Las remuneraciones de la Universidad San Sebastián a un elenco de exministros del gobierno de Sebastián Piñera, en especial, a la ministra de Educación en su segundo mandato, han tenido un impacto enorme en el país, causando una mezcla de perplejidad e indignación como pocos de los abusos y manejos discrecionales del último tiempo.
Unifica y distingue a esa élite sus ideas conservadoras y compartir reaccionarios conceptos frente a avances civilizaciones fundamentales, como derechos reproductivos de la mujer, el reconocimiento de la diversidad sexual y la defensa de la desigualdad provocada por el mercantilismo desenfrenado y sin regulaciones. Es un conservadurismo que también minimiza y desconoce la conflictividad social hasta que detonan los estallidos y revueltas, entonces culpa a la izquierda de lo que sucede repitiendo el más añejo de los libretos de ultraderecha.
De modo que se articuló y financió una élite de pensamiento ultraconservador y antiEstado, lucrando sin respetar el bien común y la misión propia de una casa de estudios. Los hechos indican que los fondos de la casa de estudios provienen de recursos públicos en porcentaje superior al 45%, según informaciones publicadas recientemente.
En consecuencia, se trata de fondos públicos, usados como fuente no reconocida de financiamiento de la actividad política de un núcleo de activistas de posiciones ultraconservadoras. Estos hechos son condenables, es inadmisible desvirtuar y/o manipular de tal manera la función social de una universidad privada, su misión no es realizar lo que a sus controladores les venga en gana. Más aún si recibe una cifra superior a los 100 mil millones de pesos por pagos del CAE, becas fiscales y beneficios estudiantiles.
Incluso más, el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional respectiva establece que se trata de entidades de derecho privado sin fines de lucro. Este caso llega a ser emblemático para indicar cómo la ley se transforma en letra muerta. A tal extremo resulta escandaloso lo sucedido que la diputada de derecha Ximena Ossandón señaló que "cualquiera que quedaba dando vueltas terminaba en la Universidad San Sebastián". Queda claro que son abusos y manejos que dan cuenta de una dimensión insospechada de impudicia, disfrazada de servicio público.
Aunque sea una institución privada, la educación no es un negocio como cualquier otro. Aquí, en la conducta de los controladores y gestores privados, se advierte una codicia irrefrenable justificada por falsas pretensiones de superioridad moral de la ultraderecha. Así se estimula la regresión conservadora, teniendo una caja pagadora que hace del control de una universidad privada un financista.
El encono destemplado como respuesta solo agrava la falta confirmando que la avidez enceguece la más dogmática de las miradas. Con esa actitud, esa derecha ataca sin destino ni control, pero los hechos burlan el buen uso de los recursos públicos, como convenios del Mineduc en la segunda administración de Piñera que parecen adelantar los fondos para remunerarse una vez concluido el gobierno.
Los suculentos pagos recibidos por ese grupo privilegiado de personas están indicando que las poderosas razones doctrinarias que, ampulosamente, esgrimían como guía de sus conductas no eran auténticas sino que una mera excusa o astuta fachada para hacerse de cuantiosos ingresos, imposibles de recibir lícitamente. La única doctrina es el dinero.
Por eso el estupor de la ciudadanía, porque no se pueden predicar altos valores y después cometer cualquier abuso. La franqueza para defender opiniones es una cosa, la caradura es otra. Paradójicamente, obtener dinero de cualquier modo, tiene un alto costo.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado