Nos han privado del sentido de la educación superior

Una de las falencias que presenta el sistema de Educación Superior chileno es la falta de asignación de roles claros entre los distintos actores del sistema.

Lo que hoy tenemos en este ámbito es una distribución difusa, lo que periódicamente termina por explotar en conflictos donde nadie se hace cargo, siendo las y los estudiantes, y sus familias, los principales afectados.

Hoy, son ellas y ellos, los estudiantes y sus familias quienes exigen igualdad de condiciones para financiar sus estudios. Sean privados o “públicos”.

La necesidad de una reforma a la educación superior se convierte en una verdadera controversia social: solo muestra el desacuerdo que existe sobre un acuerdo, necesitamos una transformación estructural al sistema. Pero, ¿de qué tipo?

A mi parecer, el punto de partida se relaciona con desconfigurar la decisión arbitraria con que el sistema dividió a las instituciones, y en consecuencia, a sus estudiantes. La educación superior en Chile se sostiene en una estructura que no responde a la realidad actual producto de su misma operación y hace vista gorda al sentido que ella misma tiene para la sociedad.

En este sentido, bajo el supuesto de mayor desarrollo país, la masificación sentó las bases de una educación superior privada desigualmente desigual.

En la práctica ninguna institución cumple cabalmente con la necesidad de integración social, es decir, no concentrar de manera excluyente a un sector socioeconómico.

Las instituciones, sobre todo las privadas, no han sabido salir del resguardo que un financiamiento sustentado en los aranceles les podría brindar. Con ello, para lograr romper con la homogeneidad social, sus estudiantes (mayoritariamente de los quintiles más bajos) acceden a la educación superior solo gracias al crédito.

Bajo la discusión del lucro, los actores entrampan más aún el fondo de una reestructuración total del sistema. Siendo que ni las leyes de la dictadura aceptaron el lucro en las universidades, ¿por qué ahora, solo porque algunos lo hacen, esto se debiese aceptar/transparentar?

A todas luces, las diferencias entre las instituciones privadas confunde la discusión. La excelencia de algunas universidades privadas sin recursos directos del Estado es tan cierta como que la mayoría de éstas no integran socialmente o no cuentan con espacios democráticos/triestamentales de decisión. Más bien, se estructuran bajo criterios decimonónicos de gobierno.

Por otro lado, el ministro de educación ha mostrado los beneficios de no interlocutar con todos los actores juntos.

Sin embargo, autónomamente es deber que estos actores concuerden, sin el gobierno, cómo asumir operativamente el derecho a la educación como un derecho constitucional y nunca más como un privilegio.

En parte, porque pareciera ser el único elemento que los agrupa. Pero también, porque son ellos quienes se enfrentan diariamente a las desigualdades del sistema.

En este sentido, en mi opinión, los actores debiesen convocar a una sola demanda porque el Estado fuera el responsable de proveer y fiscalizar que se cumplan estándares que aseguren calidad y equidad dentro de los establecimientos de Educación Superior, y que esta oferta se encuentre asegurada para todos y todas. Pues, no podemos seguir orgullosos de un sistema donde todas las instituciones deben sobrevivir del bolsillo de las familias.

Si bien, la responsabilidad del Estado debe enfocarse en garantizar un sistema de acceso que privilegie la igualdad de oportunidades, proveer los recursos para contar con establecimientos de excelencia, y la acreditación del trabajo interno que las universidades realizan (fijación de aranceles, selección de estudiantes, curriculums impartidos y pertinencia con necesidades país, calidad docente, etc.).

Para un nuevo sistema, el punto de acuerdo desde todas las instituciones es terminar con los aranceles como piedra angular del financiamiento universitario, y sus perversas consecuencias como el endeudamiento (institucional y estudiantil) desigual.

La discusión entre “privadas” y el dialogo entre los actores, no debe estar en el lucro y su transparencia. Sino, en los criterios comunes en que todas las instituciones puedan coordinar y en base a éstas puedan garantizar, al menos:

1. Apertura a la sociedad: promoviendo la integración social, es decir, no concentrar de manera excluyente a un sector socioeconómico.

2. Carácter pluralista: contar con libertad de cátedra y asociación;

3. La existencia de una estructura participativa y democrática, con un gobierno universitario elegido por la respectiva comunidad y provisto de representación triestamental.

Desde una mirada renovadora resulta insostenible pensar un nuevo sistema de Educación Superior que no contemple el aporte que el sector privado pudiese llegar a realizar.

Sin embargo, para que las y los estudiantes tengan una relación que permita igualar el financiamiento de sus estudios, como eliminar el abusivo Crédito con Aval del Estado, sus instituciones deben hacer mucho más que transparentar el lucro.