Como concejala de Independencia, me encuentro en la primera línea de un debate crucial que concierne directamente a cada vecino de nuestra comuna: el manejo del presupuesto municipal para 2024. Este año, nos enfrentamos a la gestión de una suma significativa, de casi 29 mil millones de pesos, provenientes de diversas fuentes como tributos, patentes y el esencial impuesto territorial.
En este contexto, surge un dilema complejo con la idea de eliminar el pago de contribuciones a la vivienda principal, según lo establecido en la nueva propuesta constitucional. Esta medida, que a primera vista podría parecer una solución, amerita una reflexión profunda. ¿Hemos considerado con detenimiento cómo este cambio impactará no solo la financiación de los servicios municipales sino también el bienestar general de nuestros vecinos?
Consideremos los hechos: en nuestra comuna, el 70% de los hogares ya está exento del pago de contribuciones. Y dentro del 30% restante hay que eximir a los adultos mayores y aquellos de ingresos menores.
Sin embargo, la propuesta constitucional, al extender esta exención para todas comunas, incluidas las más ricas, dejaría sin un crucial ingreso a comunas de clase media como la nuestra, donde estos fondos representan una parte sustancial del presupuesto. En contraste, en comunas más acomodadas como Vitacura, actualmente solo el 1% de los hogares está exento del pago de contribuciones.
Este año, gracias a los ingresos del Fondo Común Municipal, hemos logrado avances significativos como la creación de la Dirección de Seguridad Pública y el Fondo de Seguridad. Estas iniciativas, que incluyen la instalación de cámaras de seguridad y mejoras en el espacio público, son vitales para la calidad de vida de nuestros vecinos. Sin embargo, la propuesta de exención amenaza con desestabilizar este delicado equilibrio financiero, lo que podría llevarnos a una situación en la que se vean seriamente limitados o incluso imposibilitados los servicios básicos, incrementando la pobreza y los problemas sociales en nuestra comuna.
Además, es fundamental advertir que el aparente "alivio" prometido por esta exención es en realidad un espejismo. Con una implementación progresiva, se sugiere que los fondos perdidos por las comunas se compensen con impuestos generales. Esto significaría que lo que antes pagaban solo los más pudientes, ahora lo financiaríamos entre todos.
Autoridades como la alcaldesa de Providencia y el alcalde de Puente Alto ya han expresado su preocupación. La primera ha indicado expresamente que esta medida "no beneficia realmente ni a las personas vulnerables ni a la clase media". Probablemente, ésta sea una de las principales razones del escaso entusiasmo de ambos para defender la nueva propuesta constitucional.
Esta visión es compartida por muchos, quienes ven más allá de la inmediatez de la propuesta y entienden sus implicancias a largo plazo.
Por todo esto, insto a una reflexión cuidadosa y considerada. Las decisiones que tomemos hoy serán determinantes para el futuro de Independencia y todas las comunas de Chile. Debemos buscar un balance que no solo alivie la carga fiscal, sino que también garantice la sostenibilidad de servicios públicos esenciales para el bienestar de nuestra comunidad. Solo así podremos asegurar un futuro en el que se respeten y atiendan las necesidades reales y a largo plazo de nuestros vecinos
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