Menos impuestos, ¿pero a costa de qué?
En los últimos días hemos conocido los lineamientos de la denominada "megarreforma" impulsada por el Gobierno, que entre sus principales medidas contempla una reducción gradual del impuesto de primera categoría que pagan las empresas, llevándolo desde el actual 27% hasta 23%.
Sus defensores sostienen que esta medida permitirá aumentar la inversión, generar empleo y dinamizar la economía. Son objetivos legítimos que cualquier autoridad responsable debiera valorar. Sin embargo, existe una pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿Cómo se financiará aquello que el Estado dejará de recaudar?
La discusión tributaria suele abordarse desde consignas ideológicas, pero los datos internacionales permiten analizarla desde una perspectiva mucho más objetiva. Si observamos a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Chile forma parte desde hace más de una década, veremos que las naciones desarrolladas no financian sus Estados únicamente a través de impuestos a las empresas.
Por el contrario, sus sistemas tributarios descansan sobre tres grandes pilares: impuestos corporativos, impuestos a la renta personal y contribuciones a la seguridad social. Y es precisamente en estos dos últimos donde Chile presenta una diferencia significativa respecto de los países desarrollados.
Mientras el promedio OCDE obtiene cerca del 24% de su recaudación tributaria a través del impuesto a la renta personal, en Chile esta cifra apenas supera el 9%. Del mismo modo, mientras las contribuciones destinadas a financiar sistemas públicos de salud, pensiones y protección social representan más de una cuarta parte de la recaudación promedio de la OCDE, en nuestro país apenas alcanzan una fracción de aquello.
Paradójicamente, Chile ya es uno de los países OCDE que más depende de los impuestos pagados por las empresas. Es decir, no tenemos un problema de baja recaudación empresarial en comparación internacional; tenemos un problema de debilidad en otros mecanismos de financiamiento que permiten sostener servicios públicos robustos y sistemas de protección social modernos.
Por eso, si el país decide avanzar en una rebaja del impuesto corporativo, esa decisión debiera necesariamente ir acompañada de una discusión seria respecto de cómo fortalecer los otros pilares de financiamiento que hoy nos mantienen rezagados frente a las economías desarrolladas. Lo contrario implica asumir que simplemente tendremos menos recursos para financiar salud, educación, seguridad, infraestructura, vivienda y programas sociales.
La evidencia regional también resulta ilustrativa: Brasil recauda alrededor del 32% de su Producto Interno Bruto en impuestos. Uruguay supera el 27%. Costa Rica bordea el 25%. Chile, en cambio, se ubica cerca del 20%. Es decir, incluso dentro de América Latina existen países que han logrado construir mayores capacidades estatales y sistemas de protección social más amplios mediante estructuras tributarias más robustas.
La pregunta entonces no es si debemos promover la inversión o el crecimiento económico. La verdadera discusión es si queremos hacerlo debilitando la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía. Porque cuando el Estado recauda menos, las necesidades no desaparecen. La salud sigue requiriendo recursos, la seguridad continúa siendo una prioridad, los municipios deben seguir prestando servicios y las familias siguen necesitando apoyo cuando enfrentan dificultades.
Por ello, una eventual rebaja del impuesto a las empresas no puede analizarse de manera aislada. Si el país decide avanzar en esa dirección, debiera acompañarla de mecanismos que fortalezcan aquellos pilares donde Chile se encuentra rezagado respecto de la OCDE, particularmente la recaudación proveniente de la renta personal y de la seguridad social.
De lo contrario, no sólo nos alejaremos de los estándares tributarios de los países desarrollados. También estaremos optando por un Estado más pequeño, con menos herramientas para garantizar derechos y corregir desigualdades.
La experiencia internacional demuestra que las sociedades con mayores niveles de bienestar no son aquellas que simplemente cobran menos impuestos, sino aquellas que logran financiar de manera sostenible servicios públicos de calidad y sistemas de protección social robustos.
La discusión de fondo, entonces, no es cuánto recaudar, sino cómo construir un país que combine crecimiento económico con cohesión social. Porque cuando el acceso a la salud, la educación, la seguridad o una vejez digna depende cada vez más de la capacidad de pago de cada persona, no avanzamos hacia el desarrollo. Avanzamos hacia una sociedad más desigual y más fragmentada.