Apostar por los acuerdos

El 2 de abril se constituyó la mesa de trabajo por la infancia convocada por el Presidente Piñera, la cual tendrá 60 días para entregar propuestas sobre la materia. Además de la esposa del mandatario, participarán varios ministros y subsecretarios, representantes de entidades ligadas a la acción social y miembros de los partidos oficialistas y opositores.

De estos últimos, participaron la DC, el PPD, Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, en tanto que rechazaron el llamado a participar el PS, el PC y el Partido Humanista.

Especialmente llamativo fue el rechazo de la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, del PS, quien sostuvo que el lugar de los debates era el Parlamento. Por su parte, los senadores socialistas resolvieron que José Miguel Insulza no participe en la mesa de trabajo sobre Seguridad, respecto de lo cual él había manifestado buena disposición.

La cultura democrática supone un empeño a favor de la racionalidad. Ello implica que, sin perder de vista la competencia por el poder y el esfuerzo de diferenciación de las diversas fuerzas, apostamos por el diálogo, que es la base de una convivencia que proteja las libertades. Precisamente por eso, es encomiable que el nuevo gobierno favorezca el diálogo con vistas a establecer un espacio de convergencia en cinco materias relevantes: infancia, seguridad, salud, paz en La Araucanía y derrota de la pobreza.

El método de crear comisiones presidenciales pluralistas, para estudiar determinadas materias antes de formular los proyectos de ley, ha sido utilizado por varios gobiernos, con resultados en general positivos para el país.

Fue el caso de la comisión convocada por la ex presidenta Bachelet y que encabezó el economista Eduardo Engel, cuya labor permitió dar sustento a las leyes que mejoraron y dieron mayor transparencia al funcionamiento de los partidos y el desarrollo de las campañas electorales.

Por supuesto que las comisiones no reemplazan al Congreso, sino que amplían las posibilidades de analizar ciertas materias con mayor profundidad y permiten recibir valiosos aportes de la sociedad civil. Se puede criticar tal o cual aspecto, pero se trata en general de un mecanismo que oxigena los debates nacionales y ayuda al propio Congreso a legislar con fundamentos más sólidos.

Lo que importa es que el país avance, que las políticas públicas estén bien pensadas y que las leyes sean eficaces. Esas consideraciones deberían estar en primer plano en la discusión de los partidos, más que los pequeños cálculos.

“Sí, pero es que el gobierno puede beneficiarse de esto”, dicen algunos. Claro, si un gobierno adopta decisiones bien encaminadas, puede obtener el reconocimiento de los ciudadanos. Pero también obtendrán reconocimiento quienes, sin ser parte del gobierno, muestren buena voluntad hacia las iniciativas acertadas y sean capaces de entregar su propio aporte al esfuerzo por materializarlas.

La actitud de negarse a cooperar revela una dudosa noción acerca de cómo entender el papel de los opositores en un régimen democrático. A ciertos sectores parece inquietarles sobre todo la eventualidad de que el gobierno en funciones haga bien las cosas y que, como consecuencia de ello, saque aplausos. Pero sucede que lo esencial es que el interés colectivo sea beneficiado.

Y si es así, una fuerza genuinamente democrática no debería preocuparse tanto de que los adversarios se anoten un punto. Resulta penoso asociar el interés partidario con la mezquindad, con la posibilidad de bloquear una iniciativa del adversario simplemente porque…¡es demasiado buena!

Nuestro país necesita una mejor política para poder progresar en todas las áreas, y ello supone en primer lugar alentar el espíritu republicano, entendido este como la disposición de anteponer los intereses de la nación a los intereses partidarios y fomentar el encuentro entre quienes piensan distinto.

Es justo reconocer que, si comparamos a nuestros políticos con los de otros países, incluso los más cercanos, los de acá obtienen mejores calificaciones. Pero no hay que conformarse con ello. Muchas personas tienen con razón un juicio muy crítico sobre los parlamentarios, y sería bueno que los debutantes trataran de no dejarse embriagar por la tentación de decir cualquier tontería a los medios de comunicación con tal de estar en las noticias. Tienen que ganarse el respeto de los ciudadanos, y estos han profundizado su espíritu crítico. El partidismo y la lógica de trinchera son perjudiciales para el país. También los gestos que frivolizan la función pública.

Cada vez que las encuestas consultan respecto de la posibilidad de que las diversas fuerzas políticas dialoguen y se entiendan para conseguir soluciones en ciertos ámbitos, la respuesta de los encuestados es ampliamente favorable.

A los ciudadanos no les preocupa gran cosa que los partidos defiendan la pureza de sus convicciones doctrinarias, sino que demuestren realismo, sentido cívico y voluntad de mejorar lo que tenemos, y ello exige establecer acuerdos.

Nadie imagina una situación en la que desaparezcan las discrepancias. En democracia, siempre están abiertos todos los debates. Si el actual gobierno comete errores, habrá que criticarlo; si no focaliza bien los recursos del Estado, también y ciertamente si sus integrantes usan mal el poder o no cumplen con las normas de probidad.

Lo absurdo es oponerse por principio a este o a cualquier gobierno, y llegar al extremo de creer que una iniciativa justa deja de serlo por el hecho de que la impulsan los adversarios.

Pensemos en el país y en la necesidad de que todos contribuyamos, en la medida de nuestras fuerzas, a resolver las carencias y a mejorar la vida.

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