busca agilizar la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proyecto presentado el 2014 por Bachelet, pero que tenía una versión anterior del 2011, ingresada al Congreso por Piñera en su primera administración.
Este proyecto de ley ha tenido una tramitación compleja. La primera versión del 2011 fue duramente criticada por prácticamente todos quienes asistieron a entregar su opinión al Congreso, por privilegiar una mirada economicista del tema.
La segunda versión no corrió con mejor suerte, se le hicieron más de mil indicaciones al proyecto, las que se revisaron durante todo el año 2017 para tener casi al finalizar la administración de Bachelet, un texto listo para ser votado en el Senado. Una votación favorable llevaría el proyecto a la Cámara de Diputados, donde muchos parlamentarios ya han planteado su rechazo a que las áreas protegidas sean transferidas desde la Corporación Nacional Forestal al nuevo servicio que se busca crear.
Todas estas señales no han mermado el entusiasmo y la fe del Ejecutivo por este proyecto de ley, y ahora buscan reactivar su tramitación, al parecer sin hacerse cargo de sus debilidades.
Uno de los cuestionamientos más importantes al proyecto de ley es el concepto que se tiene de la biodiversidad desde la gestión pública.
Es un concepto reduccionista, en el que se considera la biodiversidad como un objeto material que puede transferirse desde un servicio público a otro. No es así. La diversidad biológica difícilmente tiene esa condición, ya que forma parte inseparable de todas las actividades del ser humano, las productivas, por cierto, pero también todas las que tienen que ver con nuestro desarrollo integral, con la calidad de vida de las personas.
Lo opuesto a un enfoque reduccionista es el enfoque sectorial. Bajo esta mirada, la gestión de la biodiversidad, su conocimiento, protección y aprovechamiento sostenible, es responsabilidad de todos los actores del Estado. Este enfoque sectorial es el que se ha venido utilizando en Chile durante las últimas décadas y que se pretende cambiar sin una reflexión más profunda de los impactos de dicho cambio.
El mejor ejemplo de este enfoque sectorial es la gestión pública de los bosques. Según FAO, los bosques albergan el 80% de la biodiversidad terrestre del planeta. Son uno de los principales ecosistemas por los servicios ambientales que proveen, entre los que se encuentra precisamente el ser reservorios de biodiversidad.
Su gestión histórica ha estado a cargo del servicio forestal del Estado, en nuestro caso, la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Ha sido una gestión que respeta la multifuncionalidad de los bosques, protegiéndolos mediante un sistema de conservación in situ como es el sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado (Snaspe), pero también buscando su aprovechamiento sostenible en todo el territorio, mediante regulación, fiscalización y fomento a su manejo.
Toda esta labor de protección, regulación y manejo es, a su vez, una gestión de la biodiversidad.
Suponer que es posible y eficiente un modelo institucional en el que exista dos servicios a cargo de los bosques, uno que se haga cargo de su biodiversidad y otro distinto que fomente su manejo sostenible, es una entelequia que no tiene sustento en la realidad.
No va a funcionar esta suerte de gestión paralela de los bosques y su biodiversidad. Se anticipan diversas colisiones de competencias y conflictos entre los servicios. Lo mismo ocurrirá con la gestión de la biodiversidad marina. Un servicio nuevo, dependiente de un Ministerio sin experiencia en gestión territorial directa, no puede hacerse cargo exitosamente de tal desafío.
Pese a lo anterior, existe en ciertos sectores ligados al ambientalismo, una férrea defensa del nuevo servicio de biodiversidad, ya que ven en su creación la oportunidad de aplicar una estrategia de conservación extrema del bosque nativo, consistente en no manejarlo.
En efecto, sacar la gestión de los bosques del servicio forestal sería un triunfo para ellos ya que ven en el fomento al manejo sostenible que plantea Conaf, una traición a los objetivos de conservación que deberían primar en cada hectárea de bosque nativo, público o privado, ya que, según ellos, el bosque es más que madera, genera más valor a través de los servicios ecosistémicos y toda esa letanía que lamentablemente no funciona en la realidad, ya que no convierte ese valor simbólico en valor económico para los dueños de esos bosques. Y si los bosques carecen de manejo, no se conservan, muy por el contrario, se degradan.
Decidir quién se hará cargo de la gestión integral de los bosques es uno de los aspectos más importantes en la discusión del nuevo servicio de biodiversidad. Pero esa discusión no se da.
Prima en las autoridades del ministerio del Medio Ambiente un voluntarismo consistente en sacar adelante este nuevo servicio, ya que, si se dedica a la biodiversidad, debe naturalmente ser bueno para el país.
El ministerio de Agricultura, en cambio, de quien depende la Corporación Nacional Forestal, parece estar de manos atadas ante una decisión política de más alto nivel que no se detiene a reflexionar sobre estos temas.
Cuando se den cuenta del impacto sobre la gestión de los bosques ya será demasiado tarde.
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