Hace 20 años

Eduardo Contreras

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Aquella noche de octubre de 1998 el teléfono sonó varias veces hasta el amanecer. No podía imaginar entonces que era el sonido de la Historia, con mayúsculas. Porque se trataba de la información que desde Madrid recibíamos de parte de los colegas abogados españoles que nos ponían al tanto del curso seguido por la solicitud del juez Baltasar Garzón en la que requería a la autoridad respectiva de Inglaterra la extradición del dictador Augusto Pinochet desde  ese país a España para ser juzgado allí por el genocidio que el criminal había desatado en Chile.

Lo que incluía obviamente la detención del militar a fin de hacer posible su posterior procesamiento.

Era un fin de semana y el oficio del magistrado hispano se había despachado por la tarde. La acción judicial era seguida por el abogado Joan Garcés, conocido por su presencia en Chile junto al presidente Salvador Allende en los años 70 y el abogado Manuel Murillo. Al mismo tiempo era impulsada por los abogados Enrique Santiago Romero, Virginia Díaz y Francisco Pérez.

Enrique, quien más tarde tendría importante participación en el proceso de paz en Colombia que dura hasta nuestros días, es actualmente el máximo dirigente del Partido Comunista de su país. Y fue él, cuando aquí ya empezaba a amanecer, quien nos comunicó la aceptación por Londres del requerimiento y la detención del dictador. Lo que de inmediato trasmití a Gladys Marín en su calidad de suscriptora de la primera querella contra Pinochet aceptada a trámite en Chile, en enero de ese mismo año, un proceso que a esas alturas ya estaba acompañado de más de un ciento de nuevas querellas de familiares de las víctimas.

Es lo que explica que, pese a una sorpresiva llovizna,  cientos de personas saliéramos esa mañana a marchar por las calles de la capital saludando la decisión judicial ante la mirada curiosa del público que no comprendía bien lo que sucedía por cuanto la noticia recién empezaba a circular por el mundo y en Chile poco o nada se sabía a esas alturas.

Dadas las tergiversaciones posteriores por parte de los defensores de Pinochet o por parte de quienes representaban la democracia se la jugaron por salvar al dictador, es preciso que digamos desde ya, que esa decisión de la autoridad británica era plenamente ajustada a Derecho y que esa farsa de “defender la soberanía e independencia de Chile” sólo es apta para ignorantes o para fanáticos de la dictadura.

Porque si bien es cierto que fue en el llamado Estatuto de Roma en donde se codificó de manera expresa la facultad que tienen todos los Estados de la tierra para juzgar crímenes de lesa humanidad - y ese  pacto internacional suscrito y ratificado por Chile fue precisamente en el año 1998 -  también es un  hecho indiscutible la existencia del principio de que tratándose de crímenes de lesa humanidad,  por ser la humanidad toda la ofendida dada la gravedad de los crímenes, todos los Estados tienen derecho al juzgamiento, independientemente de la nacionalidad del criminal o de sus víctimas y del lugar en que se haya cometido dichos delitos.

Este es un principio que desde mucho antes del Estatuto de Roma forma parte del Ius Cogens.

La punibilidad conforme al Derecho Internacional consuetudinario (Ius cogens) de los crímenes de lesa humanidad  fue reconocida ya en la Afirmación de los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal de Núremberg y las sentencias de dicho Tribunal. Es decir, era norma del Derecho Internacional desde antiguo.

Y entonces está en consonancia con el propio Decreto número 5 de Pinochet de septiembre de 1973, que, aunque con intenciones diferentes, hablaba de “guerra” y en donde se  dispuso expresamente aplicables en el país las normas de tiempos de guerra, mencionándose entre otros instrumentos legales los Convenios de Ginebra.

En síntesis, resulta absolutamente claro, y así lo refieren numerosas sentencias de nuestra propia Corte Suprema  que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, todos los Estados de la tierra, además de ajustarse al ordenamiento jurídico interno, deben considerar y tener en cuenta  las disposiciones del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

Por lo cual existe una obligación internacional de “ius cogens” de investigar y sancionar a los autores de estos crímenes, independientemente de la nacionalidad de los partícipes y del  lugar de los delitos.

Todo esto es lo que se hizo realidad, sentando un precedente internacional de primera importancia, precisamente con la detención de Pinochet en Londres

De allí que sostengamos la falsedad de los pretextos empleados por quienes se apresuraron a salvar a Pinochet del justo castigo que debió tener y que invocaron en su favor argumentos supuestamente jurídicos, debiendo saber que eran falsos.

La verdad es que personeros democráticos de un gobierno elegido en democracia, se la jugaron en favor de Pinochet porque era de la esencia del pacto entre la dictadura y los partidos intervinientes que el genocida no fuera tocado ni con el pétalo de una flor.

Así fue el pacto que abrió esta llamada transición a la democracia,.

Pero a pesar de todo ese bochornoso episodio, a pesar del rescate del criminal con la venia del canciller José Miguel Insulza, la detención por más de un año del dictador forma parte importante de la historia de los derechos humanos en nuestro país e influyó de algún modo en el desarrollo de los procesos en Chile y que, en un número superior al millar, se siguen cursando hoy día.

Asunto distinto y muy importante es discernir si efectivamente se ha cumplido la plena transición a la democracia. Porque aquellos políticos que salvaron a Pinochet se justificaron con el argumento que ello aseguraba laestabilidad del tránsito democrático.

Y en ese sentido la circunstancia objetiva que se mantenga hasta hoy el mismo modelo económico que los llamados Chicago Boys impusieron con el aplauso concertacionista, y  que subsista la corrupción, la disminución del papel del Estado, que no se devuelvan las grandes empresas robadas al Estado ¡y que hasta se mantenga la misma Constitución Política de Pinochet ! demuestra lo lejos que todavía estamos del retorno a una democracia plena.

Los acontecimientos de los últimos días revelan además que la conducta de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones dista todavía de lo que es dable esperar en una democracia verdadera. Homenajes a criminales como Krasnoff  Marchenko en el Ejército o a Jorge Barraza en la PDI, a vista y paciencia de las máximas autoridades de ambas instituciones, las que continúan en funciones, no existirían en una democracia que fuera real.

En las condiciones del Chile de hoy sólo la más amplia unidad de todos los sectores democráticos y progresistas puede ser capaz de completar la transición y abrir además nuevos horizontes al país; sobre todo en el difícil contexto de la situación internacional y de una América Latina a pocos días que pueda concretarse el inminente peligro de un mandatario como Jair Bolsonaro en Brasil de claro perfil fascistoide.

Pareciera ser que efectivamente es cierto aquel verso tanguero que señala que … “veinte años no es nada y es febril la mirada…”