Deng Xiaoping fue el líder de la República Popular China desde diciembre de 1978 hasta noviembre de 1989, y es conocido como el arquitecto de la China moderna, abriendo el país para la inversión extranjera y poniendo a disposición su vasta mano de obra para un mercado global, consolidó estas reformas con su ya famosa frase "no importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato".
Este pragmatismo llevó a que China sea en pocos años más la mayor potencia económica del mundo, lo que le ha permitido al presidente Xi Ping acuñar una nueva frase, la "prosperidad Común", buscando que para el 2025 la renta media por persona debe alcanzar los 11.500 dólares.
En estos tiempos complejos, en que tenemos un déficit fiscal estructural de 11,5% y un aumento de la deuda pública de 34,9% del PIB estimado para el 2022, no se ve margen para tomar decisiones sólo en base a temas ideológicos.
Por ejemplo, actualmente la palabra "concesión" genera desde memes a protestas, señalando que es una privatización de los servicios públicos. Lo que hay que tener claro es que la concesión, o también conocida como "Asociación Pública Privada" (APP) en Latinoamérica, las "Públic-Private Partnership" (PPP) o las "Private Finance Iniciative" (PFI), són solo una herramienta más para suplir el déficit de infraestructura de un país a través de capital privado.
Las malas experiencias que hemos tenido en nuestro país responden en su mayoría a problemas con los contratos que se firman, no comparados a otras dificultades se han visto en el resto del mundo, como que una concesionaria quiebre y tenga que asumir el Estado el control de la infraestructura.
En nuestro país tendemos a aplicar el dicho "cuando sólo tengo un martillo, todos los problemas parecen clavos", dado que si tenemos una herramienta como la concesión, pensamos que podemos solucionar todos los problemas con ello.
Sin lugar a duda necesitamos un Estado fuerte, que pueda actuar como Estado-empresario para solucionar los problemas que no son interesantes o rentables para los privados, pero dado el escenario económico, esa no puede ser la única herramienta con la que debemos contar para abordar los desafíos de los próximos años en materia de obras públicas y vivienda.
En este último caso, la construcción de viviendas para arriendo a precio justo parece aceptada por varios programas presidenciales, por lo que se debe abordar tanto por los municipios, como lo hizo Recoleta, como por ONGs, gobiernos regionales y también a través de la concesión.
Esto último debe implicar un cambio en la ley de concesiones, para que no tengamos el problema que existe actualmente en los hospitales concesionados, en que un inspector fiscal del MOP debe estar durante los años de funcionamiento del hospital conviviendo con el director de hospital; dado que la expertise del inspector fiscal no es la salud, debe participar solo en la fase de construcción y entregar esta infraestructura al ente público que lo va a manejar durante la concesión, y que lo recibirá como bien fiscal una vez concluido el período del contrato.
Los desafíos que se vienen son grandes y deben ser abordados por todos los actores, tanto públicos como privados, por lo que nadie que pueda aportar debe quedar fuera.
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