Ley Inmigratoria, peras y manzanas

Frente a una nueva puesta en escena del gobierno para criminalizar el movimiento migratorio, buscando instalar que parte del contenido del proyecto que actualiza la Ley de Extranjería y Migraciones es un error, sólo queda explicar con peras y manzanas los alcances del texto.

Las indicaciones citadas por La Moneda y el oficialismo ante la opinión pública, tienen por objeto explicitar en el marco inmigratorio la posibilidad de entrar a nuestro país en búsqueda de oportunidades laborales, permitiendo así que las personas que lleguen puedan sincerar sus motivos de viaje.

No responde a una idea de inmigración más abierta o “desregulada” como dice el Gobierno. Los instrumentos para fijar requisitos, condiciones e incluso restricciones para el acceso a los permisos, se encuentran consagrados en diversos artículos del mismo proyecto de ley.

En ese sentido, tampoco es efectiva la afirmación del ministro del Interior respecto que tales indicaciones se “saltan” la política migratoria, lo que además de ser falso, es contradictorio, porque la redacción aprobada establece expresamente que este mecanismo de entrada será determinado justamente por el subsecretario del Interior, a través de Resolución Exenta y de acuerdo a la política migratoria.

Entonces, lo que realmente hace ésta es establecer un permiso para buscar oportunidades laborales, permitiendo así que se reconozcan los verdaderos motivos de entrada, pero a su vez, dejando esta decisión en manos de la autoridad correspondiente, implementándola según las circunstancias particulares del país.

La precariedad laboral de la cual advierte el Ejecutivo es en verdad la irregularidad que se da hoy por el establecimiento de reglas estrictas que obligan al inmigrante a mentir respecto su ingreso a Chile, afectando sus derechos fundamentales y laborales.

La redacción aprobada - y a la que le teme tanto el gobierno - tiene por finalidad transparentar la situación y los motivos de solicitud, controlar el acceso y, por cierto, obtener información para el diseño de las políticas públicas necesarias con tal de gestionar este movimiento y absorber cambios del mercado laboral.

Lo que buscamos es sincerar una situación tan real como cotidiana que al parecer algunas autoridades que critican, no conocen o no quieren reconocer.

En ciertas actividades económicas como la agricultura, servicios o la construcción, se ha requerido la contratación de trabajadores extranjeros que no pueden ser contactados desde sus lugares de origen, y ello se explica no por un antojo, sino por desigual global respecto acceso a Internet, por ejemplo.

Ese es uno de los motivos que explican la necesidad de permitir esta solicitud laboral ya en nuestro país. Y bueno, en el sistema actual, estas personas luego de encontrar trabajo deben pasar por el engorroso proceso al solicitar una residencia, sistema ineficiente que se mantiene vigente desde 1975. Aquello también marca el sentido del cambio, y aspectos a considerar al momento de implementar un sistema de residencias exclusivamente desde el exterior, como exige La Moneda.

Entonces, quedo atento a que el Gobierno explique sin parafernalia, con peras y manzanas si acaso ¿existe plan para reforzar la gestión de los consulados chilenos en el exterior?

La experiencia reciente del cambio en las políticas inmigratorias respecto de haitianos y venezolanos ha dejado en evidencia los problemas operativos para una gestión masiva de solicitudes de residencia o de visa consular de turismo.

Demoras, falta de respuestas e información, entre las más recurrentes. Por cierto, también sería conveniente saber a través de Cancillería si existe algún proyecto para tramitación digital de estos permisos, porque la actual administración ha presentado diversas medidas que la mayor parte de las veces ha provocado innegables demoras, incertezas y vergonzosos problemas de implementación.

También sería bueno esclarecer si se tiene considerado cómo operará el sistema de reclutamiento de trabajadores extranjeros en sus países de origen, un paso que parte por contactar a empleadores, trabajadores y supone la contratación desde fuera del país.

En el caso de profesionales o expertos ello no significa un gran problema, pero sí lo es en el caso de mano de obra menos calificada.

¿Se ha conversado sobre este punto, en particular con empresarios?

Se desinforma respecto que esto podría fomentar la precariedad laboral, pero ¿qué medidas ha tomado el ejecutivo en la fiscalización de las empresas que hoy contratan a trabajadores inmigrantes?

Otro punto relevante es saber ¿cómo se abordará la problemática del ingreso irregular al país? La experiencia indica que, a mayores restricciones, aumenta el ingreso clandestino. ¿Dónde se pondrá el acento en la fiscalización inmigratoria dentro del territorio nacional? Si pretenden que este sistema resulte, debe haber campañas de información y fiscalización, por ejemplo.

Lamento entonces constatar que en las últimas intervenciones del gobierno se ha hecho lo contrario, impulsando una campaña de desinformación respecto los alcances reales del texto que establece una política pública de un marco migratorio, el que debiera trascender a la necesidad de popularidad del gobierno de turno. 

El proyecto que busca demonizar el Gobierno, estudiado en conjunto con el Ejecutivo por un equipo transversal que participó en la Comisión de Hacienda que presido, se preocupó no sólo del resguardo de derechos fundamentales del inmigrante en el marco de nuestra legislación. Convengamos en que debemos corregir cualquier tipo de discriminación contenida en propuestas oficialistas, así como garantizar expresamente la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes respecto sus garantías.

Por cierto, se resguardó el debido proceso en todas sus etapas, y se propuso una salida transparente respecto la irregularidad que se pudiera producir en un fenómeno migratorio que es tan inherente como necesario en un país inserto en la comunidad internacional.

Decir lo contrario es una caricatura innecesaria e irresponsable.

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