"¿Pero profesor... qué hacen los Gores?". Pregunta que ronda no solo en aulas universitarias, sino en la cabeza de todos quienes enfrentarán la sábana electoral el próximo 27/O. Y es que ad portas de finalizar el primer mandato de gobernadores y gobiernos regionales electos de nuestra historia, la pregunta sigue resonando como un eco incómodo, poniendo en evidencia una verdad ineludible: La implementación de los Gores -anunciada con bombos y platillos- ha dejado mucho que desear.
Se habló de una nuevo tipo de administración que permitiría renovar con rostros nuevos y "descontaminados" la política; los datos muestran que el 49% cree que la corrupción está muy extendida en ellos (CEP, 2024). Se propuso que su llegada mejoraría la alicaída confianza en lo público; las cifras señalan lo contrario, en la Región del Biobío -solo por dar un ejemplo- al 45% de las personas no le inspira nada de confianza su gobernador (IPP Unab, 2024). Se creyó que los problemas del territorio tendrían una solución más expedita; sin embargo, la falta de claridad sobre sus funciones ha llevado a una creciente defraudación de expectativas -en las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana el 69% cree que el principal rol debería ser la prevención del delito, atribución que la ley no les encomienda a ellos-.
Y si hablamos de elefantes en la sala, la subejecución presupuestaria es, sin duda, el mayor de ellos. A pesar de contar con significantes presupuestos aprobados por el Congreso, los Gores han demostrado una creciente dificultad para ejecutarlos. Recuerdo cómo les dolía a los ayseninos -cuyo gobierno regional tiene la segunda peor ejecución por segundo año consecutivo- cuando me decían que en los últimos dos años $8.600 millones destinados a la región fueron "devueltos a Santiago" por problemas de gestión. Por supuesto, no todo es "cantidad", sino "calidad" del gasto. Sin embargo, que a mitad de año sólo llevemos 29,5% de ejecución presupuestaria a nivel nacional es algo que preocupa, no solo por la amenaza de la subejecución, sino por el riesgo de la "mala-ejecución" cuando se acercan plazos y hay metas que cumplir -caldo de cultivo perfecto para el despilfarro de recursos en transferencias y proyectos "fáciles" que no agregan valor-.
La paradoja es evidente y dolorosa: En un país donde las carencias y necesidades regionales son profundas y urgentes, los recursos permanecen atrapados en Santiago, acumulando polvo en lugar de progreso. ¿Qué podemos hacer entonces? Dejo un par de alternativas. Primero, fortalecer las capacidades técnicas de los Gores. La falta de expertise no puede ser excusa para la inacción. Segundo, simplificar procesos. Los trámites y aprobaciones que dependen del gobierno central deben ser agilizados y modernizados. Menos burocracia significa más ejecución de proyectos y, por ende, un mayor impacto en las comunidades. Tercero, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Es necesario potenciar el control y evaluación ciudadana de los Gores, permitiendo que quienes no cumplan sus metas sean castigados, al menos, por sus votantes; son sus recursos los que están en juego. Por último, premiar la eficiencia. Los Gores que demuestren una ejecución eficiente y de calidad podrían ser beneficiados con mayores asignaciones en los años siguientes. El incentivo positivo puede ser una herramienta poderosa para mejorar la gestión y asegurar que los fondos lleguen donde se necesitan.
Hemos hablado y legislado años y décadas para potenciar la regionalización. En esto sí que estamos todos de acuerdo. Pero las palabras si se quedan en el papel se las lleva el viento; es hora de demostrar su significado con hechos. Hechos concretos traducidos en ayudas efectivas a las familias de todas las regiones. ¿Y los Gores? Necesitamos que estén a la altura.
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