Ley Karin: Desafíos pendientes para una buena implementación

José Tomás Méndez

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Sólo en su primer mes de vigencia, entre el 1 y 31 de agosto, más de 4.820 denuncias fueron calificadas bajo la normativa de la ley Karin. De aquellas, 3.844 corresponden al sector privado y 976 al sector público. Lo anterior "ha implicado una carga significativa", en palabras de la Dirección del Trabajo, de las labores de sus funcionarios.

Por otra parte, de las 2.326 personas que se desempeñan en la DT, 397 funcionarios están asignados para abordar denuncias bajo la ley Karin, y 94 de ellos con dedicación exclusiva. Es decir, 17% de la dotación realiza investigaciones bajo esta normativa. Estas cifras muestran las serias limitaciones operativas de la Dirección del Trabajo para llevar a cabo su rol fiscalizador, cuya función es crucial para garantizar el éxito de la Ley que buscar prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo.

La escasez de personal capacitado para realizar investigaciones en el tiempo establecido afecta directamente la capacidad de respuesta de la ley ante las denuncias interpuestas por el propio trabajador o las que han sido derivadas por el empleador. A esto se suma un presupuesto insuficiente para implementar tecnología avanzada, contratar especialistas en materias específicas, como acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, entre otras opciones que necesitan recursos para poder implementarse.

El volumen de denuncias bajo la ley Karin va en aumento, lo que sin duda desbordará las actuales capacidades de la Dirección del Trabajo para cumplir con los plazos legales de las investigaciones, ante lo cual, la opción de realizar las investigaciones por la propia empresa adquiere una gran relevancia. Sea con especialistas internos o externos.

El desafío no es menor. Para la implementación exitosa de una ley que busca erradicar las conductas de acoso y violencia en el lugar de trabajo, no solo es relevante contar con una Dirección del Trabajo que cumpla con su rol fiscalizador y de investigación cuando sea requerida, sino que también facilitar el trabajo de los investigadores externos e internos, si la empresa opta por la investigación dentro de la empresa. De lo contrario, las exigencias legales y su implementación serán ilusorias, dejando desprotegidos a los trabajadores y con pocas herramientas efectivas para empresa, que permitan cumplir con la finalidad última de la ley, que no es otro que tener ambientes laborales sanos y libres de violencia.