Los billones en Defensa, deben ser para atacar al Coronavirus

Alejandro Navarro Brain

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El World Factbook de la CIA, aquella famosa página web de la agencia estadounidense que muestra los gastos e ingresos generales de todos los países del orbe, indica que Chile destina un 1.9% (año 2018) de su Producto Interno Bruto en asuntos militares, lo que lo sitúa en el lugar 49° en el mundo.

Esto lo confirma el Banco Mundial y distintos organismos a nivel internacional, que también ratifican que países como Finlandia, Noruega o Suecia, gastan apenas un 1.4, 1.6 y 1.0% de su PIB respectivamente en esta materia.

Ahora, si lo llevamos al espacio Latinoamericano, nuestros países gastaron en capacidades estratégicas de defensa nacional aproximadamente 55.600 millones de dólares (año 2018), lo que significó un aumento en 3,1% respecto al año anterior, y superando la media global que se situó en un 2,6%.

Dicha tendencia durante el 2019 reportó una caída del 0,9%; no obstante, Chile, Brasil y Colombia mantuvieron su crecimiento sostenido.

Efectivamente, Chile ocupó un 7.4% del Presupuesto Anual de la nación en materias de defensa, lo que se ejemplifica con la compra por parte de la Armada de Chile de dos fragatas usadas a Australia, las HMAS Melbourne y HMAS Newcastle, barcos que entraron en servicio en la Armada Real Australiana (RAN) a inicios de los 90, siendo dadas de baja el año pasado, y por las que nuestro país pagó 70 millones de dólares.

Todo lo anterior es relevante, pues estamos frente a una pandemia mundial, a una crisis en todos los estratos de la sociedad generada por el infame virus Covid-19, y que nos ha revelado no solo que no estamos preparados como país para enfrentar una emergencia de esta magnitud, sino que además, no hemos dispuesto los recursos suficientes para ello.

Por ello, creemos que en conjunto a los países de Latinoamérica, debemos materializar una moratoria del gasto en capacidades de defensa de las fuerzas armadas; es la voluntad política de muchos en el Senado de la República para lo que se refiere al Año Fiscal 2020, de forma que se concrete una reasignación de las partidas presupuestarias, incorporando la redistribución en el diseño del Presupuesto de la Nación para el próximo período.

 Pues la enorme envergadura de la crisis sanitaria y económico–social provocada por el COVID–19 requiere soluciones audaces en materia de políticas públicas y puede ser acometida por dos caminos principales.

Primero, con un incremento de inversión pública avanzando a un gasto del 10% del PIB para resolver las externalidades del Coronavirus y segundo, y de forma complementaria, reasignando recursos ya disponibles en el presupuesto fiscal, con el criterio básico del buen gobierno de otorgar prioridad a lo fundamental, en este caso, considerando prioritario garantizar la vida, la salud y el bienestar de la población, particularmente de los más vulnerables, así como del conjunto de los trabajadores y de la clase media.

En Chile se promulgó la Ley Nº 21.174 que estableció nuevo mecanismo de financiamiento de capacidades estratégicas de la defensa nacional y derogó la Ley Reservada del Cobre, que había reportado a las Fuerzas Armadas un aporte aproximado de 14.000 millones de USD en el periodo 2004–2017, periodo en el cual el gasto alcanzó un 50% de ese monto, lo que permitió generar un remanente a favor del nuevo sistema de financiamiento, por lo que allí habrían también US$7.000 millones que se podrían destinar al combate a esta pandemia.

El politólogo Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Saúde (IEPS) de Brasil, lo deja muy claro en una columna en The New York Times: “América Latina puede convertirse en la mayor víctima del COVID-19...la región no está preparada para la propagación del virus y se puede esperar un escenario aún más complejo que el europeo…si las autoridades sanitarias y los gobiernos de nuestros países no adoptan acciones inmediatas para fortalecer sus sistemas de salud. Combatir una pandemia que afectará a una parte significativa de la población no solamente es cuestión de inversión sino de un agresivo y eficaz redireccionamiento de los recursos existentes para disminuir sus efectos”.

Es más, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió que se avecina una recesión global que hará que el PIB de la región decrezca, que el desempleo aumente y que millones de personas entren a la pobreza.

Por ello es que se hace fundamental esta moratoria que proponemos respecto del gasto en defensa de nuestro país en conjunto a las naciones vecinas, ya que permitirá redoblar esfuerzos sanitarios y sociales, poniendo liquidez en la economía y gastando en lo más importante, la gente.

Debemos entonces abrir este debate, pues el gobierno está equivocando el camino de los ajustes y reasignaciones presupuestarias, quitando dinero a las regiones y a instituciones como Bomberos, y quedando aun al debe en materia del sistema público de salud, lo que se evidencia durante esta pandemia.

Es más, de acuerdo al World Factbook antes mencionado, Chile destina un 8.5% de su PIB a la salud, teniendo apenas 1.08 médicos y 2.2 camas de hospital por cada mil habitantes. En cambio, Finlandia ocupa el 9.5% de su PIB para la salud, y tiene 3.81 médicos y 4.4 camas por cada mil habitantes. En el caso de Noruega, es 10.5% del PIB, 4.63 médicos y 3.8 camas por 1000 personas y en Suecia, es de 10.9% del Producto Interno Bruto para la salud, 5.4 médicos por cada mil habitantes y 2.4 camas de hospital por cada mil habitantes.

¿Y por qué la comparación con estos países? Porque diversos gobiernos y ministros han señalado desde La Moneda que ellos son el ejemplo a seguir, sobretodo en educación, donde vale también señalar que mientras Chile ocupa un 5.4% de su PIB en esta área, Finlandia destina el 6.9%, Noruega el 8% y Suecia el 7.7%; es decir, destinan los recursos del Estado de manera correcta.

Por ello es que es necesario que el Gobierno de Sebastián Piñera entienda que enfrentamos la batalla más importante de todas, no la de Santiago, sino la de Chile contra el Coronavirus, contra los contagios y las muertes, y que además de las cuarentenas, requiere de financiamiento por parte del Estado para combatirla.

Y más allá del endeudamiento que Chile debe y puede hacer, una forma de mitigar los efectos adversos del crédito es reorientar el gasto interno, lo que permitirá aumentar los recursos necesarios para enfrentar la crisis.

Ello fundamenta la necesidad que se alcance un acuerdo político para la moratoria en el gasto en capacidades estratégicas de defensa nacional, permitiendo disponer de recursos propios para enfocarlos en mitigar los efectos económicos y sociales, y elevar así la disponibilidad de recursos para enfrentar la pandemia.

La mayor parte del Senado está de acuerdo. Esperamos que nuestro Gobierno y los países vecinos lo entiendan, y apliquen la moratoria, pues esta vez, la mejor defensa que podemos tener es contra el Coronavirus. Y es una batalla que solo ganaremos todos unidos.