Cambio a ley de etiquetado de alimentos o manual para confundir al consumidor

La obesidad y sobrepeso afecta al 60% del país y es el factor de riesgo que más le cuesta a Chile en términos de enfermedades y muertes (Estudio Carga Enfermedad, Minsal UC).

El primer gobierno de Sebastián Piñera entendió esto y en una legislación histórica, junto a la de tabaco y fuero maternal de seis meses, logró aprobar una ley que establecía límites saludables, por cada 100 gramos, para niveles de azúcar, sal y grasas en alimentos.

Actualmente, se acerca una tercera fase de esta nueva normativa que implica más sellos para más alimentos.

Considerando esto, la industria alimentaria propone nuevos cambios dado que, según ellos y súbitamente preocupados por la salud de las personas, la ley no cumpliría con el objetivo de hacer que la gente coma más sano.

Su propuesta es cambiar el etiquetado por gramos a uno por porción. Pero ¿qué es una porción? Objetivamente, algo tan vago e indefinido como una determinada cantidad de comida que alguien consume habitualmente.

Con este cambio por ejemplo, si el gobierno fija “límites de sal por porción de alimento”, sólo basta que las compañías informen que en su producto, “la porción es más pequeña”, y su paquete deja de tener sellos, pasando ficticiamente a ser “más saludable”.

Este cambio a la ley no es defendido por ninguna sociedad médica o científica.

La razón es simple, existe evidencia internacional (Crocket et al, Cochrane) de que etiquetar alimentos sí modifica conductas de consumo, favoreciendo una menor ingesta de calorías. A nivel local, ya existen estudios que muestran que el consumo de alimentos se modificó con el presente etiquetado (Araya et al). Más aún, partes de la misma industria se han adaptado disminuyendo la cantidad de ciertos componentes en sus productos.

Se argumenta que la ley no permite comparar entre alimentos que tienen la misma etiqueta. Ejemplo, ¿cuál de los saludables es más saludable? Esto es falso. La etiqueta negra es parte de la información para tomar una decisión rápida y lo más objetiva posible.

No es toda la información. Quien desee saber más,  puede leer el resto del contenido nutricional en la etiqueta del paquete, la cual  podría ser aún más grande y llamativa.

No nos engañemos. La industria de los alimentos, en este tema ha seguido al pie de la letra los pasos que antes usaron las tabacaleras  para frenar la legislación antitabaco: producir confusión.

Primero sembrar la duda inicial. Una campaña en medios como la que apoyó Luis Jara: la ley es dudosa y podría mejorarse, cuando en verdad lo único dudoso eran los argumentos expuestos ahí.

Paso dos, conseguir un vocero ruidoso al que se le da mucha atención en prensa: Gonzalo Bofill. Dado que los medios dedican el mismo tiempo a ambas posturas (a favor y en contra de la ley), usar a este personaje permite que la opinión pública se forma la idea de que en el mundo de las ciencias biomédicas también hay dudas respecto al etiquetado, habiendo (ficticiamente) igual gente a favor y en contra (lo cual no es cierto).

Paso tres, conseguir algún apoyo “científico”: recientemente el Instituto Libertad y Desarrollo publicó un “estudio” a favor del nuevo cambio que propone la industria. “Estudio” es una palabra que hace pensar en ciencia, objetividad y la presencia de un equipo científico o pensador detrás.

Muy por el contrario, en este caso, se trata de una opinión “institucional”, sin autor definido, donde se argumenta por el cambio de gramos a porciones, sin sustentar esta afirmación en particular con evidencia científica que la respalde. En el fondo, es una especie de “publireportaje científico”.

Toda esta falta de rigurosidad científica provocada por el lobby de la industria alimentaria da lo mismo.

El tweet con el “estudio” comienza a circular; el “estudio” es citado por un medio; luego alguien toma la vocería de Gonzalo Bofill para armar un debate y ya tenemos una campaña exitosa para confundir a la población. Terreno fértil para cambiar la ley.             

Paradójicamente, quien genera este “estudio” pro-industria es un centro de estudios ligado al actual gobierno, Libertad y Desarrollo, con el fin de desmantelar uno de los legados más significativos del primer mandato de Sebastián Piñera.

En Chile pasaron casi 70 años desde que se sabía con certeza que el tabaco producía cáncer hasta que tuvimos una ley que efectivamente regulaba esto en beneficio de la población. Y todo gracias al lobby.

Hacerle caso a la industria de alimentos, es en la práctica, etiquetar cajetillas de cigarrillos según las recomendaciones de las tabacaleras.

No cometamos el error entonces, de echar a perder una ley, escuchando malos consejos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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