Santiago: un territorio injusto

La gran paradoja de Santiago es ser considerada una ciudad pujante, con buenas cifras macroeconómicas y bajas cifras de pobreza y desempleo,  y ser al mismo tiempo una de las ciudades más fragmentadas del continente, con un crecimiento claramente desigual en su territorio. Como lo indica la encuesta Barómetro Imagen Ciudad 2014, la percepción de la ciudad-capital es la de un lugar para estudiar y trabajar, más no para vivir.

Mirada desde cerca, Santiago es una ciudad donde 6 de 34 comunas -todas vecinas entre sí- concentran a los habitantes de más altos ingresos. Pero no sólo eso. También concentran los mejores colegios,  los mejores centros hospitalarios, la mejor seguridad, las mejores áreas verdes, la mejor agua, las mejores viviendas, el mejor transporte, la mejor infraestructura y los mejores servicios públicos.

La segregación socio-económica presente en el territorio de Santiago es sin duda uno de los componentes claves en la fragmentación y desigualdad de la que hablamos.

Un proceso que se inició en los 80´, cuando la dictadura trasladó a los campamentos hacia la periferia, y cuya impronta no ha logrado ser revertida en estos casi 25 años de democracia. La falta de otros centros económicos suburbanos ha ensanchado esta brecha, y vemos que ingresos -y por ende gastos- de una comuna como Santiago superan  10 veces los que recibe otra como La Pintana.

Bajos de Mena es quizás el epítome de esta distribución desigual. Un sector donde viven 120 mil personas y que no cuenta con servicios mínimos –salud, educación, seguridad- para tener una calidad de vida aceptable, lo que precariza su ya desmejorada situación y donde encontramos una baja escolaridad, alto subempleo, débiles redes sociales y una violencia que estigmatiza a su población.

¿Cuánto de esto tiene relación con la falta de una instancia gubernamental cuya responsabilidad y atribuciones involucren al conjunto de la ciudad y no a parcelas provinciales y comunales? Creo que mucha, ya que a falta de atribuciones ese rol han debido asumirlo, a tientas, las secretarías  regionales ministeriales de Vivienda, Obras Públicas  y Transportes.

Es deber de las autoridades articular la ciudad como un espacio equilibrado, donde ciudadanos, Estado y mercado compartan un espacio democrático con justicia social, sustentabilidad ambiental y eficiencia económica. De otra forma se pone en riesgo la competitividad que pretende el país. La segregación social, tarde o temprano, termina por hipotecar la gobernabilidad de una metrópoli.