Las redes sociales como caja negra electoral

Paulina Ibarra

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Hace unos días un sitio de investigación periodística publicó un reportaje denominado "Desinformación en el plebiscito: el vacío legal que dejó a 202 denuncias ante el Servel sin ser investigadas ni sancionadas", el cual deja en evidencia los baches regulatorios que existen en torno al uso político y electoral de las noticias falsas. En dicho informe no sólo se da cuenta de la frustrante acción ciudadana de denunciar este tipo de hechos, sino que la imposibilidad del órgano electoral de siquiera iniciar iniciar una investigación, por no contar con las herramientas legales para hacerlo, por lo que debió archivar ese par de centenares de reclamos.

Sin embargo, no solo existe una falta de sanción a la desinformación, sino también una falta de perspectiva en la normativa del financiamiento político que contemple las nuevas formas y plataformas de difusión. El mismo sitio periodístico, en un reportaje publicado en agosto de este año, señalaba que revisando los registros de Facebook e Instagram -redes sociales que transparentan datos sobre gastos en publicidad- se detectaron que al menos 36 organizaciones no sometidas al control del Servel (ya que no están obligadas a declarar el origen de sus fondos) estuvieron difundiendo contenido a favor o en contra de la nueva Constitución en las primeras semanas del periodo legal de campaña.

Básicamente, cualquier persona natural, con sus propios fondos, puede hacer propaganda política en redes sociales, sin necesidad de registrar esos gastos y de rendir veracidad en la información difundida. Esto potencialmente ocasiona una caja negra donde es muy difícil identificar el origen de las informaciones que aparecen cuando scrolleas en tus redes. Este es un terreno fértil para quienes usan y abusan de las fake news para propósitos no siempre del todo claros.

Por lo mismo, la información que uno ve ¿fue originada orgánicamente o se trata de una campaña pagada por un tercero? ¿Fue pensada dentro de una estrategia electoral presente o futura? ¿Responde a algún interés político en particular? Y si es una información errónea, ¿es parte de la intención influir expresamente en la población? ¿Cómo se responsabiliza quien emite dicha información si es un tercero que no rinde siquiera gastos electorales y tampoco Servel puede investigar?

Son muchas las interrogantes, pero escasas las respuestas, y es probable que este tipo de preguntas se sigan multiplicando a futuro con el avance de nuevas formas de comunicar en el mundo digital. Pasado el fervor del plebiscito, y sin elecciones en el corto plazo, es momento de sacar lecciones en torno a encontrar una manera de regular y legislar el espacio de las redes sociales, para que no prime la opacidad, el anonimato y por tanto la discrecionalidad para hacer y decir sin consecuencias.

Hay información suficiente como para ir delineando esta nueva arena política que supone es el mundo digital. Una de ellas debiera ser cómo incorporamos la realidad online en la rendición de cuentas de los gastos electorales -que si bien existe, claramente sigue siendo muy vulnerable-, para mejorar la transparencia de la actividades de campaña, pero a la vez cómo incorporamos la fiscalización de la desinformación sin caer en la censura.

Lo que está claro es que las redes sociales siguen siendo una zona oscura dentro de la política y que es necesario esclarecer, de lo contrario no sólo tendremos una caja negra, sino que una verdadera caja de pandora, donde todos los males de la desinformación se esparcirán sin control ni regulación.