Elección de COREs y clientelismo político

El próximo 17 de noviembre puede darse el caso que elijamos Consejeros Regionales, sin tener claro qué funciones cumplirán a partir de marzo de 2014. Pues sí, esa situación es altamente probable. Hasta ahora todos hemos aplaudido la ley 20.678 que modifica la ley N° 19.175 sobre gobierno y administración regional  que permite la elección de Consejeros Regionales.

La modificación sustituye la antigua forma de conformación del consejo regional, que consistía en una elección que realizaban los concejales de las comunas, posterior a las elecciones municipales.

Con esto se pasa a una elección por sufragio universal de parte de la ciudadanía para elegir los miembros de los Consejos Regionales, tal como lo establece el nuevo artículo 29 de la nueva ley.

Estas elecciones se efectuarán cada cuatro años, conjuntamente con las votaciones parlamentarias y podrán ser reelegidos en forma indefinida. Para la elección se empleará el sistema electoral proporcional, igual al usado en la elección de concejales, aplicándose con ello cifra repartidora.

Se aplaude esta medida, es un avance, pero no podemos emborracharnos con este logro. La razón es muy simple, actualmente en el Senado se encuentra en discusión el proyecto de ley ingresado por el boletín número 7963-06 titulado “relativo al fortalecimiento de la regionalización del país”.

En el se proponen, entre otras cosas, las nuevas funciones que cumplirán los consejeros regionales, que tal como está planteado en dicho proyecto son menores a las que hoy realizan.

Si antes podían incidir sobre proyectos específicos, a partir de marzo y de aprobarse dicha iniciativa, sólo tendrán opinión sobre “políticas regionales” a proposición del Intendente.Como contrapartida, todo el poder que pierden se le transfiere a los Intendentes, quienes de manera muy contradictoria se fortalecen con este proyecto de ley que se supone es para fortalecer la “regionalización”.

Tal como están las cosas, la elección de Consejeros Regionales traerá consigo a lo menos dos implicancias.

La primera es tirarse a una piscina sin agua. No hay certeza sobre qué función cumplirá un CORE a partir del 2014, cuánto tiempo le debe dedicar, ni cuanto será su remuneración mensual.

Con ello se reducen los candidatos y a muchos interesados no les quedará otra alternativa que colgar su candidatura de algún candidato a parlamentario. Así, los candidatos a COREs serán prácticamente los “operadores políticos” de los candidatos a parlamentarios, dado que surge una duda legítima ¿cómo financiará una campaña un candidato a CORE en provincias superiores a los distritos, o en provincias con un número de comunas igual o inferior a los distritos?

La realidad política que enfrentarán, dará lugar a fortalecer el clientelismo político y supeditar la representación territorial a cuotas que definirán los propios candidatos a parlamentarios. No se ve bien que a cambio de elegir los COREs, se fortalezca al Intendente y además se parlamentarice el consejo regional, dado que lo que se persigue al elegir estas nuevas autoridades es que le rindan cuenta a ciudadanos y no a parlamentarios.

La segunda implicancia es la configuración de gobiernos regionales similares al funcionamiento de los concejos municipales. Supongamos que se aprueba tal cual el proyecto de ley que está en el Senado, es decir, con Intendentes más fuertes y COREs más débiles. Ese escenario no sirve de mucho, será una réplica regional de lo que hoy demandan los concejales a nivel comunal.

Estos piden más poder, mejor remuneración y más funciones para contrarrestar la excesiva alcaldizacion que hoy existe en las comunas, ya que las funciones que cumplen son mínimas y el alcalde tiene todas las atribuciones de gestión y de política comunal. Al menos la alcaldizacion se legitima cada cuatro años, la Intendización es ilegitima. Este escenario es tremendamente contradictorio porque no descentraliza el poder, lo centraliza en un solo actor: el Intendente.

La elección de Consejeros Regionales por sí misma no es un avance en descentralización ni en regionalización, es un avance en democratización de los gobiernos regionales.

Avanzaríamos en descentralización si estas nuevas autoridades tuvieran funciones sustantivas que cumplir en materia de desarrollo regional, que puedan servir de contrapeso al poder central y al poder político regional, que efectivamente “representen” intereses territoriales.

Nada de eso está contemplado en la ley, nada de eso están demandando con fuerza los actuales CORES, nada de eso están planteando los parlamentarios en el congreso.

En definitiva, este es el escenario más óptimo para preservar el centralismo y el clientelismo político a escala regional.

Ojalá que un nuevo gobierno entienda que el centralismo es un problema de poder y representación territorial, y que su instalación el 2014 traiga implícita la promesa de modificar el actual imbunche institucional que quedará en regiones.

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