Un programa nacional para la igualdad

Chile es uno de los países más desiguales del mundo, con millones de compatriotas viviendo en la pobreza. Son mujeres, niños y ancianos marginados del desarrollo de una economía que crece sin integrar o crear solidaridad, al menos.

El 20 por ciento más rico del país percibe mes a mes más ingresos que todo el resto de la población, incluidos los bonos y transferencias públicas, según los datos de la última encuesta Casen realizada por el gobierno.

Peor, el uno por ciento más rico acapara el 31 por ciento del ingreso, según datos del Servicio de Impuestos Internos, corregidos por utilidades no retiradas.

Además, las diez fortunas más grandes del país suman asimismo un patrimonio de unos 70.000 millones de dólares, según la revista Forbes. La cifra excede el producto interno bruto (PIB) de países como Uruguay, Bolivia o Costa Rica.

Es una situación insostenible ética, política y socialmente. No podemos seguir siendo el país de la injusticia. No puede ser que el Congreso debata como si fuera de vida o muerte si sube 12.000 o 17.000 pesos el salario mínimo. Es casi una burla.

El Chile de hoy, donde se supone que los derechos ciudadanos pueden ser proveídos como negocios por empresas con fines de lucro, no está construyendo un camino al desarrollo. Por el contrario, avanzamos hacia una sociedad crecientemente desigual, fraccionada y violentada, con crisis de su sistema democrático.

Urge impulsar profundas reformas sociales que nos permitan dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo, una de las democracias más imperfectas de occidente.

Algunas pocas medidas podrían marcar una profunda diferencia, pero requieren voluntad política y presión social.

Primero, avanzar hacia un sistema gratuito de educación pública desde la educación parvularia hasta la universidad que considere fuertes aportes en infraestructura y desarrollo de investigación.

Segundo, el establecimiento de una AFP estatal con un sistema solidario de pensiones que prevenga la crisis social que supondrán las bajas jubilaciones que entrega el actual sistema, en un país ya envejecido.

Tercero, una ampliación del sistema AUGE y un fortalecimiento de la infraestructura de hospitales y consultorios.

Cuarto, un fuerte programa de mejoramiento de los barrios marginales y de clase media del país, favoreciendo políticas de inclusión urbana como habilitación de áreas públicas, parques y mejoras en transporte y conectividad.

Quinto, un fortalecimiento de la negociación colectiva, en especial la eliminación de los reemplazos en huelga ¿sabían que desde 1990 a la fecha la negociación colectiva logró mejorar apenas un uno por ciento los salarios?

Sexto, un diálogo respetuoso con los pueblos originarios, cuyo piso indeleble sea el respeto a los convenios internacionales suscritos por Chile.

Reconocimiento constitucional a los pueblos mapuche, rapa nui, kaweskar, aymara y quechua, como primer paso para aceptar nuestra condición de estado plurinacional.

Nada de esto es un sueño. Todo lo anterior es perfectamente lograble e incluso financiable. ¿Cómo?

Simple, a través de pocas medidas. Una, la eliminación inmediata o gradual del FUT, el mecanismo tributario que cada año permite a las grandes empresas eludir el pago de 8.000 millones de dólares. Es un mecanismo que no existe en ningún otro país y nadie puede alegar por tanto que su eliminación “destruirᔠla economía.

Otra medida es declarar una moratoria por cuatro años en la compra de armas que incluya además incorporar al erario público los millonarios fondos que las Fuerzas Armadas no han gastado en este ítem por años. Estas dos medidas permitirían allegar otros 8.000 millones de dólares en cuatro años para proyectos sociales.

En total, hablamos de 10.000 millones de dólares anuales más para inversión en política social. Una revolución tranquila y factible.

En resumen, es posible que como chilenos construyamos una sociedad más justa, más digna, no son medidas imposibles. Son financiables y éticamente impostergables.

¿O queremos seguir viviendo en un país donde el 20 por ciento más rico acapara mes a mes más ingresos que todo el resto de sus compatriotas? Es así de grave y urgente.

Y si nada hacemos, la crisis política y social puede ser mucho más profunda.

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