El drama de 18 mil familias: Universidad del Mar

Más de 18 mil alumnos de la Universidad del Mar están hoy en la incerteza acerca de la posibilidad de continuar los estudios en los que ellos y sus familias habían depositado buena parte de sus expectativas para tener una vida mejor.

Frente a ello, como en tantas otras materias, el Estado responde de manera inadecuada, tarde y mal.

Desde hace más de un año hemos insistido al ministro de Educación en la necesidad de fiscalizar a las universidades privadas sobre la base de un altísimo nivel de denuncias recogidas por la Comisión Investigadora del funcionamiento de la Educación Superior, instancia que se constituyó en la Cámara de Diputados y cuyo Informe fue rechazado por los parlamentarios de la derecha.

Sumándose a esa conducta irresponsable, el ministro Beyer insistió con majadería que el Mineduc no tenía facultades para fiscalizar, lo que fue cuestionado por distinguidos académicos de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile a quienes solo respondió después de casi un año cuando este Diputado ofició desde la Cámara de Diputados exigiendo que cumpliera su obligación legal de contestar.

En definitiva, Beyer solo confirmó lo que ya sabemos: para el gobierno la educación es un “bien de mercado”, como filosofó el presidente Piñera, y por lo tanto las consecuencias de la gestión de una entidad como la Universidad del Mar debe quedar al arbitrio de las “condiciones del mercado” al no entregar “el producto” ofrecido en las condiciones pactadas en el contrato.

¿Y los 18 mil estudiantes estafados? Pues que se jodan.

Por otro lado, bien sabemos que esta situación no es privativa de la universidad cuestionada sino que así está funcionando buena parte del sistema de educación superior, tanto a nivel universitario como de institutos profesionales.

Es justo demandar del ministro que informe a la ciudadanía de la realidad del conjunto de los establecimientos de educación superior que funcionan en el país utilizando las facultades de fiscalización que le otorga la ley, tal como lo hizo en el caso de la Universidad del Mar. Ello es vital para que los jóvenes y sus familias decidan con toda la información necesaria, aspecto fundamental desde la perspectiva de mercado que tienen en la cartera de educación.

Un grupo de diputados de oposición hemos presentado hace algún tiempo una iniciativa para crear la figura del “interventor” para aquellos casos, como el que comentamos, en que el costo de la irresponsabilidad de algunos repercuta sobre muchos. Por cierto el gobierno no ha querido otorgarle alguna urgencia que permita el trámite de este proyecto.

El Estado tiene como misión esencial el cuidado del bien común, es decir, velar porque la comunidad pueda desarrollarse en función de criterios de justicia, y a falta de esta, intervenir para no ocasionar perjuicios a quienes no son responsables de las causas de los problemas.

Entonces, los estudiantes de la Universidad del Mar no pueden ser abandonados por el Estado. El ministro Beyer tiene una nueva oportunidad para manifestar alguna preocupación por los más débiles, cosa que no ha podido demostrar durante su mandato.

Tal vez el paseo frustrado a la maratón de Nueva York, mientras 18 mil familias chilenas sufrían tanto o más que los afectados por el huracán Sandy y mientras los parlamentarios discutíamos el presupuesto de educación en el parlamento, le haya permitido al ministro reflexionar acerca de sus responsabilidades abandonadas.

¿Será esto posible en un gobierno que se desploma y que deja la huella indeleble de un “pato cojo” iniciado antes de lo previsto?

Difícil. Lo tendremos que hacer, seguramente, con la impronta de una mano acogedora con rostro de mujer que curiosamente llegará desde los mismos rascacielos que el ministro visitó de manera inútil.