Cuando el Estado llega tarde
Cada invierno pone a prueba mucho más que la capacidad de respuesta frente a un temporal. Pone a prueba el verdadero sentido del Estado y revela con crudeza cuáles son las prioridades de un gobierno. Mientras las lluvias destruyen viviendas, interrumpen caminos, dejan comunidades aisladas y golpean con mayor fuerza a los sectores populares, la respuesta del gobierno de José Antonio Kast vuelve a exhibir una preocupante lentitud. No se trata simplemente de una falla administrativa. Es la expresión de una determinada concepción del Estado y de la sociedad.
Desde el discurso neoliberal se insiste en que el Estado debe ser pequeño, austero y limitado a funciones esenciales. Sin embargo, cuando sobreviene una catástrofe, queda al descubierto una contradicción imposible de ocultar: es precisamente ese Estado que se debilitó durante años el único capaz de coordinar rescates, movilizar recursos, reconstruir infraestructura y proteger a quienes lo han perdido todo. El mercado, tan eficiente para generar utilidades privadas, desaparece cuando la rentabilidad deja de ser posible. Entonces es el Estado el que debe hacerse cargo de las consecuencias.
Marx observó que el Estado, bajo el capitalismo, no es un árbitro neutral situado por encima de las clases sociales. Es una institución atravesada por las relaciones de poder existentes en la sociedad. Ello no significa que toda política pública responda mecánicamente a intereses de clase, pero sí que las prioridades de quienes gobiernan terminan reflejando una determinada concepción de la economía y de la función estatal. Cuando durante años se privilegia la reducción del gasto público, la flexibilización institucional y la disminución de las capacidades del aparato estatal, el resultado inevitable es una menor capacidad para actuar cuando la ciudadanía más lo necesita.
Los desastres naturales nunca son completamente naturales. Como enseñó Friedrich Engels al reflexionar sobre la relación entre sociedad y naturaleza, las consecuencias de estos fenómenos dependen en gran medida de la forma en que organizamos nuestro territorio, planificamos nuestras ciudades y protegemos los bienes comunes. Las inundaciones no afectan por igual a todos. Golpean con mayor dureza a quienes viven en zonas de riesgo, en viviendas precarias, con infraestructura deficiente o sin acceso oportuno a servicios públicos. La naturaleza puede desencadenar el fenómeno, pero es la desigualdad social la que determina quiénes pagan el mayor costo.
Por eso resulta insuficiente atribuir la lentitud de la respuesta únicamente a problemas climáticos o logísticos. Cuando el Estado pierde capacidades de planificación, cuando la prevención deja de ser prioridad y cuando la inversión pública se considera un gasto antes que una condición para garantizar derechos, la emergencia encuentra a las instituciones debilitadas. Lo que aparece como improvisación muchas veces es la consecuencia de decisiones políticas acumuladas durante años.
La experiencia internacional demuestra que las sociedades más resilientes frente a catástrofes son aquellas que cuentan con instituciones públicas robustas, sistemas de protección social sólidos y una planificación territorial capaz de anticipar riesgos. No es casualidad. La prevención exige inversión, coordinación y presencia estatal permanente, tres elementos difíciles de compatibilizar con una visión que reduce el papel del Estado a un mero administrador subsidiario.
En momentos como estos, la ciudadanía no necesita discursos sobre eficiencia futura. Necesita respuestas concretas, rápidas y coordinadas. Necesita un Estado presente antes, durante y después de la emergencia. Porque cuando el agua entra a una vivienda, cuando un puente colapsa o cuando una familia pierde todo lo que tenía, el tiempo deja de medirse en indicadores administrativos y comienza a medirse en vidas, en dignidad y en derechos.
Toda crisis deja una enseñanza. El temporal volverá a pasar, pero la pregunta permanecerá abierta: ¿Queremos un Estado reducido al mínimo hasta que ocurre una tragedia, o un Estado capaz de prevenir, proteger y reconstruir? La respuesta no es solamente técnica. Es profundamente política. Y de ella depende, en buena medida, el tipo de sociedad que decidimos construir.