En abril de este año, más de 11 millones de documentos confidenciales fueron filtrados hasta llegar al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En ellos se develaba el ocultamiento de ganancias y evasión tributaria que hicieron diversos líderes de la política mundial y grandes empresarios a través de una firma de abogados, en el caso conocido como los “Panama Papers”.
Los implicados se hacían propietarios de compañías inscritas en un paraíso fiscal, las llamadas sociedades offshore; con ello podían utilizar maniobras elusivas tales como, evitar el pago del impuesto a la herencia, la prestación de servicios ficticios a sociedades relacionadas al mismo propietario con domicilio en otro país, o que esas mismas compañías off shore actuasen como prestamistas de organizaciones en otros lugares, con dineros que salían legalmente del paraíso fiscal.
Los Panama Papers no develaron nada nuevo. Sin embargo, se hizo presente para millones de personas en todo el mundo que no conocían de este modus operandi, el cual por muchos años ha sido y hoy en día sigue siendo usado, por empresarios, accionistas y políticos con grandes recursos financieros.
De esta forma, hasta abril y pese a ser un secreto a voces, nadie parecía verlo como algo ilegal, “una práctica muy común entre los capitalistas del mundo, es llevar sus dineros a países donde los impuestos son más bajos”, era la clásica respuesta de muchos, pese a que tanto las Naciones Unidas, como la Unión Europea, el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales, han dictaminado que las sociedades offshore de los paraísos fiscales, no solo facilitan el lavado de dinero, sino que propician acciones tales como el narcotráfico y el terrorismo.
Y efectivamente, no solo empresarios que quieren evadir impuestos en sus países de origen las utilizan. También corporaciones y organizaciones de todo tipo, siendo incluso las mayores entidades terroristas de estos tiempos, ISIS y Al Qaeda, quienes se siguen beneficiando de ellas para blanquear dinero.
Es decir, a fin de pagar menores contribuciones, un inversor tendrá la mayor parte de sus dineros, ocultos, en una sociedad offshore de un paraíso fiscal. El problema es que dichos recursos podrían estar en la misma compañía ficticia donde se guardan las ganancias del petróleo que vende el Estado Islámico, o donde se acumulan los fondos recibidos para el rescate de cientos de secuestrados por los terroristas.
Por otra parte, la filtración de documentos emergida este año, develó la creación de miles de empresas en paraísos fiscales. Sin embargo, Panamá ni siquiera está en el top ten de estos a nivel mundial, siendo los primeros tres, Suiza, Hong Kong y Estados Unidos, donde se calcula que un cuarto del dinero mundial está oculto.
Más aun, los bancos suizos tienen en su poder US$1.9 trillones que sus dueños no han informado en sus países. En otras palabras, un capitalista chileno podría tener mil millones de dólares en el paraíso fiscal europeo, pero no haberlo declarado en el Servicio de Impuestos Internos.
Y de esa forma es como se afecta a nuestro país. Pues empresarios tales como Agustín Edwards, Hernán Büchi o Sebastián Piñera, no quieren sacar sus dineros de los paraísos fiscales, ni quieren que estos o sus utilidades vuelvan a Chile, pues tendrían que pagar los impuestos de internación o de herencia.
Lo dantesco es que esto no es ilegal. Aún. Pero sin duda, es tremendamente inmoral.
Y no queremos que siga ocurriendo. Por ello hemos presentado un proyecto de Reforma Constitucional, el que tiene como fin dictaminar que de ahora en adelante, sea una inhabilidad para quien quiera ser Presidente de la República, o busque ejercer un cargo de representación popular o de funcionario público, quien durante los 5 años previos a la elección o durante su mandato, mantenga por sí o por intermedio de terceros o empresas relacionadas, inversiones en paraísos fiscales o en empresas offshore.
Esperamos por tanto que el Gobierno, así como los candidatos presidenciales de derecha e izquierda, apoyen esta reforma y se le otorgue la urgencia que requiere, pues lo que más le duele a los chilenos y chilenas, es que todos estos impuestos que están siendo evadidos, servirían para financiar los planes de desarrollo del país, particularmente los sociales.
La misma Cepal ha indicado que el fin de los paraísos fiscales, significaría US$ 340 mil millones más para las arcas de la nación, de los cuales se podría haber tomado una parte para mejorar el reajuste de 3.2% entregado al sector público, que estuvo paralizado por 3 semanas por un mejor salario para sus trabajadores.
Por ello espero que en un acto de mínima coherencia, de contrición, de respeto por el país y por el bien superior de la nación, empresarios tales como Sebastián Piñera, quien además busca volver a La Moneda, traigan de regreso a Chile su fortuna desde los paraísos fiscales y paguen los impuestos aquí, pues de ellos se podrán beneficiar no solo los 17 millones de habitantes, sino que también las futuras generaciones.
De otra forma, la inmoralidad de este acto les pasará la cuenta tarde o temprano, pues ha quedado más que claro que las sociedades offshore de los paraísos fiscales, son entidades que rayan en la ilegalidad y lo que es peor, propician acciones que colindan con el lavado de dinero, el narcotráfico y por cierto, el terrorismo de agrupaciones como Al Qaeda o ISIS, que utilizan estos artilugios para continuar financiando sus operaciones a nivel mundial, entre ellas secuestro, extorsión y atentados, que han costado la vida de miles de personas.
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