Ciudad en pandemia, medidas aquí y ahora

Ricardo Carvajal

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Los estragos económicos que está desatando el Covid-19 en nuestro país están siendo más complejos de lo anticipado, nuestro país no es Nueva Zelanda o Vietnam, países que solo el primero de octubre de este año registraron 13 casos de Covid-19 entre ambos y que suman 100 millones de habitantes, versus los 1.759 que registró Chile en la misma fecha con una población de 18 millones, este número ha sido uno de los factores por los que la economía no despega, en comparación, en Nueva Zelanda incluso se retomaron las producciones cinematográficas. 

Solo en agosto, la economía chilena se contrajo un 11% y el desempleo no baja de los dos dígitos, esto está afectando a muchas familias que han tenido que ir a vivir a campamentos por los altos costos de los arriendos que simplemente no pueden pagar. 

Si bien uno puede contar con más herramientas una vez terminado el proceso de nueva Constitución que puede comenzar durante este mes, es imperativo tomar medidas con las herramientas con que cuenta nuestro país con la institucionalidad actual. 

Una de estas herramientas es la Ley de Presupuesto que aprueba el Congreso, en que se pueden incluir glosas particulares para sacar adelante proyectos, como pasó con los procesos de reconstrucción durante el gobierno de la presidenta Bachelet, si bien son glosas, siguen siendo parte de las leyes que se aprueban en nuestro país. 

Una de estas glosas en el presupuesto del ministerio de Vivienda y Urbanismo es la que permitió la creación de la inmobiliaria popular que exitosamente implementó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y que también ocupó la alcaldesa Carolina Tohá para los cités de Santiago, ya que permitió que instituciones sin fines de lucro pudieran recibir subsidios habitacionales para mejorar y también construir viviendas y posteriormente arrendarlas a familias. 

Una medida que se puede implementar es fomentar la figura de la inmobiliaria popular o viviendas a precio justo, gestionado por lo municipios y que puedan contar con el apoyo y asesoría del Mindu para sacar adelante, ya que la creación de una agencia por parte del Minvu para hacer esto sería inconstitucional, dado la limitación que da el Estado Subsidiario que nos rige, pero como los Municipios ya cuentan con esta facultad, se puede sacar adelante. 

Otra medida es regular el tamaño mínimo de vivienda, el que actualmente está regulado solo indirectamente por la asignación de subsidios que establece una superficie de 55m2 mínima para departamentos, pero muchas de las viviendas que se construyen no tienen un mínimo, lo que nos está llevando a condiciones de hacinamiento que sorprendieron incluso a nuestras autoridades. 

Quizá sea bueno retomar la figura de superficie mínima de vivienda económica que tenía nuestro país por allá en el año 1959, establecida mediante decreto del MOP, ya que el Minvu aún no existía, y que definía un mínimo de 35 m2 de vivienda, 2 m2 menos de la obligación que existe en Londres el día de hoy, por ejemplo. 

Si bien este decreto, derogado el año 1982, definía una superficie mínima, también establecía una superficie máxima por habitante, que consistía en 17,5 m2 por persona y un tamaño máximo de vivienda económica de 140 m2, lo que aún subsiste el día de hoy a través del famoso DFL2, en que muchos se preguntan por qué son 140 m2 y no 130 o 150 m2, por lo que transformar ese requisito de tamaño máximo a umbral por número de habitación de cada vivienda, no es tan descabellado, esto llevaría que el tamaño mínimo de las viviendas del Serviu por ejemplo, que tienen un programa para 4 habitantes, pasen de los 55 m2 a los 70 m2. 

Alguien puede argumentar que esto elevaría los costos de las viviendas, pero es preciso señalar que hacer edificios antisísmicos también elevan los precios de construcción, pero nadie cuestionaría no aplicarlos por un tema económico, lo mismo se debe aplicar para esta situación. 

Otro elemento a tomar en consideración es respecto a las oficinas, dentro de las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud es no usar sistemas de climatización que recirculan el aire dentro de los edificios, ya que propagaría no solo el Covid, sino que otros virus que puedan surgir más adelante, por lo que se debería prohibir ese tipo de sistemas, para la seguridad de los trabajadores, reemplazando los sistemas existentes a través de franquicias tributarias u otras figuras que puedan ayudar a las empresas que se han visto afectadas. 

Hemos escuchado muchas veces que este tipo de virus surge cada cien años, hace cien años en nuestro país un 46,4 % de los habitantes vivían en las ciudades, hoy ese número corresponde al 87,8 %, por lo que nuestras ciudades nunca han estado preparadas para este tipo de eventos.

Esperemos que el derecho al acceso a una vivienda digna, tanto a través de la propiedad o arriendo justo, sea una lección que aprendamos para el proceso constituyente que estamos por iniciar.