El desafío de la gestión en educación superior
Hoy con preocupación vemos como una nueva universidad, esta vez una acreditada, inicia su proceso de cierre. Sin duda que los principales perjudicados son los estudiantes, sin embargo el responsable es el sistema en su conjunto. Un sistema que ha operado por más de 35 años y que da muestras de ineficiencia y agotamiento sin retorno.
Tenemos una nueva ley de educación superior que aborda parte importante de las deficiencias y que sin duda introduce elementos de control inexistente pero muy necesarios, y que ha generado más de una preocupación.
La implementación de esta nueva ley constituye una de los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo ministro de Educación, y de ello dependerá los resultados que obtengamos, y respecto de los cuales existe gran expectativa.
El éxito en la concreción y permanencia de un proyecto educativo se da sobre la base de tres aspectos fundamentales.
Contar con estudiantes motivados lo cual se garantiza a través de un inteligente proceso de admisión que hoy no tenemos en el país. Tener profesores asociados a una carrera docente que les entregue los aspectos que permitan su desarrollo, capacitación y en definitiva su realización como académicos, y finalmente la buena gestión de la institución, garantizada por un equipo profesional comprometido, eficiente y conocedor de la administración universitaria.
En nuestro país los fracasos de instituciones de educación superior se dan fundamentalmente por la falla en el tercer elemento, la gestión.
La administración de una institución de educación superior resulta extremadamente compleja, incorpora elementos intangibles que no están presentes en otras instituciones.
El éxito depende fundamentalmente de la motivación y el aporte de la persona que recibe el servicio, el estudiante; el buen desempeño y el compromiso de los profesores que lo otorgan; el desarrollo integral de la institución a través de la vinculación con el medio y la investigación, y la capacidad de otorgar estudios de pos grado de calidad que permitan la formación continua de sus estudiantes.
Todo lo anterior para cumplir con la misión y visión de la institución y mantener un proyecto académico en el largo plazo.
Para cumplir con lo anterior la institución necesita de recursos y ellos necesariamente deberán ser bien administrados, ya que el no hacerlo condena a la universidad y compromete su calidad, su proyecto académico y en definitiva la subsistencia de la institución.
La nueva ley de educación superior incorpora una institucionalidad que deberá velar por el cumplimiento de estos aspectos, dar cuenta del desempeño académico y económico de las universidades y en fin, garantizar a los estudiantes que las instituciones están en condiciones de otorgar estudios universitarios conforme a su proyecto y que este no fracasará en el corto o mediano plazo.
Es en este aspecto que resulta fundamental que los recursos que el Estado transfiera a las instituciones por concepto de gratuidad, fondos concursables o aportes basales, sin distinción para universidades estatales y privadas que cumplan un rol público, que deben cubrir las necesidades docentes, de investigación y vinculación con el medio de las universidades, que permitan abordar los desafíos antes señalados, ya que si ello no ocurre muchas universidades que se incorporen al sistema de gratuidad verán en el corto plazo deteriorados sus proyectos, con el destino que ya estamos viendo en algunas.
Por otra parte, las instituciones universitarias debemos hacer significativos esfuerzos por realizar una gestión cada día más eficiente, transparente, exenta absolutamente de todo indicio de lucro y focalizada en el estudiante.
Como hemos visto hasta la fecha, los proyectos académicos en Chile fracasan fundamentalmente por una mala gestión y ahí es donde tenemos que poner el énfasis en mejorar.
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