La ministra de las buenas intenciones

Rodrigo Muñoz Baeza

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Este martes 14 tuvo su turno la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, de ser interpelada por el diputado verde Félix González en la Cámara Baja, sobre una serie de materias que comprendían el rol de Chile en la COP25, los acuerdos alcanzados en la Conferencia, la crisis del cambio climático y los objetivos trazados en descarbonización, zonas de sacrificio y la situación del agua.

En el primer bloque de preguntas, lamentablemente la instancia fue usada por el diputado González para criticar la Presidencia de COP que ejerce la ministra Schmidt hasta la próxima cita en Glasgow, solicitando que deje el puesto en manos de otro país, tildándola de negacionista del cambio climático.

Si bien fue evidente la ausencia de liderazgo que mostró Chile en la Conferencia, que el mercado de bonos de carbono como objetivo no se cumplió, y que se dejó pasar una oportunidad importante para concretar el Acuerdo de París, es dudoso que esa sea la principal meta de la oposición.

Lo más grave de la presentación de Schmidt en lo internacional es que nuevamente se oponga a la firma del Acuerdo de Escazú por malas razones. La ministra insiste en que la legislación chilena cumple con los estándares que propone el tratado sobre acceso a información ambiental, participación ciudadana y acceso a justicia ambiental, por lo que devendría en irrelevante su suscripción, lo que no es cierto, en especial por la protección de defensores ambientales. Y sí aun así fuera, ¿en qué entorpece sumarse a uno de los convenios que ha sido destacado por Naciones Unidas para el desarrollo sostenible?

Tampoco lo es el poner supuestamente en riesgo nuestra soberanía, al hacer suyas las posiciones de Cancillería en torno a que el artículo 11 del Acuerdo nos podría en una situación complicada con Bolivia.

Esa norma menciona la especial consideración hacia los países sin litoral en materia de cooperación internacional ambiental, para promover actividades como talleres, intercambios, programas, códigos de conducta, comités multisectoriales, entre otros, por lo que resulta una insana confusión entre evitar conflictos vecinales, una visión retrograda del Pacto de Bogotá y una mala comprensión de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

En último término, la ministra mencionó que la firma de Escazú podría internacionalizar conflictos que son y deben ser internos, y que eso podría perjudicar a Chile. Esa es una afirmación injustificada, refiriéndose a un Instrumento que pretende prevenir conflictos, que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, y mejorar la rendición de cuentas y la transparencia del Estado.

En el segundo bloque, la centralidad estuvo en las políticas ambientales internas que ha anunciado el gobierno.

Por un lado, en el caso de las zonas de sacrificio, la ministra ocupó sus respuestas en pedir perdón a las familias que viven en Quinteros-Puchuncaví, lo cual siempre es valorable por el respeto a la dignidad de las personas afectadas.

Sin embargo, no mencionó novedades sobre planes de descontaminación o manejos especiales en otras áreas industriales, como Coronel, Mejillones, Huasco, entre otros, las que concentran las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y MP2,5.

Para el capital en este gobierno siempre hay consenso, pero no para las políticas medioambientales serias, algo que se evidencia en el caso de San Bernardo-El Bosque y el proyecto que implica el arriendo de terrenos de EFE para construir una nueva planta de hormigón, en un sector que convive con zonas residenciales vulnerables.

Por otro, en la crisis del agua, expresó que estamos viviendo un problema como no habíamos tenido nunca como país. Palabras de buena crianza que, no obstante, no se condicen con permanecer fuera de la discusión sobre el asunto. Si bien es cierto que esto no se soluciona constitucionalmente, el debate por el Código de Aguas sigue estancado en el Senado. Al mismo tiempo, la tramitación de la ley de Glaciares ha sido débil por los intereses del Consejo Minero, que estarían incidiendo.

Queda como conclusión la evidente falta de experiencia de la ministra ante estas urgencias. Hubiera sido interesante traspasar parte del discurso de la ambición climática a medidas avezadas en Chile, más allá del cierre de termoeléctricas al 2050.