Inclusión también en las cárceles: un desafío para Chile
Cuando se habla de discapacidad en Chile, pocas veces se considera a quienes cumplen una condena privativa de libertad. Sin embargo, una sociedad que valora la dignidad de la persona humana no puede desentenderse de quienes se encuentran bajo la custodia del Estado. La justicia impone una sanción por los delitos cometidos, pero esa sanción no autoriza el abandono ni la vulneración de derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, es importante reconocer el trabajo que Gendarmería de Chile ha desarrollado en los últimos años para incorporar la temática de la discapacidad en su gestión institucional. La Resolución Exenta N° 8.411, que instruye el respeto y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, así como las acciones de capacitación desarrolladas junto a la Fundación Chilena para la Discapacidad, constituyen señales concretas de una institución que busca fortalecer su labor con profesionalismo y apego a la ley.
Reconocer estos avances no significa desconocer que aún existen importantes desafíos. La discapacidad continúa siendo una realidad poco visible dentro del sistema penitenciario. Persisten barreras físicas, comunicacionales y administrativas que dificultan el acceso oportuno a la salud, la rehabilitación, la educación, la capacitación laboral y los programas de reinserción. Corregir estas deficiencias no responde a una visión ingenua del delito, sino al deber que tiene el Estado de administrar adecuadamente los recintos penales y cumplir las obligaciones que la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos impone.
El orden y la seguridad también exigen instituciones sólidas. Por ello, resulta indispensable fortalecer la capacitación permanente del personal penitenciario, identificar desde el ingreso a las personas que presentan discapacidad y disponer de protocolos claros que permitan entregar los apoyos necesarios durante el cumplimiento de la condena. Una gestión eficiente, con reglas claras y procedimientos estandarizados, beneficia tanto a las personas privadas de libertad como al propio funcionamiento del sistema penitenciario.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recuerda que la privación de libertad no extingue la dignidad inherente de la persona. Por ello, el Estado debe garantizar condiciones compatibles con el respeto de los derechos humanos, promoviendo la accesibilidad, los ajustes razonables y un trato libre de discriminación.
Chile tiene la oportunidad de consolidar una política penitenciaria que combine firmeza frente al delito con respeto irrestricto por la dignidad humana. Los avances impulsados por Gendarmería merecen ser reconocidos y profundizados mediante políticas permanentes, recursos adecuados y mecanismos efectivos de evaluación.