Cuidar en soledad y vivir en doble vulneración: violencias que Chile se resiste a reconocer
Los 25 de noviembre volvemos a una verdad que no admite matices: la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta. Según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo vive algún tipo de violencia, y cada 11 minutos una mujer o niña es asesinada por un familiar. Son cifras que estremecen. Pero hay violencias que permanecen aún más ocultas, más silenciosas y profundamente normalizadas: las que afectan a las mujeres con discapacidad y las que recaen sobre las mujeres cuidadoras. Ambas son violencias estructurales que Chile aún no reconoce en toda su magnitud.
Mujeres con discapacidad: vivir en doble riesgo
Cuando hablamos de mujeres con discapacidad, hablamos de una realidad sistemáticamente invisibilizada. En Chile, 2 de cada 3 personas con discapacidad son mujeres, y más del 20% de las mujeres del país vive algún tipo de discapacidad. La evidencia internacional es categórica: más de la mitad de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física, y 40% ha vivido maltrato a lo largo de su vida (Consejo de Europa).
Esta doble vulneración, por género y por discapacidad, se acentúa en un país que todavía infantiliza, medicaliza y trata como objeto de caridad a las personas con discapacidad. No reconocerlas como sujetas de derechos abre la puerta a abusos que permanecen en silencio: violencia económica, control del cuerpo, negación de autonomía, violencia psicológica, abuso sexual y negligencia en entornos familiares o institucionales.
La falta de accesibilidad, de apoyos y de políticas públicas con enfoque de género y discapacidad no únicamente perpetúa la violencia: la vuelve inevitable.
Una otra violencia que no se nombra: la sobrecarga de cuidados
Pero hay otra violencia que todos vemos y pocos nombran. Esa que aparece en forma de agotamiento, de jornadas infinitas, de una vida puesta al servicio de otros sin reconocimiento ni corresponsabilidad. La sobrecarga de cuidados es una de las formas más extendidas de violencia estructural que enfrentan las mujeres en Chile.
En nuestro país, son ellas quienes sostienen la mayor parte del cuidado no remunerado: hijas, madres, cuidadoras de personas mayores, personas dependientes o personas con discapacidad. Ese trabajo, esencial para que la sociedad funcione, recae casi exclusivamente en manos femeninas, muchas veces en soledad, sin apoyos y sin respiro.
El resultado es devastador: desgaste emocional, impacto en la salud mental, estrés crónico y pérdida de oportunidades educativas, laborales y económicas. Según datos regionales del BID (2024), más del 30% de las cuidadoras no remuneradas presenta síntomas de depresión.
Esto también es violencia. Violencia silenciosa, socialmente aceptada, culturalmente normalizada.
Chile no puede avanzar en igualdad si no enfrenta estas dos violencias juntas
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado: es un entramado social que se sostiene en desigualdades históricas. Y si buscamos erradicarla, debemos mirar donde no siempre queremos mirar: las mujeres con discapacidad que viven sin apoyos reales, las cuidadoras que enfrentan solas responsabilidades que el Estado y la sociedad deberían compartir.
Ambos grupos siguen ausentes en políticas públicas robustas, en presupuestos suficientes, en datos actualizados, en programas accesibles y en un sistema nacional de cuidados efectivo. Sin voluntad política y sin enfoque interseccional, estas violencias seguirán reproduciéndose generación tras generación.
Con motivo del reciente Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es indispensable exigir que Chile cumpla sus compromisos internacionales:
- Cedaw (Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer)
- CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Ambas obligan al Estado a proteger de manera efectiva a las mujeres con discapacidad, a garantizar su acceso a la justicia y a prevenir todas las formas de violencia, incluida la económica, estructural y emocional.
También exigen avanzar con decisión hacia un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género y discapacidad, que deje atrás la idea de que las mujeres "naturalmente cuidan" y reconozca el cuidado como un derecho, un trabajo y una responsabilidad social compartida.
En Ronda seguiremos trabajando para: derribar estereotipos, sesgos y barreras culturales, promover la plena inclusión y autonomía de las mujeres con discapacidad, visibilizar el impacto real de la sobrecarga de cuidados, acompañar a las organizaciones y al Estado en la creación de entornos seguros, accesibles y libres de violencia.
Sabemos que, una sociedad que no protege a quienes cuidan ni a quienes viven la doble vulneración del género y la discapacidad, es una sociedad que todavía no entiende lo que significa hablar de igualdad.
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