Tomar una posición política

Hoy más que nunca la Democracia Cristiana debe reafirmar su vocación de cambio político, social, económico y cultural para consolidar la democracia en Chile. Tomar una posición política que responda a su sentido ético, frente a la grave crisis institucional develada a propósito de la relación incestuosa entre el dinero y la actividad política.

Debe hacerlo sin soberbia, aceptando sus propios errores, pero como una propuesta originada en una comunidad de militantes ante los hechos que conmueven al país, a la familia demócrata cristiana y que pone en riesgo nuestro sistema democrático de convivencia.

La democracia busca garantizar el ejercicio de los derechos humanos para las personas, en especial la libertad, la justicia, el entendimiento, el desarrollo y la paz social. Ella requiere del compromiso constante y militante para asegurar su más pleno y permanente desarrollo.

En ese sentido, debe pedir perdón al país por la responsabilidad que le cabe al no haber atajado a tiempo las fuentes de corrupción que hoy se hacen visibles. Se dejaron pasar por muchos años, la “mercantilización de la política” y su sometimiento al “tañido del becerro de oro”.

Se aprobó hace ocho años en el V Congreso de la Democracia Cristiana la modificación sustantiva del régimen político, la estructura, forma de relación y financiamiento de los partidos para lo cual se planteó la elaboración y aprobación de una Nueva Constitución para Chile, con plena legitimidad de origen, ejercicio y finalidades.

Así se hizo, hace 50 años en la Revolución en Libertad, como se hizo antes del colapso de nuestra democracia y desde los primeros días de la dictadura militar luchando para la recuperación de los derechos y libertades de todos los chilenos y chilenas, la democracia cristiana debe reafirmar su vocación de cambio político, social, económico y cultural para posibilitar las transformaciones que el país mayoritariamente resolvió en las elecciones presidenciales y parlamentarias, que se expresan en el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.

Claramente se debe decir No a la oculta intención de parar los cambios estructurales indispensables so pretexto de una “imagen de caos”. En política los errores hay que corregirlos y no paralizarse ante ellos.

La actividad política debe ponerse al servicio del bien común, la libertad, la justicia, el sentir colectivo, el desarrollo humano integral y el desarrollo de todas las personas de nuestro país.Debe ser el ápice de las labores del Estado, por eso el financiamiento de la actividad política debe provenir en forma transparente del ámbito público.

La democracia debe ser desarrollada y fortalecida con mayor democracia ejercida por el pueblo soberano, a través de las instituciones legítimas que este genere. No corresponde mantener aún hoy, formas legales que adulteren la voluntad mayoritaria favoreciendo pequeñas minorías a través de decisiones en círculos cerrados autoproclamados “elites”.

En la hora presente, ante la crisis de la relación entre la política y el dinero, la democracia cristiana debe favorecer los cambios que permitan transparentar el financiamiento de la política, en diálogo y frente a las organizaciones de la comunidad nacional.

Promover un gran acuerdo, que potencie la participación de la ciudadanía en las decisiones del Estado y del gobierno, elaborando las normas que hagan efectivas las nuevas reglas políticas armonizadas con la regionalización en curso, la participación política de las personas y la organización de la comunidad en sus territorios locales.

Hay que reordenar el sentido de las cosas para terminar con el origen de la corruptela. La economía debe estar al servicio de las personas y no la política al servicio de intereses subalternos.

Respecto a la propiedad, uso y explotación de los recursos de todos los chilenos “expropiados privadamente” durante y especialmente al final de la dictadura militar por parte de personeros vinculados a ese régimen, denunciados públicamente, deben ser nuevamente puestos a disposición del país y su desarrollo sustentable, mediante mecanismos transparentes, en empresas públicas y con participación de la ciudadanía.

En relación a los hechos informados por los medios de prensa,  en uso del legítimo derecho a la libertad de información, que indican de la presumible participación de militantes democratacristianos en hechos que la justicia investiga,  se deben aplicar los Derechos Humanos, el principio del debido proceso, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Sin embargo, una vez que ellos hayan sido institucionalmente resueltos, el Consejo Nacional del PDC debe pronunciarse como cuerpo colegiado en torno a las responsabilidades institucionales y personales en los hechos que hayan dañado al bien común.

En el mismo sentido, las estructuras del PDC deben reactivar el Comité de Ética y los militantes del Partido a mantener la unidad y la necesaria serenidad evitando caer en “cacerías de brujas”.