Reaparecen los poderes fácticos

Camilo Escalona

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Al inicio de la transición democrática, voceros de la derecha política -con mucho despecho- usaron el término "poderes fácticos" para referirse al rol preponderante que tenían, sobre ellos mismos, la jerarquía castrense que rodeaba a Pinochet, junto a la jefatura de los grupos económicos que le eran afines.

Ambos núcleos de poder, jerarcas militares y gigantescos empresarios, se unían negando la horrorosa violación de los derechos humanos y en resguardo de los enclaves autoritarios instalados por la dictadura, y anulaban las pretensiones de los partidos de derecha de ejercer como centros de decisión de la oposición a los gobiernos democráticos, instaurados desde marzo de 1990 en adelante.

En algunos momentos, la queja de la derecha política resonó con amargura, Pinochet -gracias al apoyo castrense y empresarial- tomaba las decisiones que a esos partidos les correspondía. Los jefes de las bancadas parlamentarias de la derecha esperaban "la señal" del eufemístico comité asesor del exdictador, incluso, lo visitaban en la hacienda de Bucalemu, antes de definir su conducta en las materias legislativas más relevantes.

Inevitablemente, la situación tuvo que evolucionar, sobre todo después de la detención del exdictador en Londres, su pretensión de ser un criminal de Estado intocable, paseando descaradamente por el mundo, se derrumbó estrepitosamente.

Es cierto que la visceral y amenazante histeria inicial del pinochetismo causó vacilaciones en la autoridad civil de la época, pero, a la postre, Pinochet tuvo que renunciar a su ilegítima condición de senador vitalicio para que el gobierno británico, de mala gana, autorizara su vuelta a Chile.

En la jerarquía castrense y en los grupos económicos hubo cambios inevitables. La propia consolidación de la democracia puso término a la constante deliberación de los exgenerales pinochetistas. Finalmente, las reformas constitucionales del año 2005 restablecieron plenamente la autoridad civil al poner término a la inamovilidad de los comandantes en jefe y el rol tutelar del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Pero ahora reaparecen poderes fácticos, en efecto, los grupos económicos preponderantes prosiguen con su intención de imponer su solo interés al país, controladores de inmensos imperios financieros se atribuyen las facultades para determinar el rumbo de la nación. Incluso, se coluden para obtener ganancias desmesuradas o crean y fomentan instrumentos de financiamiento irregular de la política para torcer la voluntad popular.

En su seno, late un pulso institucionalmente inaceptable, el afán de querer pasar por encima de la autoridad electa por la ciudadanía imponiendo sus intereses, así, ignoran la voluntad de las mayorías sociales, que no se conforman solo con mirar las imágenes de como unos pocos disfrutan sino que también aspiran a mayor dignidad y justicia social.

Esa pretensión de tutelaje tiene una dimensión especial en el caso de las AFP, estas entidades son inmensos factores de poder que controlan las cotizaciones de millones de afiliados y operan en el mercado de capitales con esos recursos. Ello tiene un impacto en la marcha del país y en políticas públicas que son de interés nacional, y no únicamente de los centros económicos que hoy devienen en poderes fácticos, como fue al inicio de la transición democrática.

Sin embargo, al liderazgo de la derecha parece agradarle que grandes empresarios y exgenerales pasen a la política contingente en la lista de candidaturas de ultraderecha, la repercusión que esas prácticas tengan en el futuro democrático de Chile, claramente, no le interesan.

La autoridad electa democráticamente tiene un enorme desafío: lograr que prevalezca el interés nacional, eso es lo fundamental. Con la estatura de ser gobierno, pero sin doblegarse. La gran responsabilidad de Estado es avanzar en un sistema de pensiones que entregue dignidad y justicia a millones de personas jubiladas, ese es un esfuerzo irrenunciable.