Pinochet: gato de campo, corrupción y secreto bancario

Leonel Sánchez Jorquera

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La figura de Augusto Pinochet sigue siendo un tema incómodo para la derecha chilena. Mientras algunos intentan justificar o minimizar los crímenes de la dictadura, otros prefieren ignorar un aspecto igualmente oscuro de su régimen: la corrupción sistemática que convirtió al Estado en un botín personal. El reciente fallo judicial que ordena a los herederos de Pinochet restituir dineros malversados recuerda que su legado no solo está manchado por la sangre, sino también por el robo y la corrupción.

Vamos por parte. La noticia, que pasó casi inadvertida en los medios de comunicación masiva en Chile, es que los tribunales, en primera instancia, fallaron a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en una demanda civil contra los herederos del ex dictador. La resolución ordena la restitución, dicha en dólares, de US$16.248.768 a favor del Fisco, dineros provenientes de caudales públicos malversados. En pesos chilenos es una cifra que cuesta incluso leer.

Estos recursos, asignados a gastos reservados de la Presidencia y las Fuerzas Armadas, fueron desviados para engrosar su patrimonio personal. Lo más revelador es que el tribunal desestimó la prescripción alegada por la defensa, señalando que el plazo para actuar comenzó recién en 2018, cuando la Corte Suprema confirmó la malversación. Este fallo no solo constituye un hito jurídico, sino también un golpe a la impunidad que durante décadas protegió a Pinochet y su círculo.

El caso se enmarca en el llamado Caso Riggs, que destapó una red de cuentas secretas en Estados Unidos donde Pinochet ocultó millones de dólares. Este escándalo no solo expuso la corrupción del régimen, sino también las fallas del sistema financiero internacional. El Banco Riggs, hoy desaparecido, mostró cómo el secreto bancario facilitó que Pinochet escondiera fondos malversados, impidiendo la fiscalización de recursos públicos. Este blindaje legal permitió evadir controles y mantener su fortuna oculta durante años. La investigación demostró que el abuso del secreto bancario protegió patrimonios ilícitos, impulsando reformas y debates sobre mayor transparencia financiera y rendición de cuentas, tanto en Chile como en el extranjero.

Considerando que el Caso Riggs evidenció cómo el secreto bancario sirvió para ocultar fondos ilícitos, este antecedente debería ser un impulso adicional para limitarlo en Chile. Se requiere mayor transparencia y control para prevenir la corrupción y el lavado de dinero, garantizando que los recursos -públicos y privados- puedan ser fiscalizados eficazmente por la justicia y los organismos reguladores.

El secreto bancario, en su forma actual, facilita el ocultamiento de fortunas ilícitas, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Chile, a diferencia de otros países de la OCDE, mantiene un régimen especialmente estricto, lo que obstaculiza investigaciones por corrupción. Nuestro país se sitúa por debajo de los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El caso Pinochet, todavía abierto, refuerza la urgencia de una reforma que permita levantar el secreto bancario en casos de lavado de activos, evasión o corrupción, sin afectar la privacidad legítima.

Pinochet no solo lideró una maquinaria criminal de represión, tortura y desapariciones, evadiendo cobardemente su responsabilidad tras una farsa de senilidad y enfermedad ante los tribunales. También engañó al país ocultándose tras un alias como "Daniel López" para robar millones del Estado. El Caso Riggs y el actual fallo de los tribunales, que buscan recuperar una fracción de ese dinero, han demostrado que, más que un "soldado patriota", fue un ladrón astuto, un coimero que saqueó Chile con la misma impunidad con que lo gobernó. Un verdadero gato de campo.