La Seguridad Pública en el olvido

Lo Prado vivió una jornada de máxima tensión y miedo a causa de los fuegos artificiales y balaceras la madrugada del día jueves pasado. Como este es un fenómeno que se viene repitiendo con mucha frecuencia en toda la zona poniente de Santiago, y particularmente en nuestra comuna, creemos que se hace necesario partir puntualizando que el deber del Estado es la protección de la ciudadanía, sin distinción de clases ni de ninguna otra consideración que se pretenda sostener para justificar su pasividad.

Dada la gravedad de estos acontecimientos, las autoridades comunales han denunciado siempre y reiteradamente, tanto a Carabineros de la comuna como a las autoridades del poder central. Desde luego, así se hizo en este caso.

Sin embargo, confirmando que Carabineros (con una escasa dotación asignada para prestar servicios en Lo Prado: un carabinero por cada 2.000 habitantes) cumplió con asistir como es su obligación, pero debiendo limitar su gestión a una simple comprobación de los hechos luego de confirmar por enésima vez la falta de recursos materiales adecuados para hacer frente a una emergencia de tan alta peligrosidad, todo está por hacer en materia de seguridad para los barrios del poniente.

De acuerdo a las declaraciones de los vecinos, testigos y víctimas de estos atropellos, estas fiestas de fuegos artificiales y balazos a granel ocurren cuando se celebra la llegada de droga o el aniversario de una muerte violenta. Al parecer esto no es un misterio para nadie. Entonces, la cuestión que se plantea el vecindario es por qué, quienes tienen a cargo la seguridad pública de la ciudadanía, no reaccionan de acuerdo al mandato constitucional de proteger a la población. Hay la sensación de un abandono literal de los más pobres, convencidos como están de que los recursos importantes no son para ellos, sino para otras causas que no tienen nada que ver con sus derechos humanos de vivir una vida en paz y segura. Ellos ven con estupor que las comunas del poniente de la Región Metropolitana sigan disminuyendo sus dotaciones de carabineros.

Se observa que en general hay menos carabineros, menos vehículos y mayor burocracia en el funcionamiento de las comisarías. En este sentido, sería muy oportuno transparentar por qué en las comunas del oriente hay hasta 3 ó más carabineros por cada mil habitantes.

Por otra parte, existe mucha decepción de los lopradinos al ver que las autoridades saben perfectamente donde se cometen los delitos y no se observa una voluntad de gestionar acciones concretas. Esta suerte de inmovilismo se puede confundir con desidia, puesto que para resolver los casos se requiere de una coordinación superior a la actual; una sincronización que compromete a Carabineros, PDI, Fiscalía, Tribunales y Gobierno, mediatizado por el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Desde luego, y como corresponde, los municipios hacemos el trabajo de organizar a los vecinos. En el caso de Lo Prado ya contamos con la Unión comunal de Comités de Seguridad, cuya función es trabajar en la prevención, junto al municipio. Una variante para alcanzar barrios más vinculados, y por tanto, más seguros.

En este punto, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, sostiene que el Plan Cuadrante, conocido por los vecinos, debe ser fortalecido o redefinido. Esto, como pequeñas mejoras que el ex alcalde entiende muy bien. Es reconocido por los vecinos que esta herramienta es fundamental para enfrentar los delitos.

Estamos seguros que este estado de cosas puede modificarse activando resueltamente la "priorización" como agente de cambio real. Hace años la seguridad tiene un rango de urgencia que, sin embargo, se viene deteriorando progresivamente.

¿Cuánto habrá que esperar, o qué hechos tendremos que conocer para avanzar en un acuerdo nacional para enfrentar este flagelo? ¿Cuál es el punto de inflexión a que se refiere el ministro? A propósito de los lamentables hechos ocurridos en La Araucanía. Está claro que no tenemos que mejorar los protocolos para respetarnos y aplicar lo que tenemos. Tampoco, enviar leyes sin financiamiento adecuado al parlamento.

El problema de raíz es la tremenda desigualdad territorial, la mala distribución del ingreso, la falta de oportunidades y por supuesto, la mala calidad de la educación pública, entre otros dramas.

A esto se suma como inevitable una reforma a las policías, un acuerdo nacional por la seguridad pública, el fortalecimiento de verdaderos gobiernos locales y mayores recursos para el trabajo del Ministerio Público, todas propuestas conocidas desde hace mucho tiempo.

¿Tendremos que esperar otro escándalo para reaccionar? ¡Cada cierto tiempo se activan las alarmas y nadie sale a mirar!

Al ex alcalde, actual ministro del Interior, que conoce muy bien la realidad de los barrios, le rogamos que mejore o supere el Plan Cuadrante, una tarea modesta pero de gran impacto en la comunidad. Este es un grito más de auxilio de miles de familias cansadas del trato discriminatorio de un Estado que no escucha.

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