Detrás de la fachada

No se necesita ser muy advertido para darse cuenta que tras el curioso revuelo levantado por la derecha chilena con el amplio concurso de los medios de comunicación del sistema a propósito de la reunión en Francia entre diputados chilenos y el acusado Ricardo Palma Salamanca, algo se trata de ocultar. 

Sin duda se trata del empeño por bajar el perfil respecto de la crisis que afecta a órganos del Estado de nuestro país que son de aquellos que forman parte - en todos los lugares y en todos los tiempos - de lo que se conoce como el poder real en una sociedad más allá de las formalidades y las apariencias. 

Hablamos de instituciones como las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones todas afectadas hoy por evidencias de corrupción que afectan su credibilidad, su seriedad y su eficiencia. 

El Informe oficial de 9 de noviembre de este año del Departamento Comunicacional de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, relativo al Alto Mando para el año 2019, da cuenta nada menos que del llamado a retiro de 21 generales. Es el fruto de los procesos internos. 

Por los mismos días se conoció el fallo judicial que condenó al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre por los brutales crímenes de Caravana de la Muerte en La Serena. Es el mismo del “nunca más”, el mismo del sugestivo encuentro de hace varios años en La Moncloa, España, con Ricardo Lagos y otros próceres concertacionistas. 

Suma y sigue : el actual Ministro de Justicia fue gran amigo del nazi Paul Schaeffer y por cierto defensor de Colonia Dignidad. 

A su turno el jefe de la Inteligencia de Carabineros encabezaba el grupo delictual que en esa institución fabricaba pruebas falsas en contra de los comuneros mapuches. 

Hace muy poco se rindió público homenaje nada menos que en la propia Escuela Militar a un criminal de la talla de Krasnoff Marchenko; algo similar sucedía en la PDI con otro alto jefe igualmente involucrado en el genocidio. 

Y eso que se supone que vivimos una democracia plena. Claro, una curiosa democracia porque se funda y se  rige por la misma Constitución de Pinochet. 

Entonces cabe concluír que sobran las razones que explican la desconfianza de la comunidad internacional en relación a las instituciones chilenas. Y, por supuesto, esa desconfianza es mucho mayor si nos situamos en los años del inicio de esta inacabable transición a la democracia. 

Además todo tiene lugar cuando el país es gobernado por  quien fuera el fogoso orador de la manifestación en contra del Derecho y de la Justicia Internacional con la que se defendió en las calles de la capital al “senador” Augusto Pinochet.

Y por si fuera poco, todo ocurre cuando la Corte Suprema ha empezado a decretar improcedentes libertades a genocidas, resoluciones que emulan con los indultos que a su vez el Presidente de la República concede a sujetos igualmente condenados por sus brutales crímenes. 

Así pues sostenemos que el operativo de distracción montado a propósito de la reunión de Francia es sólo la fachada que le permita al neofascimo criollo ocultar la triste realidad local. Penosamente, sectores políticos que no debieran prestarse al juego sucio de la derecha han caído en la trampa. Situaciones como éstas tienen al menos el mérito de mostrar quien es quién realmente y a qué juegan unos y otros. 

A estas alturas cabe consignar que como hombre del área de las ciencias jurídicas, respetuoso del Derecho, condeno como improcedente y contrario al Derecho y a la Etica el crimen cometido. 

Cabe igualmente consignar nuestra legítima duda respeto de quién o quienes realmente fueron los que asesinaron a Jaime Guzmán, principal asesor de Pinochet y del que es conocido el odio que por él se sentía en la DINA de Manuel Contreras. 

A la par cabe sostener nuestras legítimas reservas respecto del actual régimen en que vivimos y al que  no podemos considerar como una democracia plena siendo que en verdad mantiene en lo esencial el modelo de sociedad que impuso la dictadura al costo de miles de chilenas y chilenos que fueron detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, prisioneros, exiliados.

Tanto así que a pesar del paso de los años el Estado de Chile, sus órganos, y el desarrollo de la vida de todos los ciudadanos del país continúa rigiéndose por la misma Constitución Política impuesta por la dictadura. 

Situación que era todavía peor a la fecha de la muerte de Guzmán en el año 1991, cuando aun no era posible siquiera iniciar acciones judiciales en contra de los culpables del genocidio desatado por el gobierno norteamericano y la derecha chilena.

Lo que explica que la decisión del gobierno de Francia al denegar la extradición de Palma Salamanca fundando su decisión, entre otras razones, en la desconfianza en la institucionalidad nuestra de la época, es enteramente justa y acorde con la normativa jurídica internacional. 

Sólo un  ignorante podrá suponer intenciones políticas en favor del acusado por parte de un gobierno como el de Macron. Tiene pleno sentido jurídico la resolución de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) de otorgarle la calidad de refugiado político a Ricardo Palma Salamanca.

Se podrá o no compartir la reunión de París solicitada a los diputados por los familiares de Ricardo Palma a fin de explicar sus visiones y sus razones. Pero de allí a formular cargos y acusaciones contra los diputados Boric y Orsini y más tarde tratar de condenar también al diputado Guillermo Teillier, máximo dirigente del Partido Comunista de Chile, hay un abismo insalvable.

Quienes violan día a día toda norma ética son los representantes de la derecha que, por ejemplo, defienden y se reúnen con sujetos como Bolsonaro, partidario declarado de la tortura, de la violación y el crimen.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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