Nueva Constitución, la reforma de la trampa
La Presidenta Bachelet firmó el proyecto de reforma constitucional con el que pretende avanzar en el itinerario de nueva Constitución. Además de un evidente retraso, un sinnúmero de elementos nos demuestra que estamos en presencia de una reforma que tiene trampas políticas y jurídicas. Dentro de las trampas jurídicas, se encuentra el hecho que el itinerario fue cambiado.
En efecto, Bachelet había dicho que este Congreso habilitaría al siguiente para que aquél definiera el mecanismo de discusión de la nueva Constitución. En octubre del 2015 señaló: “En esta reforma, propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva”. El Estado invirtió recursos en publicitar un itinerario que ahora no es, pues el proyecto del Gobierno pide que este Congreso apruebe la creación de una “Convención Constituyente” que aprobará una nueva Constitución. No ha habido explicación suficiente en relación a este “pequeño” cambio.
La segunda trampa jurídica es que la reforma plantea un mecanismo para cambiar los quora de reforma constitucional por secretaría. En efecto, el actual texto define que los mecanismos democráticos de acuerdo son más exigente según las materias a tratar.
Así, por ejemplo, para reformar el capítulo sobre derechos constitucionales, se exige un quórum de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Para otras materias orgánicas, se exige sólo 3/5.
Pues bien, la reforma contiene una trampa jurídica en orden a sustituir enteramente la Constitución a través de un mecanismo único de 3/5 (esos votos los tendría el gobierno). La propuesta sostiene que se respetarán los quórum del artículo 127 de la actual constitución, por lo que la convención constituyente aprobará el texto de Nueva Constitución con el quórum de 3/5.
La tercera trampa, es el hecho que se le priva al Congreso de la función que es propia, la de legislar, y se le entrega a un organismo ad-hoc la aprobación de la Nueva Constitución. La convención propuesta por Bachelet no tiene por objeto proponer un texto al Congreso sino aprobar derechamente la Nueva Constitución. El problema es que el artículo 5º del texto vigente de nuestra Carta Fundamental dispone que la soberanía reside esencialmente en la Nación y que “ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.”
Ahora, también hay dos trampas políticas. La primera de ellas, resulta insólito - al borde de los irresponsable - que el Ejecutivo proponga discutir un mecanismo de reforma sin saber cuál es la visión constitucional de fondo que el gobierno nos propone a los chilenos. Pareciera ser que lo único importante es cumplir con el itinerario y culpar a la oposición de no dar los votos para avanzar el itinerario (el gobierno no tiene los 2/3 que se necesitan para aprobar la convención).
Se dirá, entonces, que no hubo cambio a la constitución por culpa de la derecha, cuando es el propio Gobierno quien no ha sido capaz de persuadir con una sola idea lo que se quiere modificar. La segunda trampa, es que la consigna vacía es lo único que mantiene unida a una coalición que parece estar en sus últimos estertores políticos. Esto con la idea evidente de intentar hacer de la elección de noviembre, un nuevo plebiscito sobre el “sí” y el “no”.
Una reforma sin voluntad política, sin contenido, sin fondo… que mantiene una consigna (nueva constitución) con una evidente intención electoral. En suma, la reforma de la trampa.
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