Contra la barbarie

Ya son conocidas en todo el mundo las fotografías y filmaciones de los actos vandálicos efectuados el jueves 9 contra el templo de la Gratitud Nacional por grupos de frenéticos encapuchados. Para millones de personas de todos los continentes tiene que haber sido chocante ver la imagen de Cristo pateada y vejada en la principal avenida de Santiago de Chile.

Podemos imaginar lo que han sentido los fieles que van a misa cada domingo a ese templo. O lo que han sentido todos los católicos a través del país. Su congoja debe ser muy grande. Les expresamos nuestra solidaridad, y les decimos que estos actos bárbaros ofenden a Chile entero, porque representan un ataque no solo a los símbolos religiosos, lo que es muy grave, sino al patrimonio de civilización que, con mucho esfuerzo, hemos ido acopiando en esta tierra.

Es el patrimonio del respeto a los centros de culto, a las imágenes veneradas por millones de seres humanos, a las nociones básicas de libertad y tolerancia sin las cuales se impone la ley de la selva.

Este mismo templo salesiano ya había sido atacado con bombas molotov en otras ocasiones, y en los últimos meses han abundado los ataques incendiarios contra templos católicos y evangélicos en La Araucanía. 

¿Hay relación entre lo que ocurre en el sur y lo que pasa en la capital? ¿Está conectada la quema de camiones allá, y la quema de locales comerciales en Santiago y Valparaíso? Sin duda. El furor es parecido. El desprecio por la democracia es igual. Pueden ser distintas las excusas y las banderas, pero la irracionalidad es la misma.

Durante demasiado tiempo, los dirigentes de las organizaciones estudiantiles y gremiales se han cuidado de no condenar los desmanes, y hasta han llegado a culpar a las fuerzas policiales. Eso ha dado alas a los encapuchados, que se han vuelto cada día más audaces para actuar. Hay que terminar con las actitudes complacientes que, finalmente, dañan la propia autoridad de las organizaciones.

La Confech, la CUT, las agrupaciones de estudiantes secundarios deben condenar sin ambigüedades a los violentos porque estos atentan contra las libertades que tanto nos costó recuperar, y que las organizaciones sociales tienen el deber de defender.

Los partidos, los colegios profesionales, las autoridades universitarias, las figuras de la cultura tienen el deber de pronunciarse. Se trata de que defendamos entre todos la convivencia democrática y levantemos un muro de contención al odio y la estupidez.

El ministerio del Interior debe sacar lecciones de lo ocurrido para defender con mayor eficacia el orden público. A veces, da la impresión de que las autoridades actúan con ingenuidad y no adoptan los resguardos necesarios para impedir los desmanes. Las fuerzas policiales necesitan sentirse apoyadas por la población para que puedan realizar su tarea de protegernos a todos. Y no olvidemos que la mayoría de los carabineros son padres de familia que arriesgan la vida cada día.

¿Qué representan los encapuchados? Simplemente, el extravío, la carencia de nociones elementales sobre lo recto y lo torcido, el impulso rudimentario de hacerse notar por la vía de destruir. Y dejémonos de historias: la mayoría de ellos son estudiantes o han pasado por un centro de enseñanza. Uno esperaría que sus familias hicieran algo. Si no lo hacen o ni siquiera saben lo que está pasando, podrían terminar lamentando después las consecuencias.

Es hora de aislar a quienes ya han demostrado no detenerse ante nada en su compulsión por agredir, destruir y quemar. La violencia nos afecta a todos, al igual que la delincuencia. En consecuencia, todos debemos reaccionar.

La democracia tiene derecho a defenderse, pero eso depende de que los demócratas estemos dispuestos a cumplir con nuestro deber de ciudadanos. Ninguna institución que adhiera a la vida en libertad puede guardar silencio frente a la barbarie.

El ataque a la Gratitud Nacional y a las demás iglesias nos concierne a todos los que queremos seguir viviendo en un país en el que prevalezcan la razón, el respeto a las creencias, la protección de los derechos individuales, en suma el Estado de Derecho.

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