La tarea está en desarrollo

Hace más dos años, el 15 de noviembre de 2019, la casi totalidad del arco político firmó el acuerdo que creó una vía institucional para el proceso constituyente en curso, su contenido fundamental es el reemplazo de la fraudulenta Constitución de 1980 y generar, a través de una amplia representación ciudadana, una nueva Constitución, nacida en democracia.

En octubre-noviembre de 2019, el Gobierno de Piñera sufrió una dura crisis, pero el Estado de Chile no se desplomó (como algunos vaticinaron) y los partidos políticos, mediante el Acuerdo del 15 de Noviembre, abrieron una vía pacífica de solución institucional al desafío instalado por las multitudinarias movilizaciones sociales que cambiaron el curso de la situación nacional.

Aunque se quiera menoscabar o ignorar el hecho se constituye en una realidad histórica inamovible, sin el 15 de noviembre no hubiera existido una vía de solución institucional a la crisis y la situación ulterior era imprevisible, vale recordarlo porque el rol de los partidos políticos es insustituible en un régimen democrático.

Desde esa fecha se avanzó en concordar, redactar y aprobar en el Congreso Nacional la reforma constitucional que dio vida institucional al proceso constituyente, estableciendo una ruta en la propia Constitución del '80 que conduce a cancelar su vigencia, una vez que aprobado el texto definitivo en la Convención Constitucional se realice el plebiscito de salida que lo ratifica y convierte en nueva Constitución Política del Estado.

Asimismo, en plena pandemia se hizo el plebiscito ratificatorio de la reforma constitucional y el cronograma a realizar, después se hizo la elección de los convencionales con paridad de género y escaños reservados para los pueblos indígenas, posterior a ello vino la instalación de la Convención Constitucional y la elección de su mesa, el inicio de las deliberaciones y aprobación de reglamentos, la formación de comisiones y sesiones en terreno.

En suma, se ha ido materializando un rumbo gradual de reemplazo de la Constitución autoritaria porque la movilización social consiguió lo que la derecha, amarrada al lastre de la dictadura, negó durante tres décadas, tuvo que ceder a la presión social y de los partidos, de modo que el mismo sistema político cuestionado logró tener una respuesta para enfrentar la situación.

El Presidente electo, Gabriel Boric, al poner su firma en el Acuerdo del 15 de Noviembre de 2019, fue uno de los actores relevantes en la solución que se implementa. Esa firma tan repudiada por algunos fue un factor inestimable en la acumulación de fuerzas que lo llevó a la Presidencia de la República.

Se han dado pasos cruciales, pero hay que advertir, para no caer en un triunfalismo fatal, que la Constitución del '80 aún es la que rige el país y quedan etapas decisivas para lograr su definitiva derogación. La tarea fundamental aún no concluye y si no se llega a la meta lo avanzado se pierde. Ante ello, actuar con el espíritu mesiánico de grupo es simplemente ridículo.

Por eso, sin exagerar el impacto negativo de las muchas votaciones realizadas para lograr la mayoría necesaria que eligiera la nueva presidencia de la Convención Constitucional, no se debe ignorar lo acontecido en esa jornada y mucho menos presentar una sesión en que se impuso la dispersión y un clima errático como ejemplo de ejercicio democrático.

En la Convención Constitucional se ha registrado una severa disputa entre fuerzas políticas que tienen gran responsabilidad en la conducción del proceso para alcanzar el propósito de cerrar la vigencia de la Constitución dejada por la dictadura. A veces el menosprecio de las dificultades induce a persistir en una actitud sectaria y mesiánica.

Una deliberación caótica no debe ser ensalzada como símbolo del ejercicio democrático. Actuar así es un grave error. El proceso en curso no es sólo de carácter ciudadano, también es profundamente político porque hace a la esencia de la convivencia social, se está formulando y definiendo el marco institucional, jurídico-político que se propondrá a Chile como nueva Constitución Política del Estado.

Lo más importante es que se trata de una deliberación entre iguales, no hay representantes de primera y segunda clase. Nadie se puede arrogar la propiedad de la pureza o la posesión de la verdad. Al jurar cada convencional lo hizo por la tarea política, jurídica e institucional para la que se presentó: darle a Chile una nueva Constitución, nacida en democracia.

Cuando se dice que son los "movimientos sociales" el núcleo de la correcta dirección del proceso constituyente, hay que precisar: los actores sociales son esenciales, pero el texto constitucional que se consagre será aquel que alcance los 2/3 en la Convención Constitucional y luego sea mayoría en el país que irá al plebiscito ratificatorio o "de salida", convirtiéndolo en realidad institucional definitiva. Esa es una tarea política.

Así, se debe reconocer porque si se niega ese carácter, político y nacional, al proceso constituyente crece la confusión y se necesita claridad, para que prevalezca la cohesión de la izquierda y la centroizquierda y lograr la nueva Constitución, derrotando el riesgo latente de dispersión que generan propósitos parciales o corporativos. Este inmenso esfuerzo es un gran objetivo político para el bien de Chile. No hay que caer en el absurdo de denostar la política cuando se la practica intensamente.

Hay mucho por hacer aún. En este periodo ensimismarse en la contagiosa autoestima grupal choca directamente con la necesidad de actuar con amplitud y altura de miras, ese espíritu se debe lograr en las próximas jornadas para que Chile tenga una nueva Constitución Política del Estado, nacida en democracia.

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