Ya ha pasado poco más de un año desde que emergió este enemigo invisible pero letal llamado Covid-19, trastocando nuestras vidas y centrando, como es lógico, la preocupación en primer lugar por el cuidado de las personas. Y en el Día de la Tierra debemos pensar en cómo, además de sobreponernos a los impactos negativos de la pandemia, construimos una recuperación sostenible.
La salud humana al igual que la Tierra, está en jaque, y es ahora cuando tenemos que tomar medidas urgentes para salvaguardarlas. El llamado entonces es a ocuparnos por el ODS 15 que significa proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques y el agua, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Un entorno clave para la vida y la salud humana.
En Chile, desde hace una década se está discutiendo en el Congreso la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que tiene como finalidad construir una institucionalidad para liderar la conservación de la biodiversidad, con una mirada integral, en función de todos los ecosistemas existentes en el país, tanto marinos como terrestres, dentro y fuera de las áreas protegidas, asegurado la protección de la naturaleza.
La sola institucionalidad no implica un milagro ni es la panacea, sin embargo, es un avance fundamental contar con un servicio único, pues hoy día las áreas protegidas se encuentran dispersas en cinco ministerios. Así, el Ministerio de Agricultura administra las áreas protegidas a través de Conaf, el Ministerio de Economía administra los parques y reservas marinas a través de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, el Ministerio de Cultura gestiona los santuarios de la naturaleza a través del Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes nacionales protegidos, y el Ministerio del Medio Ambiente las áreas marinas costero-protegidas y supervigila todo el sistema.
El proyecto contiene una normativa clara para las áreas protegidas, con instrumentos de gestión para la conservación hoy inexistentes, como planes de erradicación, control y gestión de especies exóticas invasoras, planes de restauración ecológica y un sistema nacional de información y monitoreo de la biodiversidad, entre otros. No obstante, es sorprendente que hayamos tardado 10 años en tramitar este proyecto de ley y todavía se escuchen voces críticas que malinterpretan los objetivos, o los tergiversan, en aspectos que han sido suficientemente aclarados y consensuados. Por lo tanto, es hora de cerrar un acuerdo que permita avanzar en la necesaria institucionalidad.
Es así como todos, tanto el mundo público como privado, debe convencerse que el paso clave para la protección de estas áreas es una adecuada gestión y una asertiva y desarrolladora regulación. Afortunadamente, poco a poco se está tomando conciencia de la necesidad de la conservación, de la urgencia de proteger la naturaleza para las futuras generaciones y es notable aquí, la presencia de la conservación del sector privado, a través de fundaciones. Sin embargo, hasta ahora, para las empresas el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, no tomaba prevalencia, según lo constata un estudio de Sustenta+ y UDD, donde apenas el 8% de las empresas en Latinoamérica declaran que será de mayor importancia para su negocio en 2021.
Ante la experiencia de la pandemia, como manifestación del desequilibrio de nuestra vida humana y la naturaleza, y la amenaza del cambio climático, viviremos más el día a día de la Tierra, y más compañías comprenderán lo importante que es la preservación de nuestras especies animales y vegetales, y tomarán una acción directa, más determinada. Solo con una conciencia amplia compartida, podremos vencer a este enemigo implacable, devolviendo la seguridad en la salud de las personas, reconfigurando un sistema que respete el ciclo de vida de la tierra, comprendiendo y actuando en consecuencia, de que todo tiene una causa y efecto.
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