El apoyo a Lula
Cuesta entender que la ex presidenta Michelle Bachelet; el presidente del Senado, Carlos Montes; la presidenta de la Cámara, Maya Fernández; los senadores Elizalde, Insulza, Quinteros y Letelier, del PS; los diputados Boric y Jackson, del FA; y varios ex ministros y ex embajadores, hayan interpelado al Poder Judicial de Brasil “para que garantice el pleno respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial”. Y que hayan agregado, como si nada, que eso es lo que exige la democracia brasileña y demandan los demócratas chilenos.
El ex mandatario brasileño está en prisión desde hace tres meses, condenado a 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava-Jato, que reveló la red de sobornos de la empresa estatal Petrobras. El descubrimiento de la acción corruptora de las empresas OAS y Odebrecht ha significado el procesamiento de numerosos políticos y empresarios.
El impacto de la acción judicial ha afectado a casi todas las fuerzas políticas, pero con particular dureza al Partido de los Trabajadores (PT), la formación a la que pertenece Lula. Hoy es muy aguda la controversia dentro de Brasil respecto de los intereses que están en juego en los procesos en curso, lo que incluye descalificaciones cruzadas entre fiscales y dirigentes políticos. Pues bien, en ese contexto pantanoso, quienes firmaron en Chile la “Declaración en defensa de la democracia en Brasil y del presidente Lula”, han actuado con una osadía increíble en su deseo de manifestar solidaridad hacia Lula.
¿Qué llevó a dar este paso a personas que tienen suficiente experiencia como para saber que no corresponde inmiscuirse en las disputas políticas en un país democrático, con el que Chile mantiene buenas relaciones y en el cual funciona el Estado de Derecho?
¿Cómo llegaron a la conclusión de que tenían derecho a cuestionar la legitimidad de las decisiones de los jueces de Brasil y, por si fuera poco, a respaldar la candidatura presidencial de una persona condenada por los tribunales de ese país?
La respuesta quizás es simple, hay que estar al lado de los amigos cuando están en desgracia. Eso se puede entender pues la amistad es una cosa respetable. Eso podría expresarse en visitas al amigo que se encuentra encarcelado, o preocupación por su adecuada defensa, o disposición de ayudar a su familia.
Pero atreverse a lanzar una proclama política en la que se pone en duda la estabilidad institucional de Brasil es algo simplemente desorbitado, y revela que el afán de responder a los requerimientos del PT hizo perder el sentido de las proporciones a quienes redactaron la declaración y recolectaron las firmas (los ex senadores Jaime Gazmuri y Carlos Ominami). Por supuesto que ello no excusa a quienes estuvieron dispuestos a poner su firma, ya sea por gratitud con el PT, identificación política o lo que sea.
La declaración sostiene que Lula es la figura política más relevante y popular del país, y que “todas las encuestas de opinión lo siguen señalando como el más probable vencedor, con una ventaja considerable sobre todos sus eventuales competidores”.
¿Y qué significa esto? ¿Que por ser popular y estar primero en las encuestas, Lula ocupa una posición de privilegio y está por encima de las leyes? ¿Qué clase de principio moral es ese? ¿Acaso se propone un trato judicial distinto para los caudillos y los líderes carismáticos? ¿Adónde lleva esa forma de razonar?
La declaración ha sido una mala señal respecto de la lucha contra la corrupción, que es una peste que ha causado inmensos estragos en América Latina.
Puede haber críticas a la forma de actuar de los jueces brasileños, o sobre la validez de las acusaciones en contra de Lula y otros procesados, pero Brasil es un país en el que están funcionando las instituciones.
Es tropicalismo puro entonces que un grupo de chilenos, luciendo los cargos que tienen o que tuvieron, se atrevan a dictar pautas a los poderes del Estado en Brasil. Eso no los enaltece. Se trata de un inmenso error.
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