¿Desnaturalización de la Defensa Nacional?

Cuando creíamos, que este gobierno y sus decisiones, no podían ser más contradictorias al sentir popular, que espera respuestas a sus demandas sociales, el Presidente ha enviado un proyecto de ley al Senado para sacar nuevamente a los militares a las calles.

La iniciativa con misión de orden público, sin la necesidad de establecer Estado de excepción, podrá actuar en la protección de zonas estratégicas y de infraestructura crítica, como servicios sanitarios, electricidad, hospitales, redes y telecomunicaciones,  centros de abastecimiento, puertos y aeropuertos.

La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en momentos de crisis social podría ser altamente contraproducente y sería un riesgo a la integridad física y psíquica de la población.

Hoy gracias a organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tenemos evidencia como ciudadanos y autoridades fiscalizadoras, que existe violación a los derechos humanos en Chile y que se ha empleado la crueldad para castigar y reprimir la manifestación.

Si nos remitimos sólo a las funciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, éstas existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”, pero no son responsables del orden público y de la seguridad interior. Según la Constitución “las fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones”. Es decir, este es un proyecto de reforma constitucional y no una simple ley para otorgar a las FF.AA. otras atribuciones.

Se insiste en militarizar la seguridad pública interior, legalizar un estado que es de origen excepcional y pintarlo de normalidad.

No es repetitivo señalar los desastres en materia de derechos humanos que ha provocado históricamente la intervención de las FF.AA en la contingencia político social, no puede seguir imperando la doctrina del enemigo interno. Por otra parte, cabe preguntamos si las FF.AA., que al año 1973 fueron utilizadas por civiles para llevar adelante un quiebre constitucional mediante un golpe de Estado y la instauración de una dictadura, estarán dispuestas a asumir el mismo costo que les ha significado la violación de derechos humanos.

Desde el inicio de la crisis, y desde la instauración del Estado de Emergencia han abundado mensajes y rumores por redes sociales sobre un posible Estado de sitio u golpe militar. Se ha dicho incluso que la premura para establecer el “Acuerdo de Nueva Constitución” estuvo signada por una inminente intervención militar.

Esperamos que una nueva generación militar, que no tiene vínculos con las violaciones a los derechos humanos, que se ha reencontrado con la sociedad con su participación frente a los desastres naturales, actúe de manera diferente. Un ejemplo es el joven soldado David Veloso Codocedo que lanzó su fusil cuando fue llamado a ser parte del Estado de Excepción y que fue detenido 18 días por “desobediencia propia”.

Es decir, dentro del mundo militar un soldado, no importa su rango,  adquiere una cultura de orgullo por ser parte de una institución y está dispuesto a dar la vida por la Patria, pero siempre enfrentado a otro semejante, en igualdad de condiciones, por la defensa nacional  y no contra su propio pueblo.

En conclusión, no nos queda claro si este anuncio es un desatino o si el gobierno va tras un objetivo mayor; lo que sí, nos hace pensar, que el gobierno definió tratar los conflictos sociales con la fuerza.

Esta decisión inapropiada eleva aún más el clamor por terminar con la brutal represión en la protesta social y por resolver las demandas de derechos fundamentales. Estaremos alertas como parlamentarios y parlamentarias ante este proyecto, sobre todo para que sean resguardados los derechos fundamentales y las libertades personales  y que el gobierno  se decida a priorizar la solución a las demandas sociales, que no se pueden ahogar con más represión.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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