Fonasa, por favor, póngale código

Luis Larraín Stieb

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¿Sabía usted que más de la mitad de las prestaciones médicas no tienen código Fonasa? La mayoría lo hemos constatado al momento de comprar un bono o pedir un reembolso. Amablemente nos dicen que el examen no tiene cobertura y que se debe pagar de manera particular, sin importar que mes a mes coticemos nuestro 7% para el seguro médico.

Fonasa dice que es un tema de gasto fiscal, por lo que debe ser visado por Hacienda y luego aprobado por el Congreso, pero lo cierto es que muchos pacientes Fonasa no tienen que pagar de su bolsillo estas prestaciones, ya sea gracias a convenios entre el Minsal y los prestadores públicos o simplemente porque quedan como deuda hospitalaria.

En consecuencia, el presupuesto que está en juego no solo es del Estado sino también de las Isapres, que por ley no tienen la obligación de cubrir procedimientos que no están codificados. ¿Por qué Fonasa le cuida el bolsillo a las Isapres en vez de a los pacientes? Nadie ha sido capaz de explicarlo.

En un trabajo en conjunto en 2015, realizado por Fonasa, las sociedades médicas y los colegios profesionales, se determinó que en Chile se realizan 5.360 prestaciones, de las cuales el 53% no están codificadas.

Esto incluye exámenes de laboratorio o imágenes, consultas de profesionales de la salud como fono audiólogos y terapeutas ocupacionales, y también procedimientos o cirugías. En esa oportunidad, la directora de Fonasa aseguró a la prensa que estaba trabajando en determinar los costos de las prestaciones faltantes para terminar de incluirlos en los presupuestos de 2017 y 2018. Sin embargo, lo cierto es que este año sólo fueron aranceladas 55 prestaciones. A este paso, nos faltaría más de medio siglo para cubrirlas todas.

Si bien sabemos que los recursos fiscales son escasos, creemos que no se están asignando de forma adecuada. Por ejemplo, en nuestro país el gasto público militar es de 8,8%, mientras que en la OCDE el promedio es 8,1%. Si Chile destinara el mismo presupuesto para la seguridad nacional que la media de los países del organismo, se liberarían casi 260 mil millones de pesos anuales que podrían cubrir muchas prestaciones sin código.

Por otra parte, hay un problema de transparencia. ¿Existe una lista de prioridades? ¿Es pública? ¿Cuál fue el criterio para escoger los procedimientos que se codificaron este año y los anteriores? ¿Hay un comité técnico o es una decisión política? ¿En cuántos años se terminará de arancelar? Los pacientes crónicos quizás no podemos exigir codificación inmediata pero sí planificación.

Para la población sana, esto no pasa de un mal rato. Para los pacientes crónicos, en cambio, puede significar una catástrofe económica. Yo he tenido que gastar varios millones de pesos en estas prestaciones, pero tengo la suerte de contar con la ayuda necesaria. Distinto es el caso de la familia Sepúlveda, que tuvo que conseguirse 36 millones para pagar la médula espinal que necesitaba su hijo porque, aunque el trasplante sí está codificado, inexplicablemente el tejido no lo está. El peor caso que me ha tocado conocer es el de la familia Smith, que quedó debiendo mil millones de pesos luego de la hospitalización y muerte de su hijo León, quien esperaba un corazón para poder seguir viviendo. ¿Qué clase de seguro de salud cubre una consulta pero no el tratamiento que permite que un hijo sobreviva? ¿Qué familia chilena puede costear mil millones?

Debemos cambiarles las reglas a las Isapres, por supuesto, pero Fonasa debería partir por ponerse las pilas y entregar un cronograma de codificación con criterios objetivos.

Estaremos atentos al proyecto de ley de presupuesto, que debe ser enviado a más tardar el 30 de septiembre, para verificar si a Fonasa le interesan o no los miles de pacientes crónicos que sufrimos este enorme problema.