Subsidio para rebajar peajes, incentiva uso del automóvil y beneficia a los que más tienen
La Ley de Subsidio Nacional al Transporte Público o Ley Espejo consiste en un subsidio para promover el uso del transporte público de pasajeros del país. Del total de recursos disponibles a partir de esta ley, aproximadamente el 30% es destinado al ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), para la operación de servicios subsidiados como, rebaja de tarifa por subsidio al pase escolar, servicios de zonas aisladas, servicios de transporte escolar gratuito, entre otros. Históricamente, estos recursos han tenido una alta ejecución presupuestaria (97% en el año 2017).
Para el año 2019, el presupuesto presentado inicialmente (Ley de Presupuesto) consideraba un monto de $160.711 millones de pesos para estos subsidios. Durante la discusión parlamentaria, este monto se incrementó en $6.000 millones, lo que evidentemente es una buena noticia para el país.
Sin embargo, el problema radica en que se incorporó una nueva glosa a la ley, que señala que dentro de este valor ($6.000 millones) se “incluye un monto de hasta $1.200 millones, que podrán destinarse de forma excepcional y previa justificación y aprobación de DIPRES, para reducir de manera transitoria los peajes en zonas conurbanas”.
Esto habría sido acordado entre Hacienda y un grupo de parlamentarios, como consecuencia del alza de peajes programado en la ruta D-43 La Serena - Ovalle. Sorpresivamente, esta medida no fue consultada con el MTT, generando una controversia entre Hacienda y Transportes.
Me llama profundamente la atención que los parlamentarios y sus asesores, no entiendan las externalidades y consecuencias que esto genera.
En primer lugar, un subsidio de este tipo favorece a la población de ingresos más altos, en desmedro de aquellos de ingresos bajos. En efecto, los recursos en cuestión podrían utilizarse para ampliar el subsidio al transporte público, favoreciendo directamente a los niveles de menores ingresos.
En segundo lugar, va totalmente en contra del espíritu de la ley y está “abriendo una puerta” para subsidiar el automóvil a lo largo de todo el país. Esto genera una externalidad relevante, sobre todo en zonas urbanas, donde una reducción de tarifas al automóvil incentiva su utilización. La experiencia internacional respecto a este punto es nefasta, poniendo como ejemplo diversas ciudades en Estados Unidos (Los Ángeles, Miami, etc).
Mi mensaje a los parlamentarios y al Gobierno es que los recursos de la Ley Espejo se utilicen exclusivamente para favorecer el transporte público. Asimismo, invitarlos a implementar proyectos de transporte público en regiones que favorezcan la movilidad y el turismo, como tranvías, buses eléctricos con corredores exclusivos, integración tarifaria, integración con bicicletas, entre otros.
Desafortunadamente, la subvención a los peajes va en una dirección totalmente distinta a este último anhelo.
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