¿Y la discapacidad?

Matías Poblete

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La inclusión de personas con discapacidad es un tema pendiente aún en Chile. Esto no se limita solo a la falta de accesibilidad o a las barreras para acceder al empleo, sino que revela algo más profundo: la ausencia persistente de una mirada intersectorial, que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho. En un país donde más de 3,2 millones de personas viven con alguna discapacidad, la omisión de este tema en la última Cuenta Pública del actual gobierno, es una señal concreta de la falta de voluntad política para avanzar en estos temas.

Ignorar la discapacidad en una instancia tan relevante para la sociedad es invisibilizar realidades que, semana a semana, salen a la luz en los medios de comunicación y redes sociales: niños con autismo enfrentan dificultades en el sistema educativo, personas con discapacidad física lidian con barreras cotidianas en la accesibilidad al transporte público o la falta de asistencia en los aeropuertos, en un estado que sigue sin dar respuestas claras ni suficientes.

La política pública en discapacidad sigue marcada por serias limitaciones estructurales. El sistema de educación especial, aún sobre la base de un modelo de financiamiento por asistencia, perpetúa desigualdades en lugar de superarlas. La Ley 21.015, considerada un pilar de la inclusión laboral, carece de fiscalización efectiva en el cumplimiento de la normativa. El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), organismo clave en esta materia, se observa débil y sin capacidad real de incidir en políticas públicas transversales. Y aunque se han habilitado espacios de participación, estos carecen de carácter vinculante y sistemático, limitando su impacto real en la toma de decisiones.

Es tiempo de escuchar a los actuales candidatos a la presidencia con sus propuestas en estos asuntos, ya que la discapacidad no puede seguir siendo un tema lateral en las políticas públicas, su abordaje requiere decisiones estructurales, sostenidas y profundamente inclusivas. Se requiere un compromiso real del Estado, expresado en políticas públicas coherentes a las necesidades de las personas, con financiamiento adecuado, marcos normativos exigibles y participación vinculante. La discapacidad no es un asunto sectorial, sino una dimensión transversal. Ignorarla es perpetuar desigualdades;