Tarifa de adulto mayor y falta de previsión política
El derecho a la movilidad y a la ciudad, ha puesto en los últimos años al transporte público como uno de los ejes centrales en la discusión de las preocupaciones de la ciudadanía. Cuando ese debate se relaciona con el acceso al transporte público de los adultos mayores, la atención se agudiza dado los altos índices de pobreza y precariedad que existe en este segmento cada vez más importante en nuestra sociedad.
La noticia entregada por metro hace casi dos meses, que anunciaba el fin del boleto de adulto mayor (BAM) y reemplazo de éste por una credencial, comportaba la restricción de números de viajes y el pago por el acceso a la credencial que operaría como tarjeta BIP, es decir un retroceso en los derechos de los usuarios adultos mayores.
Casi al mismo tiempo la federación de sindicatos advirtió al presidente del directorio, las consecuencias tendría esta “buena noticia”. Esta medida operacional, que buscaba facilitar el acceso, significaba en los hechos retroceder de los 10 boletos diarios autorizados a solo dos viajes rebajados por día.Si bien siempre existió la restricción de los 2 viajes diarios, lo cierto es que en la práctica operacional los adultos mayores no tenían restricciones de uso de la tarifa rebajada, situación que se acababa con esta medida “tecnológica” y “eficiente” propuesta por los ejecutivos de la empresa METRO.
Esta restricción de viajes era una medida definida por políticas públicas emanadas del ministerio de Hacienda y que otorgan un marco de gestión a las autoridades del Metro. Sin embargo, la primera pregunta que surge es ¿por qué los ejecutivos de metro no proyectaron la dimensión social y política de esta medida? ¿Quiénes supervisan en el gobierno medidas como ésta que afectan a la ciudadanía?
Una vez más, la tecnocracia instalada en los espacios de gestión de las empresas públicas como metro y el ministerio de Hacienda soslaya el impacto de sus acciones “técnicas “ en la ciudadanía.
La Presidenta Bachelet intervino a tiempo, sin duda su decisión está en sintonía con el sentido común de las organizaciones sociales y sindicales que pusimos en la agenda este equivoco y los miles de usuarios de la tercera edad que verían afectado su derecho al transporte público.
Chile destinó 10.000 millones de dólares en subsidios al Transantiago en 10 años. Frente a este hecho debemos plantearnos como país de manera seria y responsable, la implementación de una tarifa rebajada, integrada con los buses del Transantiago, que tenga como marco un beneficio universal para los usuarios adultos mayores, sin ningún tipo de exclusión y costo en el acceso solo ello garantizará el efectivo derecho al transporte público de nuestros usuarios adultos mayores.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado