El Estado subsidiario fracasó

Este 18 de octubre se cumple un año desde la rebelión social que se generó en Chile a partir del alza del transporte público, en medio de la fuerte caída de las condiciones de vida de la población y el aumento de la desigualdad. Su impacto fue tan decisivo que la derecha cedió la intangibilidad de la Constitución del 80 y firmó, el 15 de noviembre, el compromiso político institucional que inició el actual proceso constituyente que tiene un hito fundamental el próximo 25 de octubre.

Así, para responder a las demandas ciudadanas, el debate sobre una nueva Constitución tiene entre sus aspectos principales la definición de un nuevo rol del Estado ante la exigencia de concretar el ejercicio de los Derechos sociales y de las libertades fundamentales que corresponden a las personas frente al fracaso del Estado subsidiario impuesto en el actual ordenamiento constitucional.

Este Estado “mínimo” o subsidiario, es decir, un órgano cuyas funciones se reducen a la seguridad interior y el resguardo de los límites fronterizos, abandonando su responsabilidad en materias decisivas de la comunidad humana como Educación, Salud, Vivienda y Pensiones, esperando que sea “el mercado“, sin saberse cómo, quien tenga la magia de proveerlos condujo a una desigualdad sin precedentes en la historia de la humanidad.

Se han establecido dos tipos de personas, unas pocas que tienen todo resuelto y una mayoría enorme que nada tiene seguro. El Estado “mínimo” es el reino de la incertidumbre ciudadana de un lado, y la seguridad de un puñado de potentados por el otro, con servicios policiales adaptados a su defensa y protección. Incluso, este viernes se denunció el caso de un joven de Alto Hospicio, en Iquique, cuya identidad fue usada por Carabineros para infiltrar, en Lo Hermida, un agente que inducía el asalto de instalaciones policiales en una burda acción de provocación para la posterior represión policial y el ministro del Interior lo encuentra perfectamente “legal” y lo respalda. En democracia no se puede institucionalizar el soplonaje a las organizaciones sociales, y peor aún, descalificarlas como “criminales”. Así, se confirma que este es el gobierno del abuso y el descaro.

Tampoco la supremacía del “mercado” tan adorada por los neoliberales responde por los derechos de la mujer, oprimida durante milenios en la sociedad patriarcal, por el contrario, rehace y agrava la opresión de la mujer consagrada en las estructuras de dominación al reproducir a perpetuidad injustas y odiosas discriminaciones por su condición de género.

Igualmente, los Derechos de los pueblos indígenas son desconocidos en la lógica del “mercado”. Así lo demostró el movimiento socialista, desde su origen en el siglo XIX, la dinámica de las relaciones mercantiles se funda en la concurrencia de actores que nunca son iguales, el más fuerte impondrá sus condiciones y se acentuará la dominación, en consecuencia, la sociedad de mercado y el Estado mínimo afianzarán el sojuzgamiento de los pueblos indígenas.

En materia de derechos económicos y sociales, en la realidad chilena el “mercado” no sólo excluye sino que suprime derechos fundamentales: de la mujer y la infancia, los trabajadores y las minorías étnicas.

El resultado es claro: retraso en la Educación fiscal y severo deterioro de la Salud pública, elevados costos en Viviendas de regular calidad y hacinamiento en aquellas de bajo costo o de inversión estatal, así como, un sistema de pensiones que, a 40 años de haberse instalado no cumple su razón de ser, o sea, jubilaciones que permitan vivir con dignidad. La imposición de “pagar” todo lo referente a “servicios” sociales ahondó como nunca las carencias en los hogares y la desigualdad en la sociedad.

En la lógica neoliberal se trata del Estado subsidiario, que asume su función como crudo reflejo del interés de los grupos económicos dominantes, debido a que tales derechos en el mercado se transforman en mercancías y, en consecuencia, en objetos que se transan en función de la obtención de la ganancia qué signifiquen. Así, primero se ignoran y luego se aplastan.

De ese modo, tales necesidades dejan de formar parte de las múltiples y esenciales funciones del Estado como institucionalidad que responde al interés general, es decir, al colectivo social constituido por todos y todas, para expresarse como propósitos individuales, inconexos, desagregados unos de otros.

Así, en el Estado mínimo o subsidiario, expresión material del mercantilismo neoliberal, los Derechos sociales son sustraídos de la esfera de cooperación e interacción de la sociedad para resolverse de acuerdo a las posibilidades de cada cual, a lo más de su grupo familiar, renunciando el Estado a su misión de garantizar el bien común hacia las personas porque, en la idea mercantilista, los derechos colectivos no son reconocidos, sino que exclusivamente  como  aspiraciones individuales.

Asimismo, en la concepción mercantilista, se resguarda la idea que el Estado es carente de responsabilidad en áreas decisivas para el futuro de la comunidad en su conjunto, como la economía y la cultura, porque la inversión en áreas determinantes del desenvolvimiento de la civilización humana no son materia de su incumbencia.

Así se explica la escasa inversión en ciencia o tecnología y la desregulación de la economía que favorece las prácticas monopólicas, el abuso de las posiciones dominantes, la colusión en contra de los consumidores, en suma, la ausencia de respeto a la comunidad, el atropello del bien común y el uso del Estado con fines represivos y asfixiar el descontento social.

A contrapelo de miles de años de evolución de la humanidad, en que las diversas organizaciones estatales fueron determinantes en áreas como la economia y la infraestructura, incluso la cultura, la teoría neoliberal tampoco acepta que el Estado actúe donde allí su acción resulta indispensable y los privados no lo harán, sea por la distancia, por la complejidad o simplemente, el bandidaje o la corrupción.

La ideologización neoliberal le hace apoyar el interés individual en desmedro del interés general, de ese modo, propicia subsidios estatales a favor de consorcios privados que acentúan la desigualdad social y territorial, como ocurre con el transporte público metropolitano, el Transantiago, que significa un subsidio directo de cerca de mil millones de dólares anuales en Santiago a los consorcios privados que controlan el servicio, los que no se compensan con el llamado “aporte espejo” de igual monto teórico de recursos, pero distribuidos en la totalidad de las demás regiones del país.

En Chile no hay un subsidio que tenga un impacto como el anterior en la vida cotidiana de una región o provincia. Así se acentúa el desequilibrio en el desarrollo regional del país y el crecimiento deformado de la ciudad capital. El neoliberalismo ha puesto todo el peso que le permite el control del Estado y el poderío material de las corporaciones transnacionales en imponer la idea que el papel del Estado es incompatible con la iniciativa individual e incluso con la propiedad privada. Esa imagen del Estado es una falacia.

En las grandes potencias en áreas de tan voluminosas inversiones como la exploración espacial y la industria electrónica participan los consorcios globales, pero la orientación estratégica la deciden los requerimientos fundamentales de los Estados. No hay improvisación ni espontaneismo en los derroteros que deciden el rumbo a 30, 40 o 50 años más.

Esta realidad evidente marca también el curso de las investigaciones tecnológicas esenciales en la robótica y la automatización, la industria automovilística y la cohetería. En los diseños habrá iniciativa individual, en la solución técnica de las características de cada maquinaria, de sus potencialidades frente a la competencia rival, pero la “línea gruesa” se toma en un centro o institución que responde a los intereses estratégicos de un Estado.

Por eso, es tan grave la falacia que los mega consorcios privados han impuesto en las últimas cuatro décadas en Chile adjudicándose la representación del país. La médula de sus proyecciones no representa el interés general de la nación, como es lógico, se trata de un interés particular que no representa el país. 

En consecuencia, se necesita una nueva visión de la misión del Estado, por eso, ha ido ganando fuerza como idea matriz un Estado social y democrático de derechos que, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, tenga como objetivo asegurar la cohesión social, garantizando el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales que el desarrollo de la civilización permite entregarle a cada familia y a cada persona.

El debate está planteado, pero la fractura social que el Estado subsidiario generó, que ha deslegitimado el sistema político y es en la base del estallido social del 18 de octubre del 2019, no se resolverá con la misma receta que fracasó, llegó la hora de un nuevo rol del Estado democrático, plasmado en una nueva Constitución para Chile.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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