Nueva Constitución: derechos al debe
La expectativa de un nuevo pacto social para las próximas décadas nos remite a un horizonte en que todas las personas que habitan el país puedan desarrollarse plenamente y sus derechos sean protegidos. Ello debe incluir el debido reconocimiento, garantía y protección los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de mujeres y hombres en su diversidad, pero lo cierto es que hasta ahora es bien limitado lo que se propone. A esto se suma que la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico es deficiente, pues no se le da de manera explícita rango constitucional, lo que debilita gravemente su aplicación.
Si bien estas y otras preocupaciones deben ser revisadas y corregidas si queremos contar con una nueva Constitución que garantice adecuadamente los derechos de todas y todos, también hay asuntos cruciales en la experiencia de vida de las mujeres que no están debidamente recogidos. El anteproyecto presentado por la Comisión Experta omite considerar los cuidados, la paridad, la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Ello, pese a las demandas largamente sostenidas por los movimientos de mujeres y a la relevancia que dichas temáticas tienen en la agenda global de derechos humanos.
De ahí que durante la etapa de participación ciudadana ingresaron al debate iniciativas populares de normas (IPN) constitucionales en las materias mencionadas y otras, como derechos de las personas con discapacidad, derecho de las y los trabajadores y derechos de las infancias y adolescencias, entre otras.
Al conocer las enmiendas presentadas en el Consejo Constitucional, la primera alarma que surge tiene relación con la propuesta que busca restringir los derechos de las mujeres y niñas, y derogar la ley de aborto en tres causales. Desde el Partido Republicano, Renovación Nacional (RN) y Evopoli se busca consagrar en la nueva Constitución la "protección de vida del que está por nacer" y retroceder en las garantías de los derechos de las mujeres y las niñas que tantos años ha costado incorporar en la legislación chilena.
Pero además preocupa que ninguna propuesta de la Unión Demócrata Independiente, RN, Evopoli y Republicanos -que en conjunto cuentan con mayoría en el Consejo Constitucional- se oriente al reconocimiento y protección de los cuidados y de quienes cuidan. En esta materia, además de IPN promovida por Comunidad Mujer, la asociación Yo Cuido y el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, se cuenta con una enmienda presentada por consejeras/os constitucionales oficialistas, pero su aprobación requiere de un acuerdo transversal.
En cuanto a paridad, se ingresó la IPN "Nada Sin Nosotras", de Corporación Humanas, Centro de Estudios de la Mujer y Observatorio de Género y Equidad, y se cuenta con enmiendas de consejeras/os oficialistas. En tanto, las propuestas de partidos políticos de derecha apuntan a debilitar los mandatos en que el texto de anteproyecto alude a la representación paritaria, proponiendo que en lugar de "asegurar" el acceso igualitario de mujeres y hombres, baste con "promover" o "favorecer".
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el Consejo Constitucional deberá pronunciarse respecto a la iniciativa popular ingresada a tramitación, pues no se ingresaron enmiendas al respecto. Tampoco se conocieron propuestas de consejeros/as constitucionales para enfrentar la violencia de género, que afecta principalmente a mujeres y niñas.
Por lo tanto, más allá de la baja sintonía que la ciudadanía expresa con el proceso constitucional actual, es necesario que alcemos la voz ante estas falencias del anteproyecto constitucional y que podrían ser remediadas durante el debate en curso. No podemos permitir que la norma fundamental que regirá a todas las leyes y políticas públicas de nuestro país en las próximas décadas retroceda en materia de derechos humanos y de las mujeres.
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