El largo proceso del desencanto

Camilo Escalona

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En democracia, los avances económicos habidos en Chile no tienen como correlato los correspondientes avances sociales que generen un ambiente constructivo y de optimismo frente a los desafíos que enfrenta el país. Por el contrario, el desencanto y la desconfianza se extienden por los diversos órganos, conexiones, entresijos y musculatura de la comunidad nacional.

Los gobiernos de la Concertación, hasta el 2009, tuvieron un apoyo social mayoritario y una tolerante comprensión popular con la idea que los cambios necesarios para una vida más justa y digna no se iban a producir de la noche a la mañana o en un abrir y cerrar de ojos. Así, se reconocía que los avances estaban limitados por el bloqueo de los enclaves autoritarios heredados de la dictadura.

Sin embargo, existían elementos, síntomas, ingredientes que indicaban que el tiempo de la benevolente comprensión popular tenía o bien límite o comenzaba a desvanecerse. Uno de tales momentos fue la movilización estudiantil de los estudiantes secundarios, en el primer semestre de 2006, que hizo caer al primer gabinete de la Presidenta Bachelet, a escasos tres meses de haber asumido.

Asimismo, en los 20 años de gobiernos concertacionistas, junto a sus grandes méritos históricos, también hubo fenómenos de corrupción, irregularidades o incumplimientos en la aplicación de las políticas públicas que la afectaron severamente. En suma, las dificultades no fueron sólo el bloqueo de las fuerzas conservadoras resguardadas por los enclaves autoritarios, instalados por Jaime Guzmán para satisfacer las ambiciones de perpetuación de Pinochet y para proteger la transferencia del patrimonio nacional a un sector privilegiado, a través de las "privatizaciones" en los años '80.

En mi opinión, en la transición, tanto hechos desafortunados como condenables errores, se pueden ubicar desde el desfalco de recursos a Codelco -en el "caso Davila", en el verano de 1994-; después vino la lamentable situación de las Casas Copeva, en 1997, cuando las viviendas sociales no soportaron los aguaceros de invierno y, ya habitadas por las familias que tanto tiempo las habían esperado, debieron ser recubiertas por plásticos. Así, en las parlamentarias de diciembre de ese año, ese desastre social trajo consigo un impacto electoral cuantioso.

Luego, desde el 2000 en adelante, sobrevino el caso Mop-Gate, cohecho por sobresueldos a altos funcionarios, un enorme remezón en el sistema político al comprobar la vulnerabilidad del régimen democrático ante la injerencia del dinero en la política. El gobierno debilitado ante la arremetida de la derecha hizo concesiones, en la llamada "agenda pro crecimiento", que alentaron a los operadores del mercado a incrementar abusos y salidas de madre que después conmocionaron al país.

Así, uno a uno, fueron haciéndose públicos los vergonzosos casos de colusión de mega consorcios empresariales para manipular precios y abusar de urgentes necesidades de los consumidores en el plano farmacéutico, alimenticio o financiero, incluso con el papel higiénico, como fuese los megaconsorcios abultaban sus utilidades exprimiendo a la población. Se ratificó que la libre competencia se había convertido en una ficción y que las bondades del libre mercado eran una mascarada ante la colusión oligárquica.

Pero, no obstante esos abusos y la soberbia del autoritarismo neoliberal que provocan un repudio generalizado en la población, debido a la división de las fuerzas de izquierda y centroizquierda, la derecha instaló en la Presidencia, el año 2010, al más genuino representante del proyecto de perpetuación de la desigualdad y los abusos de poder. Lo ayudó decisivamente el candidato ME-O, sostenido por recursos de Soquimich, quien optó por la división de las fuerzas democráticas pensando que posteriormente podría llegar a la Presidencia, pero la investigación por financiamiento irregular de la política desnudo la situación y desplomó esas pretensiones.

Poco después, la segunda vez en que Piñera ganó, el 2018, se entregó sin recato ni control a una retórica triunfalista y autocomplaciente a través de la cual terminó proclamando a Chile como un "oasis" como también invitando a la migración desde Venezuela, pocas semanas después, ante la magnitud de la protesta social, dio un giro en 180 grados y señaló que el país estaba "en guerra".

El conjunto de estos factores, con la derecha económica ejerciendo directamente el poder en la administración de Piñera, en medio de una exasperante desigualdad económica y social, así como, la burla del núcleo neoliberal gobernante ante el rechazo popular generado por el alza del transporte público, derivó en un malestar social que llevó a la crisis social y política de octubre-noviembre de 2019. En ese contexto, se produjo el Acuerdo del 15 de Noviembre que dio curso al proceso constituyente aún vigente.

En marzo del 2022 asumió el Presidente Boric, con un programa de transformaciones que no cuenta con mayoría en el Congreso Nacional, hay una situación política "trabada" en que la derecha bloquea la tarea gubernamental y cierra el camino a las reformas a que aspira un amplio sector de la nación chilena. Además, está la presencia de fuerzas autoritarias y populistas apoyadas por los sectores más conservadores del país. Hay muchas pugnas y confusión ante el aumento de vocerías contestatarias y confrontacionales.

Así, sin lograr avanzar, anhelantes de mejorar sus condiciones de vida, diversos sectores populares se ofuscan y desencantan día a día, al ser testigos del bloqueo de la derecha y las fuerzas conservadoras y de controversias interminables en un escenario político que no abre paso a las reformas que se necesitan para que haya más dignidad y justicia social.

Asimismo, se hace presente un burdo y cínico negacionismo, una pretensión de impunidad por tantos crímenes que partió el mismo 11 de septiembre de 1973, con la destrucción de los restos de Eduardo Paredes y tantos militantes asesinados por defender al Presidente Allende en La Moneda. La siniestra práctica de los detenidos desaparecidos fue una decisión política para ocultar las crueles y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y el uso del terrorismo de Estado como arma de perpetuación en el poder.

La corrupción, los abusos de poder, la desigualdad, la impunidad de tantos crimínales, el cinismo y el desparpajo de los jerarcas del dinero, las disputas políticas estériles, como un ácido lento pero efectivo van debilitando el valor de la democracia.

Todo ello daña la acción política y la gobernabilidad, así crece y se arraiga aún más el desencanto y el malestar popular. Por eso, vivimos un periodo complejo, contradictorio, sin atajos milagrosos, el deterioro de la política democrática obedece a causas de corto, mediano y largo plazo. El camino es largo con altibajos e incertidumbres.

La derecha sabe que es muy difícil resolver el desencanto que se incubo profundamente en amplios sectores sociales. En su egoísmo no les importa Chile, como lo ratificó su rechazo a la reforma tributaria, los fácticos de la derecha se solazan y multiplican su arrogancia con una conducta que perpetua la desigualdad y pretenden dirigir el descontento social hacia el fortalecimiento de grupos extremistas de ultraderecha o claramente fascistas.

Su plan es cerrar el camino, que el gobierno se enrede en sí mismo y en interminables quejas y demandas insatisfechas para luego beneficiarse del desencanto que se afinca en la sociedad chilena, es decir, la derecha lucra y se nutre de las propias lacras estructurales de la desigualdad estructural. No les gusta el pueblo chileno, les guía la ambición de recuperar el poder, no importa cómo, sólo les mueve la idea de volver a controlar el Estado en función de sus intereses económicos y sociales.

De modo que es mucho lo qué hay que hacer para reponer un sentido de pertenencia a la comunidad nacional y vencer el arraigado desencanto existente en amplios sectores sociales, por eso, es relevante que al Presidente Boric le vaya bien y que se inicien las reformas estructurales tan necesarias para Chile. Hay que hacer camino al andar.