Chile está preparado para tener armas particulares para la defensa del hogar, porque el Estado ha sido incapaz de garantizar un derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución: el derecho a la vida y a la integridad física.
No hay un día que en los matinales no veamos lo mismo: robos en lugar habitado y no habitado, a plena luz del día, con multitud de gente. Familias amarradas y ultrajadas dentro de sus casas en Calera de Tango, San Bernardo, Buin o Paine. Locales asaltados con dependientes adentro. Y lo más grave: una familia durmiendo en el segundo piso que escucha los pasos del delincuente abajo, en flagrancia, y no puede hacer nada.
Según el Índice Paz Ciudadana 2025, el 35% de los hogares fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses y el 39,7% de las personas ha visto balaceras en su propio barrio. El 96% de las familias ha cambiado sus hábitos por temor. Esa es la realidad, no la ficción de la tribuna.
Y todo esto es por falta de justicia rápida, oportuna y justa. El sistema está debilitado, coartado. El Gobierno no se atreve a decir lo que todos vemos: muertes directas, colaterales, fusilamientos a mano armada, delincuentes con armamento de un calibre que ni Carabineros ni las FF.AA. usan a diario.
No le echemos la culpa a Carabineros. No dan abasto. Entre ruidos molestos, violencia intrafamiliar, partidos y asaltos, la dotación no alcanza. El ciudadano que paga sus impuestos se queda solo.
Digámoslo con análisis: ¿Cuán efectivo ha sido aquel ciudadano que, con su arma debidamente inscrita conforme a la ley 17.798, se vio envuelto en un atraco en su hogar y logró repeler al perpetrador? Quien ingresa a un hogar está dispuesto a todo. La ley lo reconoce: el Código Penal en su artículo 10 N° 4 establece la legítima defensa privilegiada de la morada.
Mi punto es claro. Así como se exigen requisitos para un crédito, para viajar al extranjero o para subir a la montaña, con protocolos, es hora de que con los protocolos exactos, el ciudadano que cumpla todo lo solicitado pueda tener su arma para proteger a su familia. Y por favor, que no me vengan con que "no es seguro que un civil tenga un arma". Eso ya es una falta de respeto.
Les han robado armas y municiones en cantidades apocalípticas a las mismas instituciones. Solo en 2025: dos fusiles de guerra robados en el Regimiento Maipo de Valparaíso y otros dos fusiles robados a la Armada en el Fuerte Aguayo de Concón. Ciper documentó, entre 2012 y 2022, 38 casos con 54 uniformados condenados por robo o venta de armas, con fusiles vendidos hasta en $2 millones. Hay causas abiertas. No son todos, dicen para la tribuna, pero la ciudadanía ya no cree.
El narcotráfico y el terrorismo penetraron. Lo demás es música. De los matinales salen uno o dos casos, pero los que no cubre la prensa son cientos. Por eso, antes que sea tarde, el legislador debe ingresar un proyecto de ley donde, por muy garrafal que suene, llame al ciudadano común a que saque su arma para proteger su vida y la de su familia. Porque esto ya penetró y ellos lo saben.
¿Por qué esta solicitud? Sencillo: por mucho que demos facultades a Carabineros por ley, lamentablemente no hay disponibles y para formar uno al menos debe pasar un par de años. ¿Y mientras tanto qué? Además el delincuente pensará ahora esa casa tendrá armas.
Reflexión táctica: protocolo versus defensa vital
Un carabinero, por formación y protocolo, no llega y dispara. Apunta a zonas de menor riesgo lesivo, a los pies. Es un funcionario del orden. El civil que asista al menos una vez al mes al club de tiro para familiarizarse con su arma inscrita, con el tiempo sabrá usarla perfectamente.
Aquí lo crudo pero real: cuando un delincuente enfrenta a la policía, tiene una cierta tranquilidad, sabe que jamás un carabinero le disparará a la cabeza por protocolo.
En cambio, al delincuente le teme mucho más al dueño de casa. Sabe que es un civil y que levantará su arma al busto, y ahí sí le puede llegar a la cabeza. No se debe a un protocolo, se debe a la vida de su familia.
En mi opinión, un delincuente le teme más a un civil con arma que a un carabinero atado a su protocolo. Y ese temor, siempre dentro de la legítima defensa racional, proporcional y privilegiada de la morada que consagra el artículo 10 N° 4 del Código Penal, es la disuasión real que hoy necesitamos.
Proyecto para la Defensa del Hogar: reconocer la defensa del hogar como causal expresa y prioritaria en la ley 17.798; exigir examen psiquiátrico y toxicológico anual, trazabilidad de munición y caja fuerte certificada; y curso obligatorio de legítima defensa y tiro bajo norma.
No es populismo. Es sensatez. Si el Estado no alcanza a llegar, que deje que el padre de familia, con todos los resguardos, defienda su vida y su propiedad, porque hoy el narco, la delincuencia y los terroristas les ganaron al sistema. Esto es un hecho. No soy legislador, ni me gustaría serlo, pero vean las noticias diarias, el fortalecer a Carabineros NO resolverá la situación caótica que vive Chile.