Escazú ahora, una medida urgente

Camila Musante Müller
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  • Co-escrita con Sebastián Benfeld, coordinador nacional de "Escazú Ahora Chile"

 

Estamos ante una emergencia. En América Latina y el Caribe los conflictos socioambientales están aumentando rápidamente. Según el Atlas de la Justicia Ambiental, Chile es uno de los 20 países con más conflictos socioambientales activos en el mundo y quienes denuncian esta realidad están siendo víctimas de hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos. Según Global Witness, tan solo en 2020 más de 165 activistas ambientales fueron asesinados en Latinoamérica.

Ante este panorama, líderes sociales y políticos de la región se reunieron entre 2012 y 2018 para buscar soluciones concretas a esta realidad. Tras muchas negociaciones lideradas por Chile y Costa Rica, los países adoptaron el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú.

Su objetivo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano, a la vez que luchar contra las injusticias y desigualdades ambientales garantizando derechos fundamentales para que las personas y comunidades puedan defender su entorno.

El acuerdo regional es mucho más que un instrumento jurídico precursor en materia de protección ambiental, también es un tratado de derechos humanos. En él se garantizan los derechos de todas las personas a poder acceder a la información ambiental, participar de las tomas de decisiones que se realicen en esta materia y acceder a la justicia en caso de que uno de los derechos anteriores se vea vulnerado. Al mismo tiempo, protege a las y los defensores ambientales ante eventuales ataques y amenazas.

Nos encontramos ante una oportunidad única en nuestro país, teniendo la posibilidad de adherir a este acuerdo rápidamente para así construir una institucionalidad ambiental que sea realmente democrática, en la que se respete tanto la justicia ambiental como el acceso a la información en esta materia.

Asimismo, la participación y el acceso a la información traen colateralmente, como efecto positivo, la educación ambiental de la sociedad. Y la educación ambiental es clave para estimular cambios de hábitos que permitan disminuir las huellas ambientales; así las generaciones futuras podrán gozar de igual calidad de salud que las actuales o, en definitiva, podrán existir en el futuro.

Por otra parte, sin la ratificación de este tratado los activistas ambientales continúan a la deriva frente a las amenazas y la violencia que sufren constantemente por parte de los grupos económicos que ven sus intereses comprometidos. No olvidemos los casos de homicidio de activistas ambientales que tenemos en Chile. En particular, el icónico caso de Macarena Valdés, en 2016.

¿Por qué ahora?

La situación climática y ambiental en que nos encontramos es crítica y las y los defensores ambientales son claves para evitar que siga empeorando. En 2020, un total de 227 activistas y defensores de la naturaleza fueron asesinados por intentar proteger los ecosistemas y la biodiversidad de la Tierra. Se trata del número más alto registrado por la ONG Global Witness, que desde 2012 recopila información sobre la lucha ecologista en todo el planeta.

Chile no es ajeno a esta realidad. Tan solo este año más de 4 defensoras ambientales han sido amenazadas de muerte en nuestro país: Veronica Vilches en Cabildo, Karina Jiles y Julia Poblete en Laguna Verde y Orietta Llauca en Puerto Varas. ¡Esto debe detenerse!

Hoy quienes van en búsqueda de la verdad para la protección del agua y de la tierra ponen en riesgo sus vidas. En la comuna de Curacaví, donde desde 2019 el estero Puangue se encuentra completamente seco e invadido por las empresas extractoras de áridos, una persona llegó al hospital, luego de haber sido brutalmente golpeada por los guardias que supervigilan las obras de extracción en el río. El sitio donde residen las oficinas de la empresa direcciona a una sociedad fantasma y el nombre de quienes están detrás de la operación de sus maquinarias es desconocido.

Con esto en mente, la demanda por la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú cobra aún más sentido. No podemos tolerar el ataque o asesinato de ningún defensor ambiental más. El futuro Presidente Gabriel Boric como el próximo Congreso tienen la responsabilidad de proteger a quienes defienden el medioambiente y hacer que Chile adhiera a este acuerdo durante las primeras semanas del mes de marzo de este año.

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