Viviendas y obras públicas, del Estado subsidiario al Estado empresario

Ricardo Carvajal

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Este 15 y 16 de mayo Chile se pronunció para cambiar definitivamente la Constitución, y ninguna fuerza política quedó con poder de veto a los cambios que se pueden realizar, esto puede permitir abrir una ventana para que el Estado subsidiario que tenemos, en que básicamente prohíbe al Estado hacer actividades que hace el privado, deje de ser un impedimento para solucionar problemas de los chilenos.

La condición de Estado subsidiario está consagrada en nuestra actual Constitución en el artículo 19, numeral 21, inciso segundo, que señala "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza". Dado que era prácticamente imposible alcanzar ese quórum, el Estado tenía que actuar a través de subsidios, como en el caso de la vivienda.

Esta situación me tocó vivirla en el caso de la reconstrucción de Santa Olga luego de los incendios de 2017, en que para levantar las viviendas se aplicaron subsidios y licitaron obras, pero el problema que había era para la demolición y retiro de escombros, con sorpresa en ese momento descubrí que el Ministerio de Obras Públicas tenía maquinarias y operadores que podían actuar directamente, pudiendo iniciar la demolición sin tener que esperar la licitación y adjudicación de las obras, además de ahorrar dicho costo y no cargarlo al subsidio.

Dado de que el MOP poseía dicha facultad desde antes de la Constitución del 80, se pudo realizar esa gestión y se comenzaron a reconstruir las viviendas a un mes de ocurrido el incendio, con permisos de edificación y todo en regla.

Una de las dificultades con que se encuentra muy seguido el Estado para tratar de solucionar problemas de viviendas o equipamientos que no les interesan a los privados es que, o se declara desierto o sale más caro para atraer a las empresas. Dada la oportunidad que se puede abrir con la nueva Constitución para eliminar esta barrera autoimpuesta al Estado para poder hacer las obras directamente, como fue alguna vez en el pasado, es que es posible contar más alternativas para actuar en el futuro.

Estamos claros que la construcción de viviendas por parte del Estado se dinamitó con el caso de las "casas Copeva", pero mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Los municipios demostraron que tienen capacidad de gestión para administrar y construir, el alcalde Daniel Jadue demostró que es viable una inmobiliaria popular, el alcalde Carlos Cuadrado incluso compró un colegio particular que iba a cerrar y lo habilitó como colegio municipal, por lo que parece lógico pensar que los cambios a la Constitución permitan que el Estado pueda crear agencias regionales que trabajen con los nuevos gobernadores regionales y los municipios para sacar adelante proyectos de vivienda a través de inmobiliarias estatales, que pueden ser asociaciones públicos-privadas.

Lo mismo puede ocurrir para las obras públicas de equipamiento, la Dirección de Arquitectura, por ejemplo, podría volver a diseñar proyectos en lugar de simplemente licitar los diseños y luego licitar la construcción.

Está claro que nada de esto significa que el sector privado no pueda seguir construyendo viviendas ni obras públicas, ya que hay obras cuyas complejidades y expertise incluso requieren el actuar de empresas extranjeras.

La asociación público-privada ya ha tenido éxito en el pasado, como por ejemplo los aportes de diseño que realizó la Asociación de Oficias de Arquitectura para la reconstrucción en Iquique tras el terremoto de 2014 o los aportes que hicieran los privados para la reconstrucción de Santa Olga, por lo que el dar el paso a formalizar esta relación, que se daba por la gestión entre los actores, no debería verse como un tabú, sino como una oportunidad para ampliar el abanico de soluciones que se pueden dar en nuestro país.